Inminente, la aprobación de la Real ID, que endurece acciones contra indocumentados

Urden en el Capitolio ley antimigrante

Se desdibuja la posibilidad de que este año prospere un acuerdo integral en la materia

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Washington, 4 de mayo. A pesar de que el presidente y otras personalidades políticas continúan hablando de promover reformas para beneficiar a inmigrantes, el Congreso está por aprobar medidas represivas contra éstos en los próximos días, mientras en esta capital está casi descartada la posibilidad de que este año se concrete un acuerdo integral en la materia.

Es decir, hay una reforma, pero en sentido contrario. La llamada legislación Real ID (identificación real) fue incorporada al proyecto para financiar operaciones en Irak y Afganistán. Mediante esa maniobra está casi garantizada su aprobación y promulgación en ley.

La reforma antimigrante obliga a los gobiernos estatales a verificar la condición migratoria de todo solicitante de licencias de manejo. Además endurece los requisitos para otorgar asilo político a refugiados y autoriza fondos para construir más murallas en la frontera con México.

Aunque algunas propuestas se diluyeron, este proyecto de ley es un triunfo para las fuerzas antinmigrante del Partido Republicano, en esta caso encabezados por el representante John Sensenbrenner, quienes impusieron la condición de aprobar esta ley antes de considerar cualquier otra iniciativa de reforma migratoria.

La iniciativa Real ID ha generado críticas de gobiernos estatales, departamentos de policía, expertos, agrupaciones pro migrantes y medios impresos, como el New York Times, entre otros. Los opositores dicen que el hecho de que prosperen estas medidas refleja un clima cada vez más hostil contra la migración, actitud promovida por políticos y grupos conservadores con el argumento de siempre: defender la "legalidad" y la seguridad nacional.

El Foro Nacional sobre Inmigración denunció hoy que la iniciativa no resuelve lo que considera un "sistema migratorio descompuesto".

La subdirectora del foro, Angela Kelley, declaró: ''tres millas (4.8 kilómetros) de bardas fronterizas y mayores requisitos para personas que buscan protección de la persecución religiosa no contribuyen en nada para hacernos más seguros ni para abordar la disfuncionalidad fundamental de nuestras políticas de inmigración y de seguridad fronteriza".

Debate polarizado

Mientras tanto, el presidente George W. Bush reiteró este miércoles, en un discurso ante empresarios de origen latinoamericano, su propuesta de reforma migratoria, consistente en un nuevo programa de trabajadores huéspedes y un todavía vago mecanismo para legalizar algunos trabajadores indocumentados.

Por otro lado los senadores John McCain (republicano) y Edward Kennedy (demócrata) están por presentar, con el aval de otros colegas, una propuesta legislativa para reformar a fondo la ley migratoria.

El proyecto de los senadores McCain y Kennedy incluye tanto un programa de trabajadores huéspedes como un mecanismo detallado para legalizar algunos inmigrantes indocumentados. Sin embargo, los expertos consideran que no hay condiciones para que esas iniciativas prosperen este año.

En este vacío de perspectivas políticas para una reforma migratoria en gran escala han surgido diversas campañas antinmigrantes en los ámbitos estatales y locales, que amenazan con trascender al plano nacional, nutridos por políticos como el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y el representante federal Tom Tancredo, quienes apuestan por beneficiarse de esta potencial ola política.

En contraparte, en estos días se han anunciado algunas iniciativas de políticas migratorias integrales para intentar rescatar el debate antes de que quede secuestrado por la dinámica conservadora.

El Instituto de Políticas de Migración (MPI, por sus siglas en inglés) anunció esta semana la formación de un grupo de trabajo bipartidista de alto perfil, integrado por personalidades reconocidas entre diversos sectores interesados en asuntos de inmigración, con el propósito de generar información y propuestas.

El grupo de trabajo estará encabezado por el ex senador republicano Spencer Abraham y por el reconocido ex representante federal Lee Hamilton. La directora del equipo será Doris Meissner, la ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización.

Con el supuesto de que la falta de avances para reformar las políticas migratorias se debe a que "los debates sobre el tema frecuentemente carecen de información, son polarizantes y limitados", esta iniciativa incorporará a representantes distinguidos del sector empresarial, laboral, grupos pro inmigrantes, expertos y políticos, con miras a buscar "terreno común" sobre el tema de políticas de migración en Estados Unidos, informó el MPI.

El grupo de trabajo generará informes preliminares a partir de este verano y culminará el próximo año con una serie de recomendaciones de amplio alcance. ''La seguridad nacional y las libertades individuales pueden ser apropiadamente resguardadas en Estados Unidos con leyes migratorias sensatas y efectivas", afirmó Hamilton.

De su lado, la Iglesia católica de Estados Unidos anunció que la próxima semana lanzará una campaña nacional para ''educar a los católicos en la necesidad de justicia para los inmigrantes'', y promover una reforma migratoria integral que incluya un amplio programa de legalización.

Los católicos instarán a Bush y el Congreso a adoptar medidas de reforma basadas en los principios emitidos conjuntamente por obispos católicos estadunidenses y mexicanos en 2003. Entre éstos se incluyen regularización de los indocumentados, reunificación familiar y oportunidades ampliadas de inmigración legal, así como un programa efectivo de trabajadores temporales y promoción de resguardos de derechos legales de los inmigrantes.

Demandan a EU ante la CIDH

Organizaciones de inmigrantes continúan demandando la legalización de los trabajadores indocumentados y el respeto a los derechos humanos y laborales básicos, y mantienen su repudio a medidas antinmigrantes, como el Real ID.

Entre las denuncias, una organización estadunidense de defensa de inmigrantes en Arizona presentó la semana pasada una demanda contra el gobierno de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) por no asegurar el respeto de derechos humanos ante la campaña de cazamigrantes Minuteman Project.

El rotativo angelino La Opinión informó que la queja presentada esta semana acusa al gobierno estadunidense de permitir la violación de los derechos de los inmigrantes al no actuar contra grupos de "vigilantes" en la frontera, lo cual pone en peligro la vida de residentes e inmigrantes por el clima de intimidación.

En la queja se detallan las actividades de los grupos antinmigrantes empleando los datos recaudados por el consulado de México de Douglas, Arizona.

La demanda solicita que la OEA declare que Estados Unidos viola las leyes internacionales de protección de derechos humanos y pide la fiscalización de quienes han cometido abusos contra inmigrantes en la frontera.

Aunque todas estas iniciativas podrían generar resultados positivos, por el momento el esfuerzo por una reforma pro inmigrante y el movimiento de apoyo a este sector y sus derechos están cada vez más a la defensiva.