La ASF detectó que el gobierno federal incumplió lo establecido en el presupuesto
En 2003 el gabinetazo recibió mayor salario que Fox; deberá devolverlo
Creel, Elizondo, Macedo, Frenk, Tamez y Usabiaga, entre los apapachados del régimen
Durante 2003, el gobierno de Vicente Fox manejó un régimen de pensiones, salarios y compensaciones para altos funcionarios públicos fuera de las obligaciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Este manejo del gasto corriente implicó que diferentes servidores públicos recibieran aguinaldos y salarios superiores a lo que percibió por ambos conceptos el Presidente de la República, y que los titulares de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), José Luis Medina Mora, percibieran un "pago por riesgo" 30 por ciento superior a lo establecido en la normatividad.
Entre los funcionarios que recibieron un salario superior al del Presidente -que serán obligados a devolver los recursos excedentes- están los secretarios de Salud, Julio Frenk Mora, y de Energía, Fernando Elizondo Barragán; el director del ISSSTE, Benjamín González Roaro, así como seis directores del mismo instituto; y los titulares del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Raúl Ortiz Magaña, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el panista José Luis Luege Tamargo.
Aguinaldazos
En una revisión de los salarios del gobierno federal, el órgano superior de fiscalización encontró que el presidente Fox recibió una remuneración neta de 162 mil 460 pesos, cifra que se tomó como referencia para revisar las percepciones netas de los demás servidores públicos, lo cual permitió encontrar que 10 funcionarios del gabinetazo rebasaron esa cifra como salario.
Durante la primera sesión de análisis del Informe de la Cuenta Pública 2003, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que la Auditoría Superior de la Federación emitió una observación acerca de esta irregularidad y promovió una acción para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se encargue de que esos 10 funcionarios devuelvan al erario los pagos recibidos en exceso.
El diputado federal Guillermo Huízar Carranza cuestionó la discrecionalidad para remunerar a los funcionarios del gobierno foxista, "al margen de los manuales, utilizando el presupuesto para otorgar prebendas en favor de los bien portados. Y esta Comisión de Vigilancia no puede quedarse en este nivel informativo, necesitamos mandatar a la unidad de evaluación para que se le dé un seguimiento especial y se concrete la devolución de los recursos recibidos en exceso por los funcionarios apapachados del sexenio".
Además, como resultado de la primera evaluación de las percepciones ordinarias y extraordinarias de los mandos medios y superiores del gobierno federal, se encontró que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, recibió un "pago por riesgo" 30 por ciento superior al establecido en la normatividad, y también se solicitó que la SFP promueva la devolución al erario de esos pagos en exceso. En el mismo caso está el director del Cisen, José Luis Medina, y seis directores de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Asimismo se detectó que nueve titulares de dependencias y entidades percibieron un aguinaldo superior al que recibió el Presidente de la República: los secretarios de Energía, Fernando Elizondo; de Educación, Reyes Tamez Guerra; de Agricultura, Javier Usabiaga, y de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas; el ex procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y el director de la Sociedad Hipotecaria Federal, Guillermo Babatz Torres, quien se pagó un aguinaldo de 530 mil 700 pesos, 90 por ciento superior al que recibió el Presidente.
También recibieron aguinaldos superiores al de Fox el director del Banco de Servicios Financieros, Javier Gavito Mohar, y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jonathan Davis Arzac.
En estos casos la ASF solicitó a la SFP que promueva la devolución al erario de los pagos recibidos en exceso por estos funcionarios.
Asimismo, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se detectó un exceso en el pago de salarios superior a ciento por ciento, lo que contrasta no sólo con las remuneraciones del resto de la administración pública federal, sino con el incremento al salario mínimo general.