Debió determinar que no había elementos suficientes para fincar responsabilidad penal a AMLO
La decisión de PGR, plan con maña; deja abierto el expediente El Encino: juristas
El jefe de Gobierno mantiene su fuero y no hace falta declaración alguna de la Cámara de Diputados
La decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de no ejercitar acción penal en contra de Andrés Manuel López Obrador es jurídicamente incorrecta, además de ser un ''plan con maña'', porque en los hechos deja el expediente ''abierto'', para que el presunto dueño del predio El Encino interponga un recurso de inconformidad en contra de la decisión del Ministerio Público Federal y con ello se pueda reactivar el caso.
Advirtió lo anterior el constitucionalista Elisur Arteaga, quien además coincidió con otros especialistas en el sentido de que la decisión de la PGR es ''cuestionable'', porque debió determinar que no existían elementos suficientes para fincar responsabilidad penal en contra del jefe de Gobierno capitalino, con lo que se habría cerrado la posibilidad de procesar a López Obrador.
Asimismo, los juristas consultados señalaron que, una vez que el Ministerio Público Federal estableció que López Obrador es ''probable responsable'' de haber violado una suspensión, pero que no puede ejercer acción penal por no existir una sanción específica al delito que se le imputa, el funcionario capitalino mantiene su fuero y no hace falta ninguna declaración expresa de la Cámara de Diputados para devolvérselo.
Agregaron los especialistas que la procuraduría incurrió en otra irregularidad al determinar que no ejercía acción penal, porque no hay una sanción específica al delito que le imputó al funcionario del Distrito Federal. Esto, subrayaron, porque compete exclusivamente a los jueces establecer si se configura un determinado delito.
López Obrador tenía razón, se reconoce
Sin embargo, los juristas señalaron que al aceptar la PGR que no existe sanción determinada por violar una suspensión, finalmente la dependencia que encabeza Daniel Cabeza de Vaca reconoció que López Obrador tenía la razón desde un principio, en el sentido de que no hay delito que perseguir al no existir una sanción determinada, admitiendo en los hechos que el proceso en su contra era político, no jurídico.
Arteaga subrayó además que el gobierno de Vicente Fox ''no juega del todo limpio ni jurídica ni políticamente'', porque será hasta después de 15 días hábiles -cuando venza el plazo para que los afectados interpongan un recurso de inconformidad ante un juez de amparo en materia penal en contra de la decisión de la PGR- cuando se pueda decir (si ya no se interpone el recurso) que el problema jurídico está terminado y que la decisión del Ministerio Público Federal queda firme.
Insistió en que también quedó demostrado que el presidente Vicente Fox, al igual que los gobiernos priístas, utilizan a la procuraduría y los tribunales con fines ''meramente políticos'', lo que ''nos lleva a la triste conclusión'' de que en México ''la justicia es selectiva y se utiliza para eliminar adversarios políticos''.
En este sentido, el ex jefe de la Unidad de Controversias Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Pedro Nava Magalón, precisó en entrevista por separado que, ''lo más acertado'' en este asunto era que la PGR reconociera que después de analizar todos los elementos del expediente lo que procedía era determinar que no hay fundamentos para ejercer una ''acción sustantiva'', porque en el expediente de la causa no se acredita la responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador.
Nava Magalón, quien tuvo en sus manos el expediente en su calidad de funcionario de la Corte, recordó que cuando el máximo tribunal conoció de una presunta violación a una suspensión -en la que se involucraba a la delegación Miguel Hidalgo-, únicamente resolvió sancionar a un funcionario de ''tercer nivel'', quien directamente fue el responsable de no entregar los recursos motivo de la demanda. ''Porque en materia de responsabilidad penal procede actuar contra la persona a la que se le atribuye directamente el delito'', y en el caso de López Obrador no hay elementos para imputarle directamente la violación a la suspensión.
En ese contexto, La Jornada (28/ 02/05) publicó un voto particular emitido por el ministro Genaro Góngora Pimentel, en el que estableció que ''ante la falta de claridad de la ley en casos de que sea violada una suspensión'', no procede actuar penalmente en contra del presunto responsable.
En el expediente 97/2003, en el que el máximo tribunal resolvió un incidente de suspensión de una controversia constitucional, Góngora hizo incluso un llamado ''al legislador federal'', para que resolviera la problemática con una reforma legal, ya que al menos en dos asuntos anteriores la Corte no pudo sancionar a dos funcionarios que violaron una suspensión, ''porque el Código Penal prevé dos sanciones para el mismo delito''.
Por su parte, el doctor en derecho constitucional Cuauhtémoc Sotelo sostuvo que con su decisión la PGR quedó ''mal parada en términos jurídicos'', porque acusó a López Obrador de un delito que no existe.
Esta determinación, insistió, tiene dos efectos: por un lado, las instituciones quedaron mal paradas, particularmente el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y el subprocurador Carlos Javier Vega Memije, porque fueron ellos quienes ''idearon, fabricaron y maquinaron esta injusticia junto con el secretario de Gobernación, Santiago Creel''. Y por el otro que, ''aunque sea muy tarde'', el gobierno de Fox rectificó para evitar más daño a las instituciones.