Usted está aquí: jueves 28 de abril de 2005 Estados Esposan a la cama de un hospital al ecologista Felipe Arreaga Sánchez

El campesino de Guerrero entró al nosocomio desde el martes, informó su abogado

Esposan a la cama de un hospital al ecologista Felipe Arreaga Sánchez

Exige trato humanitario para el activista, quien en un proceso irregular fue condenado por homicidio

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS Y JESUS SAAVEDRA CORRESPONSALES

Ampliar la imagen El ecologista Felipe Arreaga, en imagen de archivo FOTO Cortes�del Centro Tlachinollan

Chilpancingo, Gro., 27 de abril. Felipe Arreaga Sánchez, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, se encuentra esposado en el hospital general de Zihuatanejo desde el martes pasado, cuando fue sacado de prisión para que se le hicieran estudios de próstata, de columna y a causa de osteoporosis.

La situación del activista fue denunciada hoy por su abogado, Mario Patrón Sánchez, quien pidió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal un trato humanitario para su defendido, quien fue esposado a la cama del nosocomio pese a que convalece custodiado por cuatro policías para evitar una eventual fuga. La televisión local transmitió imágenes que corroboran la situación del campesino.

La excarcelación y hospitalización del campesino, a quien se le sigue proceso penal por el asesinato de Abel Bautista Guillén -hijo del presunto cacique maderero Bernardino Bautista Valle, ocurrido el 30 de mayo de 1998-, fue recomendada por el traumatólogo Gildo Araujo para estabilizar su salud y que se le realizaran estudios.

Patrón Sánchez informó que desde el lunes el campesino recibe suero por un problema de desnutrición. "Ahora se le realizan estudios de la próstata, de un problema en la columna y al parecer tiene principios de osteoporosis".

El abogado, miembro del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que el martes su cliente fue esposado. "Es un trato discriminatorio, inhumano e indigno que rebasa y viola el principio de presunción de inocencia", indicó.

"Ya nos comunicamos con el subsecretario de Seguridad Pública, el general Rosalino Joel Pinto Cárdenas; enviamos un oficio y nos ha dicho que daría las órdenes para que a Felipe se le trate como persona", expresó.

Desde su primera defensa ante el juzgado, Felipe Arreaga ha declarado que es inocente, porque el 30 de mayo de 1998 -cuando ocurrió el crimen que se le achaca- estaba en el poblado de Las Mesas atendiéndose de un dolor de la columna con Gil Jaimes García, uno de los hueseros más respetables de la sierra de Petatlán. Estuvo entre tres y cuatro días con él.

"Como defensa hemos ofrecido tres testigos de cargo que han declarado que no fue Felipe el culpable del asesinato, porque se encontraba en Las Mesas. Manifiestan que ese mismo día 30 asistió con su familia a una boda, incluso acudió fajado y estuvo sentado durante el evento", abundó Patrón Sánchez.

Retiran medidas cautelares a defensora de derechos humanos

El abogado denunció que la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero retiró las medidas cautelares que, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había ordenado para proteger a Otilia Eugenio Manuel, defensora de indígenas y fundadora de la Organización Independiente del Pueblo Tlapaneco, por haber recibido amenazas de muerte después de que denunció la violación sexual de que fueron objeto dos tlapanecas por miembros del Ejército.

El 3 de diciembre pasado, Otilia Eugenio habló en un foro sobre los derechos a la tierra y al territorio por parte de las comunidades tlapanecas, además de la violación en agravio de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

La activista comentó sobre la reivindicación del derecho a la tierra y el territorio de las comunidades tlapanecas en razón de cómo luchaban contra la invasión militar", aseguró Patrón Sánchez.

Siete días después le llegó a su casa un anónimo en el que le decían que ya sabían lo que había declarado en Chilpancingo. "Deja de estar chingando con los casos de las mujeres violadas", se ordenaba en el texto. "A partir de esa amenaza se solicitaron medidas cautelares a la CIDH, que ordenó al Estado mexicano garantizar la seguridad de Otilia y su familia", ratificó Patrón Sánchez.

 
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