Desde 1989 son víctimas de un laberinto legal en Puebla
Alcaldes panistas, cómplices en despojo a ejidatarios
Cuarenta y un ejidatarios de San Lucas Atoyatenco, Puebla, se quedaron sin indemnización y sin tierras debido al desorden político jurídico al que fueron sometidos por parte de diferentes presidentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN) desde el proceso de expropiación de más de 30 hectáreas que serían destinadas al desarrollo urbano de la zona.
Luego de 14 años de litigio jurídico, ganar un amparo de restitución de tierra que no fue atendido por la autoridad municipal, en noviembre del año pasado el juzgado primero de distrito en Puebla dictaminó que el decreto de expropiación es vigente e incluso condenó a cada uno de los ejidatarios quejosos a regresar 5 mil pesos porque la Comisión de Avalúos realizó un cálculo equivocado del terreno expropiado.
El juez también consideró que la autoridad municipal debe pagar 360 millones de pesos a las inmobiliarias Consorcio del Angel y Corporación Inmobiliaria Celeste, de las cuales, presumen, son accionistas ex presidentes municipales panistas, y cantidades indistintas a compradores de buena fe. "Este es el Fobaproa del municipio de San Martín Texmelucan".
Indignados por las injusticias, algunos ejidatarios organizados en el Comité de Defensa Campesina de Atoyatenco -la mayoría hombres de entre 65 y 80 años de edad- iniciaron ayer un plantón ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
José Reyes Meza, Joel Domínguez Luna y Eleuterio Téllez Peña, integrantes del Comité de Defensa Campesina de Atoyatenco, narraron la larga historia del despojo. "En 1989 el presidente municipal en turno, el panista Apolonio Méndez Meneses -actualmente director de Atención Ciudadana en la Secretaría de Gobernación- promovió la expropiación y presionó a los ejidatarios para que recibieran las indemnizaciones fijadas por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de 337.4 millones de viejos pesos; 71 ejidatarios no estuvimos de acuerdo con el procedimiento e interpusimos un amparo".
En 1989, la autoridad municipal se declaró incompetente para realizar las obras previstas: construcción de una central camionera, central de abastos y un fraccionamiento habitacional, por ello las concesionó a las empresas Consorcio del Angel y Corporación Inmobiliaria Celeste. En 1992 ganaron el juicio de amparo 1274/89 y entre junio de 1994 y agosto de 1995, el juzgado segundo de distrito en Puebla ordenó en siete ocasiones la restitución de tierras, las autoridades nunca acataron el fallo y el caso se turnó a la SCJN.
En 1994, los ejidatarios firmaron un acuerdo con el presidente municipal del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Domínguez Bermúdez, para regresar 492 millones de viejos pesos más los intereses generados entre 1990 y 1994, que habían recibido de la indemnización por la expropiación a cambio de la restitución de sus tierras. El acuerdo nunca procedió.
El siguiente presidente municipal, el panista Víctor León Castañeda, también fue apercibido por el juez durante nueve ocasiones para que restituyera las tierras, pero presentó un documento del Cuerpo Consultivo Agrario en el cual se establecía que el amparo interpuesto por los ejidatarios era improcedente.
Luego de conocer el dictamen del juzgado primero de distrito en Puebla, los ejidatarios lo impugnaron ante el tribunal colegiado del sexto distrito en ese estado y éste lo remitió a la SCJN, de la cual esperan una resolución justa.