Usted está aquí: viernes 22 de abril de 2005 Política La consignación

Luis Javier Garrido

La consignación

Vicente Fox, quien supuestamente fue electo para impulsar una democratización del país y ha terminado por quebrantar el orden constitucional y está impulsando un golpe de Estado, es una vergüenza para los mexicanos y para toda América Latina.

1. La acusación penal infundada de Fox contra Andrés Manuel López Obrador para inhabilitarlo como candidato por un supuesto desacato que nunca existió, con base en una serie de pruebas fabricadas por el gobierno, dio un paso adelante con la consignación hecha el 20 de abril, que fue turnada al juez 12 de distrito del Reclusorio Oriente, enmedio de nuevas violaciones a la ley por parte del gobierno panista y de una serie de barbaridades que han tornado el proceso en una verdadera farsa y a Fox francamente en un aprendiz de déspota bananero.

2. Lo único que ha logrado hasta ahora Fox con su intento ilegal para inhabilitar como candidato presidencial en 2006 al jefe de Gobierno de la capital es hundirse aún más en el descrédito en el que se halla en el quinto año de un sexenio marcado tanto por su ineptitud y su mala fe para enfrentar los graves problemas nacionales como por el sistemático uso patrimonial que ha hecho de los recursos del Estado, por haber consolidado a Los Pinos como un espacio de tráfico de influencias y por los abusos de poder que ha cometido para beneficio de su familia y de la de su esposa, de los seudoempresarios salinistas y de un grupo de extremistas encabezados por El Yunque, con los que busca ahora manipular el proceso electoral de 2006.

3. El saldo gubernamental de Fox es uno de los más negativos que se conocen en la historia de México, pero el aspecto más grave de su gestión no ha sido quizás el que esté actuando como personero de las multinacionales contra los intereses de los mexicanos ni que sea un individuo corrupto y felón en el ejercicio del poder o el que mantenga las redes de corrupción del salinismo en México, sino que, por sus ambiciones personales, haya llevado a las instituciones de la República al descrédito y la ilegitimidad en que se hallan ahora luego de que las ha utilizado de la manera más burda en su intentona golpista para imponer a su candidato en 2006. No se diga a la Presidencia, a la que envileció aún más que sus predecesores priístas (lo que parecía imposible), sino a la PGR (puesta al servicio de sus intereses), al Legislativo (que se tornó en una instancia de la ilegalidad y la ambición de los partidos), a los partidos de su mayoría (el PRI y el PAN), a los medios masivos de comunicación (a los que ha utilizado sin pudor) y, desde luego, al Poder Judicial de la Federación, que aparece cada vez más como su cómplice.

4. El Poder Judicial tiene en el régimen mexicano la responsabilidad de dirimir los conflictos en última instancia, pero también la función suprema de velar por la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública. Y al ser sus instancias las que están violentando la legalidad y perdérsele el respeto y la confianza, como acontece con su utilización venal en este caso, el régimen constitucional se halla abiertamente quebrantado.

5. Los jueces, magistrados y ministros no son todos corruptos ni están todos al servicio de los mismos intereses que los Fox, pero el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela -individuo filopanista y sin escrúpulos, acaso por los 649 mil 433 pesos que gana al mes, según reveló La Jornada (19 de abril)- pactó con Fox el proceso condenatorio desde marzo de 2004, mucho antes de que se supiera de la relación estrecha de amistad de la ministra Olga Sánchez Cordero con el subprocurador Vega Memije, compañeros de generación en la facultad, y no ha dejado desde entonces de hacer discursos y declaraciones de corte político evidenciándose que se ha politizado la administración de justicia, y que la Corte no es confiable.

6. Gobernar en función de las encuestas, por los mismo, no podía en este contexto sino conducir a una serie de desastres. Las encuestas llevaron a Fox a la tropelía del desafuero y de la acusación penal, y lo han encaminado ahora a una nueva serie de barbaridades que no hacen más que evidenciar sus maniobras, y en especial la última de éstas: la manipulación del proceso penal desde Los Pinos.

7. A fin de que un par de petimetres panistas, de los que se prestan a todo, pudieran pagar, en nombre de Fox, una especie de "fianza preventiva" (antes de que el juez dictase el auto de formal prisión), lo cual es ilegal, y López Obrador no pudiese ser encarcelado (porque de serlo, dicen los panistas, subiría aún más en las encuestas), se dio un paso grave en extremo. Fox y Azuela expidieron en marzo una supuesta jurisprudencia (que nadie conoce, pues fue publicada nada menos que en un boletín de la PGR), cuyo fin es permitir esta aberración procesal, lo que evidencia, una vez más, la complicidad de Azuela y de otros ministros con Los Pinos, ya que ahora hasta por un ínfimo asunto procesal se violenta el orden jurídico del país con una jurisprudencia "a la carta" y por encargo de míster Fox.

8. El asunto no es menor, pues los dos petimetres panistas, que son los asambleístas Gabriela Cuevas y Jorge Lara, cuya capacidad de discernimiento y de expresión, según han constatado en diversas ocasiones los telespectadores, es inferior a la de un estudiante de secundaria, tras afirmar ante los micrófonos de CNI Noticias el miércoles 20 que trabajaban en el marco de "una estrategia conjunta" con la cúpula de su partido (es decir, con Fox), se desdijeron y juraron que obraban motu proprio y acusaron a los abogados de López Obrador de ser unos ignorantes por desconocer la jurisprudencia que ellos sí conocían.

9. La acusación penal de Fox a López Obrador es de esta manera cada vez más una farsa grotesca, y todos los indicios son, luego del incidente de la fianza, de que Juan José Olvera, a quien se turnó el asunto, es un juez "de consigna" que buscará emitir una sentencia condenatoria y que de la misma manera el asunto llegará a jueces y ministros comprometidos con el gobierno, por lo que a fin de impedir la tropelía que conduce a un verdadero golpe de Estado y a un proceso electoral ilegítimo en 2006, debe lucharse en todos los planos: el jurídico, el político y, sobre todo, el social.

10. La pareja presidencial semeja cada vez más a un par de loquitos que en su Foxilandia imaginaria ven un país "democrático" que no existe, y por ello, ante la irracionalidad de ese gobierno obnubilado por su propia prepotencia, la serenidad de los amplios grupos de la sociedad que están comprometiéndose con la resistencia civil pacífica aparece como la vía más inmediata para que México pueda transitar hacia la senda de la cordura y de la legalidad, que no existen en el gobierno actual.

 
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