Se pretende coartar garantías so pretexto de la seguridad nacional: Comité 68
Impulsa el gobierno federal iniciativa para convertir en delitos las protestas
Con apoyo de PRI y PAN promueve una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional
El gobierno federal, por conducto del Senado de la República, con el apoyo de PRI y PAN, impulsa en secreto una iniciativa de ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, con el propósito de contar con instrumentos "legales" que implican la instauración de medidas que pueden llegar hasta la declaratoria del estado de sitio en aras de la "seguridad nacional" para suspender las garantías individuales, advirtieron integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
En conferencia de prensa denunciaron que los legisladores Miguel Sadot Sánchez Carreño, del PRI, y Carlos Madrazo Limón, del PAN, impulsan un proyecto de reglamentación que implica la instauración de escenarios denominados "estado de prevención, estado de alarma, estado de emergencia y estado de sitio", que podrían utilizarse para "regular el ejercicio de las libertades democráticas".
El artículo 29 de la Constitución regula los casos en los cuales el Presidente de la República puede decretar la suspensión de las garantías que "fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente", a una situación que perturbe de manera grave la paz pública.
La iniciativa de ley reglamentaria considera que un "estado de prevención" ocurriría "ante la presunción fundada de un riesgo que, pudiendo convertirse en una amenaza, puede y debe ser anulado o bien neutralizado en salvaguardia anticipada de los derechos de la sociedad, su tranquilidad y, por consiguiente, de la integridad y plena vigencia del estado de derecho y la normal operación de las instituciones sociales, políticas y económicas del país".
De acuerdo con la iniciativa, el "estado de alarma" se decretaría "ante la amenaza cierta de un evento extraordinario que tenga por consecuencia la cierta y eventual aparición de un conflicto armado interno, comisión de delitos generalizada, grave crisis política entre los poderes de la Unión o entre distintos ámbitos gubernamentales que interrumpan la prestación de ciertos servicios públicos, grave crisis económica o cualquier otra calamidad, que por ahora sea desconocida, pero que en su momento sea predecible".
El estado de "emergencia" se declararía cuando "se presente un acto terrorista o cualesquiera de las circunstancias previstas". El estado de sitio, además de ser declarado por una invasión, puede ocurrir cuando existe "la amenaza cierta de la ruptura del pacto federal, o cualesquiera cuyo alcance y consecuencias sean de carácter nacionales".
Para los integrantes del Comité del 68 estas "novedades legales" que se pretende implantar con un proyecto de reglamentación están fincadas en un ambiente de impunidad y en un momento político en el cual todo está dirigido en contra de los opositores. "Sólo pueden interpretarse como nuevas argucias y preparativos para continuar con prácticas de violencia extrema, encubiertas bajo la apariencia de legalidad", alertan. Según Raúl Alvarez Garín, David Roura, Gracia Moheno y Jesús Martín del Campo, se pretende regresar a circunstancias similares a las que se vivían en 1968, "pues son similares a las viejas teorías de seguridad nacional de la época de la guerra fría, y se llevaría a la categoría de delito todo hecho de protesta o disidencia".