En 2004 fue elegido su coordinador general
Opinión favorable de juzgadores sobre la imparcialidad de Olvera
El juez Juan José Olvera López, quien desde el pasado miércoles tiene en sus manos el futuro jurídico de Andrés Manuel López Obrador, se ganó durante 2004 ''confianza y respeto'' de la mayoría de sus compañeros juzgadores con sede en el Distrito Federal, luego de que a principios de ese año fue elegido coordinador general de los 18 jueces de procesos penales federales.
Durante 12 meses, Olvera López fue el encargado de representar a sus 18 compañeros ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y de acuerdo con funcionarios del Poder Judicial consultados, su labor como coordinador fue bien vista por la mayoría de los juzgadores, quienes mantienen una opinión favorable sobre la ''honorabilidad'' e ''imparcialidad'' del juez que determinará si libra una orden de comparecencia en contra del funcionario perredista.
No obstante, Olvera López es uno de al menos 12 jueces que encabezan las estadísticas elaboradas por la PGR sobre los impartidores de justicia que más sentencias condenatorias han dictado en los últimos cinco años, además de que entre su historial destaca el hecho de haber sido funcionario de la dependencia federal y el haber trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según versiones de jueces de distrito, el que el juez decimosegundo sea uno de los que más sentencias condenatorias han emitido recientemente (tiene cinco años como juzgador) no se debe a que sea de ''consigna'' o ''a modo'' de la procuraduría federal, sino a que los casos que le ha tocado resolver están relacionados en su mayoría con delitos ''comunes''. Además, en muchos de los casos se trata de delitos que competía conocer al fuero común, aunque después fueron atraídos por la PGR a petición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Unicamente son dos los asuntos de trascendencia nacional que le ha tocado desahogar a Olvera López. Uno es el proceso en contra de Raúl Salinas de Gortari por el delito de peculado. En ese caso resolvió librar en 2002 una orden de aprehensión, y después un auto de formal prisión en contra del hermano del ex presidente Carlos Salinas, tras considerar que sí existían elementos jurídicos suficientes para acreditar su probable responsabilidad en dicho ilícito.
El otro caso es un proceso por lavado de dinero en contra del general Francisco Quirós Hermosillo.