El relator austriaco Manfred Nowak considera que prevalecen los malos tratos

Exige la ONU autonomía real para el mecanismo contra la tortura en México

Los feminicidios se han extendido por todo el país, señala la investigadora Yakin Erturk

Ginebra, 10 de abril. El mecanismo de prevención de la tortura que México deberá instalar en los próximos 12 meses tras haber ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura deberá ser "verdaderamente independiente" e integrado por un grupo multidisciplinario y "con acceso total y en cualquier momento a todos los centros de detención federales o estatales", explicó el relator especial contra la tortura de la Organización de naciones Unidas, Manfred Nowak.

En entrevista con La Jornada, el nuevo relator -cuarto desde la creación del cargo- se dijo complacido de que México se encuentre entre los primeros estados ratificantes -séptimo-, lo que, en su opinión, es "muy, muy importante porque representa un avance en la prevención de la tortura en el país".

Hacer expedita la aplicación de tal mecanismo representa un gran reto, dijo, porque de acuerdo con el procedimiento, una vez que la ratificación ocurre "el país tiene un año para establecer un mecanismo verdaderamente independiente, que tenga toda la autoridad para visitar cada uno de los lugares de reclusión; no solamente las cárceles, sino todos los centros de detención, de custodia policiaca, o cualquier otro lugar donde la gente es privada de libertad, así como de tener completa autoridad para hablar, en privado, con los detenidos.

"En un país tan grande como México, con un sistema de gobierno federal, resulta particularmente importante que este mecanismo de visitas se instale en cada uno de los estados federados", añadió.

México cuenta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual podría ser la organización bajo la cual se cobije este mecanismo, explicó Nowak; reiteró, sin embargo, la importancia de que el mecanismo sea "completamente independiente y equipado con los recursos humanos y presupuestarios necesarios para que pueda llevar a cabo visitas no anunciadas, en forma regular, a todos los centros de detención y posteriormente, emitir recomendaciones específicas al gobierno sobre las condiciones de reclusión y, si fuera el caso, exponer los casos de tortura o malos tratos y pedir su alto inmediato y total.

A pregunta específica sobre qué tan extendido está el fenómeno en el país -tortura, abuso, malos tratos-, el reconocido jurista austriaco expresó que, de acuerdo con la información que recibe, "definitivamente no pienso que se encuentra entre los países más notorios por la existencia de tortura". Argumentó que el presente gobierno es "proactivo" en derechos humanos. Sin embargo, añadió que "creo, de acuerdo con los casos individuales que están en tratamiento y las quejas que recibo, que todavía se practica".

Por ello, la ratificación del protocolo por el gobierno del presidente Vicente Fox "significa un compromiso político evidente de tolerancia cero a la tortura".

-Recientemente un experto de Amnistía Internacional declaró que si bien dicha ratificación es un avance, no dará resultado mientras no se reforme el sistema de impartición de justicia. ¿Coincide en ello? -se le preguntó.

Nowak describió las dos partes del problema: "Por un lado está el sistema judicial, donde obviamente todavía se debe hacer mucho para poder llevar a los perpetradores de crímenes ante la justicia y ello necesitaría una reforma más al sistema judicial para que la impunidad no predomine. Y por el otro, el Protocolo Facultativo es un sistema de prevención no judicial; la diferencia es que debe tener no solamente abogados sino médicos, siquiatras, sicólogos; debe ser un grupo multidisciplinario que deberá visitar, en forma regular, los lugares de arresto y detención para prevenir que la tortura ocurra o se use".

Nowak afirmó que en México la tortura, como práctica individual, ocurre en todo lo largo y ancho del país, como se demuestra en el informe del relator presentado ante la Comisión de Derechos Humanos, con los casos transmitidos al gobierno, aunque éste haya rechazado los cargos.

El informe de casos -un grueso documento con 991 llamados urgentes a 105 gobiernos sobre los cuales las respuestas se refieren a 403 casos, o sea apenas 41 por ciento del total- incluye las recomendaciones obtenidas del profesor holandés Theo van Boven, relator precedente, para México.

Al respecto es interesante observar que, si bien el relator especificó claramente que antes de transmitir al gobierno un llamado, "las quejas son examinadas escrupulosamente", en México se niega la veracidad.

En el caso de las comunicaciones transmitidas al gobierno -incluyendo el caso de 95 detenidos con ocasión de la tercera Cumbre de la Unión Europea y América Latina y el Caribe (ALCUE) en Guadalajara; las de indígenas, campesinos, militantes de organizaciones rurales como la OCSS, de mujeres y familiares, de menores de edad, de homosexuales, así como los casos de militares-, que denuncian tortura durante detención y uso excesivo de violencia por las fuerzas policiacas (en la ciudad de México, y los estados de México, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua), éstas han sido refutadas; de acuerdo con las respuestas del gobierno, no se pudo comprobar la tortura.

Muy relacionado con la práctica de la tortura está el caso de la violencia hacia las mujeres, tema que fue tratado en la CDH por la relatora especial Yakin Erturk, quien el próximo año presentará su informe tras su visita a México, en febrero pasado. Mientras, se abocará a "compilar todas las recomendaciones que los mecanismos de derechos humanos han presentado al gobierno -más de 400- para analizarlas y darles prioridad en cuanto a la perspectiva de género".

Erturk, en entrevista con La Jornada, consideró que los feminicidios en Ciudad Juárez han atraído la atención de la comunidad internacional, incluyendo esta comisión, pero "el caso es extendido en todo el país", tanto en la frontera de Chiapas con Guatemala (mil homicidios), como en Cancún y en otros lugares. No quiso citar la cuantía por falta de datos.

Reconoció la voluntad del gobierno por hacer frente al fenómeno, pero alegó que la distracción política del caso, si bien es un riesgo en tiempo electoral, no podrá ocurrir porque "la sociedad civil mexicana está muy vigilante; las familias de las víctimas están organizadas y quieren justicia; así, no se podrá archivar el expediente".

El examen de la condición de la mujer atrajo a Ginebra a la senadora del Partido Revolucionario Institucional Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la comisión encargada del tema, quien abordó los feminicidios desde la perspectiva de casos individuales y como fenómeno colectivo. Expresó su temor de que "se está socializando muy rápido por todo el país".