Diputado blanquiazulcon historial de desacato
Ciudad Juárez, Chih., 9 de abril. Los tres alcaldes panistas que ha tenido Ciudad Juárez en los años recientes, entre ellos Ramón Galindo Noriega -quien como diputado federal votó el viernes pasado por el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal- han desacatado sistemáticamente una orden girada el 30 de enero de 1998 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restituir a un particular un predio invadido en 1994 para construir una calle, cuando también gobernaba un alcalde del Partido Acción Nacional.
El despojado, empresario Gilberto Marmolejo Ortega, se asombra de que la Corte nunca decidió destituir a los ediles que eludieron su responsabilidad. Insiste en que se aplique la ley.
El 30 de enero de 1998, la SCJN ordenó a Galindo Noriega que devolviera a Marmolejo Ortega un terreno de 10 mil 400 metros cuadrados que el ayuntamiento usó para construir el bulevar Zaragoza, en 1994, sin el respectivo decreto expropiatorio.
El propietario de la constructora Gilmar asevera que el edil manipuló las leyes y operó argucias y sólo hizo la entrega "en papeles"; cuando el propietario intentó tomar posesión de su predio, fue impedido y amenazado por la Policía Municipal. El predio formó parte de un terreno de 212 hectáreas que las autoridades municipales utilizaron para distribuir lotes a colonos.
Los otros ediles que sucesivamente incumplieron el mandato fueron Gustavo Elizondo Aguilar, quien está prófugo acusado de haber inducido ilegalmente el voto a los ciudadanos con recursos públicos, y Jesús Alfredo Delgado Muñoz, ahora contralor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El ya fallecido Francisco Villarreal Torres fue el alcalde panista que en 1994 invadió el lote.
Marmolejo inició desde 1994 la lucha legal para que le regresen su predio. Tras ganar un amparo, en febrero de 1995, un juez ordenó al municipio restituir el terreno.
En 1996, el gobernador Francisco Barrio Terrazas intentó legalizar la invasión y ordenó la expropiación, pero no prosperó por las violaciones cometidas antes de este acto.
En el decreto de Barrio se ordenaba pagar 85 mil pesos por las 212 hectáreas, lo que el propietario rechazó, pues el avalúo se hizo a 40 centavos el metro cuadrado, cuando el valor catastral estaba tasado en mil pesos y el comercial entre mil 500 y 2 mil pesos.
El resolutivo de 1998 de la segunda sala de la SCJN, agrega, fue unánime. La presentó como ponente el ministro Juan Díaz Romero, y lo avalaron Mariano Azuela Guitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Agrega Marmolejo que después de que la Corte ordenó al ahora diputado federal Galindo Noriega que entregara el predio, éste sólo lo hizo en papeles. Cuando intentó tomar posesión del predio, más de una docena de policías se lo impidieron y lo amenazaron.
En 2000, el gobierno municipal presentó ante el juzgado federal pruebas para demostrar la imposibilidad jurídica y material para cumplir la orden de regresar el predio.
El 15 de agosto de 2001 el afectado aceptó ante el juez ser indemnizado. En ese tiempo mencionó que pediría el valor que pagó cuando adquirió el terreno, así como los gastos inherentes y 9 por ciento de interés anual desde que el municipio se apropió de ese predio.
Rubén Villalpando, corresponsal