ONG dicen que de ser necesario acudirán a la CIDH
Buscan que se respeten derechos políticos del jefe de Gobierno
Organizaciones civiles y de derechos humanos presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para que otorgue medidas cautelares a Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, e impedir que se le suspenda el ejercicio de sus derechos políticos hasta que se conozca la sentencia definitiva de un juez competente sobre los delitos que se le imputan.
Tras presentar, el pasado 22 de marzo, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el proceso de desafuero de López Obrador, 10 organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro Nacional de Comunicación Social y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, entre otras, presentarán en la próxima semana una demanda ante el organismo internacional, que deberá emitir su respuesta este mes.
Arturo Requesens, integrante del grupo de trabajo sobre derechos humanos de la Universidad de la Ciudad de México, indicó que de otorgarse las medidas cautelares para López Obrador, "el gobierno mexicano estaría obligado a adoptar las acciones necesarias para garantizar que se respeten los derechos políticos del gobernante capitalino y de los ciudadanos que verían limitado su derecho de votar por el candidato de su preferencia".
Afirmó que de incumplir el gobierno federal con las medidas cautelares, la CIDH podría presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un recurso para que se dictaran medidas provisionales, "mecanismos más estrictos para garantizar que no se violen los derechos humanos y políticos de un ciudadano".
Decisión apresurada
En entrevista por separado, defensores de derechos humanos señalaron que la decisión de la CNDH de declararse jurídicamente no competente para conocer de las decisiones y actos asumidos por el Congreso de la Unión y considerar que será la "historia" la que defina si se utilizó o no la ley para "bloquear" a un aspirante a contender por la Presidencia, no sólo es un juicio apresurado, "sino un error que prejuzga sobre el fondo de un caso fundamental para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a votar y ser votado".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, afirmó que la CNDH "no puede decidir a priori si tiene o no competencia de conocer sobre una posible violación a los derechos políticos de López Obrador, ya que contradice el espíritu del organismo", por lo que exhortó a que realice una "investigación seria y profunda antes de intentar dar un paso atrás en sus responsabilidades".
Al respecto, Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró que legalmente "nada le impide a la CNDH conocer de los casos de posibles violaciones a los derechos humanos y políticos de los ciudadanos, ya que ninguna institución del Estado está exenta de cometer acciones que afectan las garantías de los ciudadanos", por lo que consideró que el organismo "no puede eludir su responsabilidad de atender e investigar cualquier queja que se presente en materia de violación a los derechos humanos, sea cual fuere la instancia que ejecuta la acción".