Usted está aquí: domingo 10 de abril de 2005 Mundo Denuncia un ex militar argentino que resoluciones secretas avalaron represión

Asegura Cristino Nicolaides que fueron aprobadas por el Congreso en 1966

Denuncia un ex militar argentino que resoluciones secretas avalaron represión

Fue Roberto Viola, entonces jefe del estado mayor, quien dio las órdenes a los militares

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Ampliar la imagen En imagen de archivo, el ex jefe del ej�ito argentino Cristino Nicolaides FOTO La Jornada

Buenos Aires, 9 de abril. El ex jefe del ejército argentino Cristino Nicolaides afirmó que todo lo realizado durante la pasada dictadura militar (1976-1983) fue hecho "utilizando procedimientos legales vigentes" y que las acciones respondían a "resoluciones secretas" dictadas por quien era jefe del estado mayor del ejército, el entonces general Roberto Viola.

En su afán por eludir el peso de la justicia tardía, añadió que el accionar represivo, que dejó miles de víctimas y desapariciones, se hizo con base en "resoluciones secretas" emitidas el 17 de diciembre de 1976, de acuerdo con el código RC-9-1, y bajo los "manuales de operaciones" aprobados "en secreto" por el Congreso de la Nación en 1966.

Nicolaides, de 80 años, declaró en una causa en Córdoba, donde permanece en prisión domiciliaria y se le investiga por el secuestro de 13 personas y la desaparición de otras dos en la provincia de Corrientes, que esas leyes permitían "torturas de tercer grado, compulsión física, amenaza, chantaje, seguimiento físico, secuestros, raptos, terrorismo, desmanes, sabotaje y ejecuciones".

En aquella época ocupó diversos cargos militares y tuvo actuaciones en las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y parte de Corrientes, entre 1976 y 1978. Asimismo fue jefe del tercer cuerpo de ejército durante un año, a partir de diciembre de 1980, y luego en Córdoba antes de ser jefe del ejército.

Las divisiones en zona formaban parte del esquema de represión y terror de la dictadura. Por esa razón ha sido acusado de responsabilidad en crímenes de lesa humanidad en diversos lugares del país y en el exterior.

Las resoluciones, que demostraban la sistematización de esos delitos, fueron citadas en 2000 por el juez español Baltasar Garzón, cuando juzgaba a más de un centenar de militares argentinos por graves violaciones a los derechos humanos y genocidio.

El 16 de marzo de 2004 la Corte Suprema de Justicia había denegado un recurso de excarcelación a Nicolaides en la causa por "sustracción, retención y ocultamiento de menores" nacidos en cautiverio, y el asesinato y desaparición de las madres de éstos.

Además está acusado de supresión de la identidad de los niños al entregarlos a militares, policías y otras familias, quienes los adoptaban ilegalmente, todos los cuales constituyen delitos que no prescriben.

El militar sostuvo que "todas las operaciones castrenses de la época tuvieron el respaldo de reglamentos reservados del ejército argentino, hasta hoy ocultados, que han dado origen a una denuncia penal contra Martín Balza (general retirado)".

El abogado Florencio Varela, defensor de los dictadores de la junta militar y otros procesados por crímenes de lesa humanidad, acusó a Balza de haber ordenando la destrucción de esas y otras órdenes en 1998, aunque nunca presentó los "manuales de operaciones", en un intento por reflotar la teoría de que sus defendidos "cumplían órdenes".

Esto sucede en momentos en que el economista Juan Alemán, ex secretario de Hacienda de la dictadura, fue citado para ratificar o rectificar ante los jueces afirmaciones recientes de que durante la dictadura "hubo 200 y pico de casos de mujeres que tuvieron hijos en cautiverio y después las liquidaron".

A la revista local Veintitrés afirmó que "de esos (niños), unos 200 los entregaron a jueces y quedaron menos de 30 que los distribuyeron entre familias de militares (...) eran chicos que sobraban, porque estos guerrilleros constituían parejas y mientras peleaban tenían hijos. Era una irresponsabilidad. Pero no hubo robo de chicos. Hay que tener estómago para hacerse cargo de los hijos de los guerrilleros".

Sus dichos causaron estupor en el país y ello llevó a denuncias judiciales de organismos humanitarios, como la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que ya han recuperado a más de 70 de los casi 500 niños que son buscados.

 
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