Usted está aquí: jueves 17 de febrero de 2005 Política Cámara de Representantes de EU autoriza cazar inmigrantes

Permite la actuación de buscadores de recompensas

Cámara de Representantes de EU autoriza cazar inmigrantes

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 16 de febrero. La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada, de último momento y de manera casi desapercibida por el público y los medios, una medida que autoriza cazar a miles de inmigrantes cuya deportación ha sido ordenada.

Menos de 24 horas antes de aprobarse la semana pasada el proyecto para negar licencias de manejo a indocumentados, restringir el asilo político a refugiados extranjeros y construir más bardas en la frontera con México -conocido como Ley de Identidad Real-, el representante Pete Sessions, de Texas, introdujo una enmienda que autoriza a "cazadores de recompensas" a capturar inmigrantes que tienen órdenes de deportación y entregarlos a las autoridades migratorias en 10 centros alrededor del país.

La enmienda fue aprobada por la mayoría republicana, y ahora forma parte del proyecto aprobado por la Cámara y pendiente ante el Senado.

Opositores a la medida -legisladores y defensores de inmigrantes- denunciaron que ésta provocará más abusos al permitir que los "cazadores de recompensa" obren contra migrantes como si fueran criminales.

Los llamados bounty hunters o "cazadores de recompensas" son agentes privados que se dedican a rastrear y capturar fugitivos de la ley y a quienes han sido culpados de algún delito por un tribunal, salen bajo fianza y no se reportan a sus citas en los tribunales. Los "cazadores" son contratados por empresas que otorgan las fianzas, y actúan para recibir recompensas ofrecidas por las autoridades para capturar algún fugitivo.

Varios legisladores advirtieron que esta enmienda recuerda las leyes del siglo XIX para la captura y retorno de esclavos negros que escapaban. La representante demócrata Sheila Jackson Lee, de Texas, afroamericana, declaró que "un aspecto verdaderamente espantoso de esto es que huele a la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850", y señaló que "uno puede estar seguro de que, de manera discriminatoria, empezarán a hacer redadas de gente que se ve o habla diferente". Esa ley de esclavos autorizaba el arresto de todo negro sospechoso de ser un fugitivo en cualquier parte del país, incluso en estados que habían abolido la esclavitud, informó el San Francisco Chronicle.

El rotativo, uno de los pocos medios que detectaron la enmienda, dio a conocer en un editorial su oposición a la iniciativa de ley completa, pero en particular criticó la enmienda. "Cualquier ley que anima la acción de vigilantes... es peligrosa."

El representante Sessions insistió, durante un breve debate al presentar su enmienda el 10 de febrero ante el pleno de la cámara, en que su medida era exclusivamente diseñada para capturar inmigrantes que ya tienen orden de deportación. Informó que sólo 13 por ciento de los aproximadamente 400 mil inmigrantes cuya deportación ha sido ordenada por un juez han sido devueltos a sus países de origen. Al presentar su enmienda ante la Cámara, Sessions argumentó que "no hay función de nuestro sistema legal de seguridad interna más básica que deportar a extranjeros que han sido procesados legalmente y cuya deportación subsecuente ha sido ordenada por un juez federal".

Insistió en que su propuesta es indispensable como medida de seguridad contra potenciales "terroristas" y "criminales" que han ingresado al país y que saben que si son arrestados pueden salir bajo fianza y escapar simplemente con no presentarse ante un tribunal. "Mi enmienda busca remediar esta amenaza a nuestra seguridad", concluyó. Por supuesto, todo esto fue puesto en el contexto de la era pos 11-S, y con la justificación inevitable de evitar otro atentado en Estados Unidos.

Pero opositores como Jackson Lee, en el breve debate sobre la enmienda, reiteraron que "inmigración no es igual a terrorismo" y que estas medidas borran esa diferencia. Alertó que con esta enmienda un indocumentado podría ser capturado por un "cazador" y entregado a las autoridades para su deportación aunque esté en medio de un proceso legal para regularizar su condición legal, y todo sin audiencia judicial. Por lo tanto, advirtió, es otorgar poderes extraordinarios a agentes privados que no tienen experiencia en asuntos migratorios.

El representante John Conyers criticó que la enmienda se había presentado al último momento, y dijo que esta medida recordaba la ley de los esclavos en el siglo XIX. Señaló que con ella se otorga a los encargados de las fianzas el poder de "aplicar las leyes migratorias al capturar y deportar sumariamente a personas". Otros reiteraron estos puntos, pero a fin de cuentas la mayoría republicana garantizó la aprobación de la enmienda.

Algunos especialistas creen que el Senado no estará dispuesto a aprobar esta medida, y hay amplia oposición a la iniciativa completa, pero está por verse si prospera o no. Lo que sí ha provocado es un consenso entre todas las principales organizaciones latinas del país, como entre los defensores de inmigrantes, en repudio a este proyecto de ley en general, a pesar de que la Casa Blanca la endosó y que el gobierno de México decidió moderar su reacción, señalando el martes, por medio del canciller Ernesto Derbez, que consideraba que este proyecto de ley "no es un golpe" contra México, sino simplemente un asunto de "política de seguridad" estadunidense.

 
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