Promueven iniciativa que le impediría declarar ante los medios de comunicación
Pretenden diputados imponer silencio al auditor sobre la Cuenta Pública
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados acordó con los presidentes de 20 comisiones que, a partir de este año, el ejercicio de integración del dictamen de Presupues- to de Egresos sea una práctica común, luego de que al evaluar la experiencia de diciembre pasado se consideró que la participación en conjunto permitió lograr un proyecto "más democrático".
El presidente de dicha comisión, el priísta Angel Buendía Tirado, convocó ayer a una reunión en el Salón Verde de San Lázaro, donde sostuvo que se debe dar a las comisiones un papel preponderante en la integración del presupuesto, así como en la evaluación de metas en el cumplimiento del ejercicio del gasto por el Ejecutivo.
"Las comisiones deben asumir su responsabilidad, como lo demanda la Ley Orgánica del Congreso, en el proceso de revisión del cumplimiento de metas y de los reportes trimestrales de la administración pública federal. Esto les permitirá tener un seguimiento preciso y oportuno de cómo se ejerce el presupuesto, así como coadyuvar en esta tarea con la Comisión de Presupuesto", dijo.
Buendía Tirado expuso que si bien la única comisión facultada para modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo y elaborar el dictamen respectivo es la de Presupuesto, "acreditamos que la participación, que nunca se había dado, de las comisiones en este ejercicio, permite democratizar el proceso de dictamen del presupuesto".
Por otra parte, durante la sesión ordinaria de ayer, un grupo de diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentaron una iniciativa de reforma a los artículos 30 y 80, así como una adición al artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, con la cual se pretende impedir al presidente del órgano superior de fiscalización "formular opiniones, comentarios y juicios de valor a los medios de comunicación" sobre el informe anual de resultados sobre la revisión de la Cuenta Pública.
El proyecto, que está avalado por PRI, PAN, PVEM, el diputado del PRD Guillermo Huízar Carranza y el petista Joel Padilla Peña, pretende que el auditor presente "exclusivamente" a la Cámara el examen del informe correspondiente en una fecha determinada y que, "mientras esto no suceda, la ASF deberá guardar reserva de su actuación y en lo relativo a la información que sobre el particular detente". También se busca que "el auditor superior de la Federación y los auditores únicamente puedan proporcionar información a la Cámara de Diputados" y se plantea que podría removérseles de sus cargos "cuando no guarden la reserva a la que están obligados y revelen hechos, datos, circunstancia o cualquier otra información de la que tuvieren conocimiento con motivo de su encargo".
El argumento para prohibir al auditor dar entrevistas es que las declaraciones que ha hecho Arturo González de Aragón en años pasados "han generado un debate innecesario sobre irregularidades en el manejo de recursos públicos que aún no se confirman, elevadas expectativas de resarcimientos a la hacienda pública federal, inexactitud de probables imposiciones de sanciones a servidores públicos, entre otros aspectos, lo que genera confusión en la opinión pública respecto de los resultados de la revisión".