Exigen que se permita el acceso a abogados para saber la situación de los internos
Familiares de reos bloquean 11 horas los accesos a La Palma
Aseguran que los presos están incomunicados y denuncian falta de respuesta de autoridades
ISRAEL DAVILA, ERIKA ARRIAGA Y RENE RAMON CORRESPONSALES
Familiares y amigos de internos en el penal de máxima seguridad de La Palma, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, bloquearon todos los accesos al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, e impidieron la entrada y salida de vehículos y personal durante 11 horas para exigir que la directora del penal, Josefina Jaime Quiroz, cumpla el compromiso que hizo con ellos el pasado domingo, en cuanto a permitir el acceso a los abogados defensores para que conocieran el estado en que se encontraban los detenidos.
Parientes y abogados aseguraron que los reos están incomunicados desde el viernes, y no se sabe de su estado de salud a raíz de la huelga de hambre que iniciaron la semana pasada en repudio al endurecimiento de las medidas de seguridad dentro del penal.
Por la noche, ante la presión de los manifestantes, las autoridades accedieron a dejar pasar al área de locutorios a 15 abogados durante tres minutos, para que verificaran cómo se encontraban sus clientes. Entre los litigantes que lograron ingresar a La Palma están los defensores de los narcotraficantes Osiel Cárdenas Guillén, de los hermanos Benjamín y Francisco Rafael Arellano Félix, así como el de Gilberto Mena, El June.
Este lunes continuaron suspendidas las visitas de familiares a los internos y se reiteró que no se reanudarán hasta que los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) culminen el operativo de revisión puesto en práctica desde el pasado viernes en todas las áreas del Cefereso, para detectar armas de fuego y utensilios prohibidos.
A pesar de las protestas no se ha incrementado el número de efectivos del Ejército Mexicano que custodian el perímetro de La Palma, al contrario de la cantidad de agentes de las Fuerzas de
Apoyo de la PFP, que ayer aumentó a 200, sólo para resguardar la entrada principal.
Los 20 camiones y decenas de vehículos particulares que movilizaron a unas 700 personas el fin de semana desde diversos puntos de Tamaulipas a Almoloya permanecieron en el lugar, pero las protestas afuera de La Palma se tornaron más agresivas por la falta de respuesta de las autoridades.
Durante el día se produjeron dos conatos de violencia. El primero ocurrió cuando los familiares retuvieron a dos trabajadoras sociales, empleadas del Cefereso, mientras se les exigía que explicaran la situación dentro del penal e informaran cómo se encontraban los internos tras el operativo.
Las dos mujeres se limitaron a explicar que la situación ''está tensa'' y que los elementos de PGR y PFP incluso han hecho revisiones exhaustivas a los empleados, al grado que ''nos obligan a desnudarnos''.
Con un micrófono y dos bocinas de alta potencia, una joven incitó a los inconformes a protestar por la falta de respuesta y sugirió prender fuego a una camioneta estacionada a un costado de la carretera que lleva al penal. Otros familiares de presos, provenientes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, evitaron que el vehículo fuera incendiado.
También se impidió que entraran a La Palma los camiones de víveres y agua para los internos en el penal. Más de 150 trabajadores de custodia, administrativos y de servicio social no pudieron abandonar las instalaciones hasta pasadas las 20:30, a pesar de que su turno concluyó desde las 3 de la tarde.
Algunos empleados y el personal de juzgados que acudieron al penal pudieron ingresar por el estacionamiento del Colegio de Policía, no sin antes escapar de jóvenes tamaulipecos que pretendieron agredirlos.
Operativo en Puente Grande
Alrededor de 140 elementos policiacos realizaron un dispositivo de seguridad por vía aérea y terrestre en torno al Cefereso Número 2, ubicado en Puente Grande, Jalisco, para resguardar la llegada al lugar del secuestrador Daniel Arizmendi López, El Mochaorejas; el narcotraficante Miguel Angel Beltrán Olguín, y el presunto guerrillero Héctor Cerezo Contreras. Autoridades de los municipios colindantes de El Salto y Tonalá, así como la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se declararon en alerta ante la reubicación de los citados reos, quienes hasta el fin de semana pasado permanecieron en La Palma.
El director de la policía de El Salto, César Julián García Fuentes, dijo que ''definitivamente debemos estar alerta; como (los reubicados) pertenecen a grupos de mafias y son delincuentes de alta peligrosidad, sobra a quién se le ocurra quererlos auxiliar para sacarlos de donde se encuentran recluidos''.
Destacó que a los elementos a su cargo les corresponde ''vigilar el área del penal jalisciense hacia El Salto, a cuatro kilómetros de distancia, así como el área de Chapala-Guadalajara y la carretera El Verde''.
Según fuentes de la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá, la dependencia custodió la carretera libre a Zapotlanejo hasta el poblado de Puente Grande y la autopista, en los límites entre Guadalajara y Tlaquepaque.
Por otra parte, el subsecretario de Seguridad Pública del estado de México, Miguel Angel Contreras Nieto, aseguró que ''no existen focos rojos'' en los 20 penales ubicados en la entidad, aunque también reconoció que dichas cárceles presentan sobrepoblación.
Agregó que las penitenciarías mexiquenses con mayor sobrepoblación son las de Chiconautla, en Ecatepec; Barrientos, en Tlalnepantla, y el penal Neza-Bordo, ubicado en Nezahualcóyotl.
Cortauñas, aparatos, ropa y celulares, pagando la tarifa
Servicios y mercancías a la carta en La Palma
El reglamento interno del penal así lo permitía
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
Durante las gestiones de Carlos Tornero Díaz y Guillermo Montoya como responsables de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y del penal de La Palma, respectivamente, los reos que purgaban alguna sentencia o enfrentaban diversos procesos en reclusión tenían acceso a varios servicios y mercancías, siempre y cuando pagaran ''la tarifa correspondiente'' y cumplieran con determinados ordenamientos que marca el reglamento interno del penal.
De acuerdo con versiones de custodios de La Palma y abogados que defienden a narcotraficantes, y según consta en documentos oficiales en poder de La Jornada, entre los objetos que ingresaban a ese centro carcelario destacan zapatos tipo tenis, pants, ropa térmica, televisores, cafeteras e incluso cortauñas, entre otros utensilios de uso personal.
La mayoría de los objetos fueron decomisados desde el pasado fin de semana, durante los operativos especiales que realizan la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ''retomar'' el control de La Palma.
Inclusive, el subsecretario de la SSP federal Miguel Angel Yunes Linares dio a conocer el pasado viernes -en conferencia de prensa- que, como parte del operativo de ''revisión de estancias'' de los internos, se descubrió que un interno poseía un televisor con pantalla de plasma, además de cafetera y cocaína. Durante el pasado fin de semana continuaron los decomisos de objetos, entre los que destacan aparatos de radiocomunicación, ropa, zapatos tenis y televisores.
No obstante, ni el funcionario ni el departamento de comunicación social de la SSP federal aclararon que el reglamento interno de La Palma, vigente al menos hasta diciembre pasado, permite a los reclusos tener acceso a aparatos electrónicos ''con ciertas especificaciones técnicas'', y a diversas mercancías para consumo y uso personales.
Este diario posee copia de dos fichas emitidas y firmadas por la Subdirección de Seguridad y Custodia de La Palma, que encabeza el comandante Rafael Salgado Castillo, con las que el pasado 2 de diciembre -un día antes de que Guillermo Montoya fuera separado de su cargo- fue autorizado el ingreso al centro carcelario de los siguientes objetos: ''Una televisión de 10 pulgadas con encendido manual, sin control remoto, con o sin radio integrado, con entrada para audífonos y adaptador de PLUG a campana para cable coaxial, sin antena y con teclado para sintonizar los canales; dos juegos de pants color beige, sin bolsas, botones, cierres, franjas ni estampados, que no son ostentosos, además de dos juegos de ropa térmica blanca sin bolsas, botones, cierres ni tampoco estampados''.
Asimismo, los trabajadores del Cefereso número uno, ubicado en el estado de México, y penalistas consultados -quienes solicitaron el anonimato por razones de seguridad- sostuvieron que el uso de teléfonos celulares sí estaba permitido, por lo menos mientras Montoya estuvo al frente de La Palma.
No obstante, los aparatos celulares eran considerados ''objetos de lujo'' y por ello únicamente eran para aquellos reclusos que podían pagar cantidades que oscilaban entre 30 mil y 40 mil pesos por aparato de comunicación.
Según las versiones obtenidas ayer, en lo relativo a la alimentación también se permitían ''cenas especiales'' para ''reos privilegiados'', que incluían una hamburguesa, media docena de tacos, y se llegaban a cotizar hasta en 3 mil pesos.
Los informantes precisaron que el dinero lo recibían algunos custodios, quienes supuestamente lo entregaban a una persona conocida como ''el administrador'', de quien rehusaron mencionar el nombre.
Denuncian custodios revisiones diferenciadas
Ya se habían soltado todos los amarres en los Ceferesos: Yunes
JESUS ARANDA
Custodios del penal de máxima seguridad de La Palma denunciaron ayer que mientras ellos son objeto de revisiones en las que prácticamente los desnudan para ingresar a laborar -como se hace con familiares y abogados de los internos- existe una entrada de ''exclusión'' en donde el director, altos mandos y personal de inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) tienen acceso con una revisión ''diferente''.
Por otra parte, el subsecretario de Seguridad Pública federal Miguel Angel Yunes reconoció que ''de dos a tres años a la fecha se habían soltado todos los amarres'' en los centros federales y el sistema penitenciario, razón por la que La Palma entró en crisis.
Los custodios fueron entrevistados en el contexto de la manifestación que hicieron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública federal, ubicadas en la Zona Rosa, donde reclamaron en nombre de 150 de sus compañeros que la dependencia les garantice las condiciones mínimas para cumplir con su labor.
Por su parte, Roberto Martínez Alemán, quien participó en la reunión de custodios con funcionarios de la SSP, negó que él y sus compañeros sean los ''artífices'' de la corrupción en el penal ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México.
Asimismo rechazó que sea necesaria la presencia de más de un centenar de militares a las afueras del penal para garantizar la seguridad. ''Sería mejor incrementar plantilla'' en 60 o 70 por ciento, en condiciones mínimas de respeto y con un sueldo adecuado'', señaló.
Martínez Alemán cuestionó las decisiones adoptadas por la SSP -como enviar a otros penales a Osiel Cárdenas, Daniel Arizmendi, Miguel Angel Caro Quintero y otros-, al señalar que ''a lo largo de 14 años en La Palma nadie se ha fugado.
''Nadie se ha ido y por eso nosotros decimos que somos la máxima seguridad.'' Comentó que pese a que él y sus compañeros tienen ingresos mensuales de 7 mil pesos, es falso que se hayan corrompido o que trabajen para el líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas. ''Nosotros trabajamos para la Dirección General de Prevención y Readaptación Social'', afirmó el custodio.
Comentó que en caso de que la situación laboral se agrave, podrían ponerse en contacto con sus compañeros de los penales de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, y de Matamoros, Tamaulipas, para defender sus derechos.
Por otra parte, en entrevista televisiva, el subsecretario de la SSP, Miguel Angel Yunes, detalló que el traslado de cinco reos, realizado el domingo pasado (el secuestrador Daniel Arizmendi, los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Miguel Angel Beltrán Olguín, así como los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras, acusados de haber colocado dos petardos en 2001, en sucursales bancarias en Xochimilco, acción atribuida a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo), fue para ''desmantelar toda la red que operaba'' en La Palma y que además tenía derivaciones hacia fuera del penal federal, ''lo que podía afectar a la sociedad''.
Indicó que Caro Quintero fue trasladado al penal de Matamoros luego de que se descubrió que pretendía ''controlar'' las actividades en la cárcel, junto con Osiel Cárdenas y Benjamín Arellano.
Como medida complementaria se trasladó a Cárdenas Guillén a un módulo de máxima seguridad y en otro similar a Benjamín Arellano, de modo que entre ellos ya no hay ninguna comunicación.
Yunes cuestionó también los artículos que se expendían en la tienda a la que tienen acceso los reclusos, entre ellos cortauñas, lijas, sacapuntas, pinceles, corta lija y botes de pintura, prohibidos por razones de seguridad. Aunque también se vendían pistaches y chocolates, a pesar de que ''se trata de un lugar donde hay personas que infringieron la ley, que lastimaron a la sociedad y que deben ser sancionados de manera estricta''.
El funcionario federal también alertó sobre el uso que pudieran dar a familiares y abogados de los detenidos ''seudo organizaciones de derechos humanos'' para cuestionar la labor de la autoridad. ''Queremos que la sociedad entienda'' que se tiene que sancionar de manera estricta y con toda la fuerza del Estado a quienes la han afectado.
Finalmente señaló que ya era necesaria la renuncia de Carlos Tonero Díaz como director general de Prevención y Readaptación Social (entra en vigor a partir del próximo 31 de enero), porque a pesar de ser un hombre que ya tiene muchos años de trabajar en el sistema carcelario, ''de dos o tres años a la fecha se habían soltado todos los amarres en los centros federales y ésa es la razón por la cual La Palma entró en crisis''.
Reubicaciones fallidas
Los narcotraficantes Benjamín y Francisco Arellano Félix, integrantes del cártel de Tijuana, así como Osiel Cárdenas Guillén y Gilberto García Mena, El June, ambos del cártel del Golfo, no pudieron ser cambiados del penal federal de La Palma el pasado domingo debido a que cuentan con suspensiones obtenidas en vía de amparo, que les garantizan no ser movidos de ese centro carcelario hasta en tanto no concluyan los juicios de garantías que cada uno solicitó.
Incluso, funcionarios del juzgado primero de distrito en materia de amparo, con sede en Toluca, estuvieron reunidos el pasado fin de semana con autoridades penitenciarias a fin de advertirles que incurrirían en desacato judicial si trasladaban a otros penales federales a los capos antes mencionados.
Según fuentes judiciales, los abogados de los cuatro inculpados tramitaron desde la mañana del pasado sábado los juicios de amparo correspondientes en contra de posibles traslados, incomunicación y malos tratos.
En los amparos que promovieron, los narcotraficantes solicitaron a jueces federales impedir cualquier intento de las autoridades para cambiarlos de penal, situación que temen desde ayer, porque junto con el operativo militar arribó a La Palma un helicóptero. De entrada les concedieron suspensiones provisionales y por ello no pudieron ser reubicados de penal.
Quienes no corrieron con la misma suerte fueron Miguel Angel Caro Quintero y Miguel Angel Beltrán Olguín, presuntos narcotraficantes sujetos a proceso penal; Daniel Arizmendi López, secuestrador, y los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras, acusados de pertenecer a una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo.
Este es el segundo traslado de reos en los últimos cuatro meses, luego de que el pasado 12 de octubre fueron enviados del penal de La Palma, en el estado de México, al de Puente Grande, en Jalisco, medio centenar de internos de alta peligrosidad, entre ellos el narcotraficante Rafael Caro Quintero -quien purga una condena de 90 años por el asesinato y secuestro del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y su informante, el piloto mexicano Alfredo Zavala- y el asesino material de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto Martínez.
Alfredo Méndez Ortíz
Encuentran un hombre asesinado en la zona donde ocurrieron las aprehensiones
La PGR exculpa a los 24 agentes de la AFI detenidos en Cuautitlán Izcalli
SILVIA CHAVEZ GONZALEZ Y JESUS ARANDA CORRESPONSAL Y REPORTERO
Cuautitlan Izcalli, Mex., 17 de enero. La Procuraduría General de la República (PGR) necesitó menos de 24 horas para determinar que los 24 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) detenidos por policías de Cuautitlán Izcalli "se encontraban realizando una investigación confidencial relacionada con el delito de secuestro" sobre la cual "no se pueden proporcionar mayores datos", por lo que ayer fueron puestos en libertad.
Sin embargo, autoridades municipales panistas exigieron que sea esclarecido el hecho de que a escasos 600 metros del lugar en que fueron aprehendidos los primeros cuatro oficiales de la AFI fue encontrado el cadáver de un hombre que presentaba al menos seis impactos de bala, y que en el lugar del crimen había varias ojivas de arma de fuego.
El secretario del ayuntamiento, Oscar Bacilio Sánchez, y el director de la Policía Municipal, el ex diputado federal panista Agustín Torres Delgado, en conferencia de prensa destacaron que corresponde al Ministerio Público aclarar los acontecimientos en que fueron detenidos 24 agentes de la AFI.
A 24 horas de la detención, que obligó a que estuvieran presentes 150 policías antimotines estatales y municipales, que custodiaron el centro de justicia local por temor a que 50 elementos de la AFI pretendieran rescatar a sus compañeros, autoridades locales señalaron que hasta el momento existe confusión sobre los hechos.
Por su parte, la PGR, luego de exculpar a sus agentes, añadió en un comunicado que "se acreditó" que el vehículo Ford Euro Star de procedencia extranjera en el que iban los agentes federales no fue introducido ilegalmente al país, y que "en tales circunstancias", al comprobar que estaban realizando funciones propias de su cargo y que "su aseguramiento (detención) resultó improcedente", los 24 agentes (primero fueron aprehendidos cuatro y los otros 20 cuando trataron de liberarlos) fueron dejados en absoluta libertad y en ejercicio de sus funciones.
Ante la falta de coordinación con las autoridades del municipio mexiquense, la PGR destacó la colaboración con la procuraduría estatal, la cual inició la averiguación previa CUA/IZC/II/284/2005-01, en la que se revisará la actuación de los policías municipales, quienes podrían pasar de acusadores a acusados.
Por su lado, el secretario del ayuntamiento mexiquense destacó que para autoridades locales quedó clara la "falta de coordinación" entre autoridades de la AFI y locales, pues nunca medió una justificación oficial de la presencia de cuatro agentes federales en un supuesto operativo en la colonia La Cofradía Tercera.
El funcionario insistió en que los cuatro elementos detenidos inicialmente nunca exhibieron el oficio que avalara el desarrollo del operativo federal. Destacó que para autoridades locales no es suficiente portar insignias de la AFI; "evidentemente, a estas alturas no podemos guiarnos por esas características, pues suele suceder que delincuentes utilizan uniformes e insignias apócrifas para cometer sus crímenes", añadió.
Entre los hechos confusos el funcionario planteó que en una banqueta de la colonia Bosques de la Herradura, a 600 metros de la colonia La Cofradía Tres, donde fueron detenidos inicialmente cuatro elementos de la AFI, fue localizado el cadáver de Víctor Manuel Hernández Ramírez, cuyo cuerpo presentaba al menos seis impactos de arma de fuego.
El funcionario destacó que el hecho resulta extraño, si se considera que en el sitio de la detención de los federales, en la esquina Camino Tepotzotlán y Camino Huixquilucan, de La Cofradía Tres, fueron contabilizados al menos 31 impactos de proyectil de arma de fuego, que alcanzaron la pared de un domicilio particular y un centro prescolar.
Agustín Torres Delgado, director de Seguridad Pública municipal, reconoció la actuación de Yolanda Villalba Pérez, Edgardo Valdez Martínez y Leticia Islas Muñoz, quienes participaron en la detención inicial de cuatro elementos de la AFI. Sin embargo, informó que este día los tres fueron citados por el Ministerio Público Federal, para que acudieran a rendir declaración de los hechos.
"Medida de excepción"
Diego Fernández justifica la presencia militar en La Palma
VICTOR BALLINAS
La participación del Ejército en el penal de La Palma "es una medida de excepción, por el momento que se estaba viviendo en ese centro de reclusión, donde era preferible, necesario e imprescindible el uso de la fuerza para evitar una violencia de proporciones graves", sostuvo ayer el senador panista Diego Fernández de Cevallos.
También presidente del Senado de la República, Fernández de Cevallos afirmó que fue "un gran acierto" del gobierno federal ordenar el apoyo de las fuerzas armadas para evitar un baño de sangre que pudo haberse presentado en ese centro de máxima seguridad.
Resaltó que el gobierno federal no perdió el control de esa cárcel ni de los centros penitenciarios de máxima seguridad, porque "los problemas de estos penales vienen de muchos años, no es algo que se haya dado en esta administración ni que se haya generado en los últimos tiempos".
El panista manifestó que la situación del sistema carcelario federal ya se venía deteriorando desde hacía tiempo y los esfuerzos que se hacían eran insuficientes, y de alguna manera "ya estaban afectados -los penales- en lo más profundo de su estructura administrativa, y esto los hacía no sólo inseguros, sino peligrosos".
