Apenas en la actual campaña el asunto toma rango de acusación directa, afirman

El tema del narco, cotidiano en Sinaloa; no influirá en comicios, dicen expertos

El impacto de los señalamientos recientes se conocerá tras la jornada del domingo

JAVIER VALDEZ Y CLAUDIA HERRERA CORRESPONSAL Y ENVIADA

Culiacan, Sin., 11 de noviembre. Las acusaciones mutuas entre priístas y panistas de estar involucrados con el narcotráfico fueron la nota recurrente en este proceso electoral; sin embargo, la relación entre algunos políticos y delincuentes es antigua en Sinaloa.

Estudiosos ubican esos nexos desde hace por lo menos tres décadas y como muestra de la forma en que el tráfico de drogas ha logrado permear diversos aspectos de la vida de la entidad.

En 2004 la polémica se desató cuando se conoció que Saúl Rubio y Wilfredo Veliz, candidatos del PAN a diputado local y presidente municipal de Sinaloa de Leyva, habían asistido al sepelio del narcotraficante Miguel Angel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, a finales de septiembre.

En respuesta, los panistas, en voz del candidato a gobernador Heriberto Félix y del presidente estatal del partido, Luis Roberto Loaiza, responsabilizaron al gobernador del estado Juan S. Millán de tener nexos con el narcotráfico y señalaron que si triunfaba Jesús Aguilar Padilla, el abanderado del PRI, iba a continuar la inseguridad en el estado, donde hasta ahora suman más de 3 mil ejecuciones.

El boom que experimentó el consumo de drogas en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para muchos marcó el inicio del narcotráfico en Sinaloa, pero expertos en el tema, como Luis Astorga, mencionan que fue desde principios del siglo XX cuando aquí ya se vendían cocaína y goma de opio.

La actividad se intensificó en la década de los 40. El objetivo era surtir de morfina a los soldados estadunidenses que participaban en la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, en la de Vietnam. En ese momento se trataba de un tráfico incipiente, rudimentario y ajeno a la violencia y los ajustes de cuentas de nuestros días. Y después se salió de control.

Operación Cóndor

Trascurrieron tres décadas de crecimiento y expansión de mafias, multiplicación de extensiones de siembra y distribución, rutas y homicidios, para que se diera la intervención del gobierno.

En el estudio México, Colombia y las drogas ilegales: variaciones sobre un mismo tema, Astorga señala que en 1976 un colombiano fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de México al intentar introducir 13 kilos de cocaína, la mayor cantidad decomisada a un individuo hasta entonces.

En enero de 1977, agrega, el gobierno mexicano da inicio oficialmente a la llamada Operación Cóndor (en realidad había comenzado en noviembre de 1975), la mayor campaña antidrogas jamás realizada en el país, en la que participaron más de 10 mil soldados bajo el mando del general Jesús Hernández Toledo.

La operación se instrumentó en el llamado triángulo dorado: los linderos de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

El municipio de Badiraguato era uno de los objetivos militares. Tenían instrucciones de arrasar con todo. Y así lo hicieron: plantíos de maíz devastados y viviendas destruidas.

Y sí, mucha mariguana y amapola decomisada. Predios grandes y pequeños con las plantas de enervantes fueron incendiados, cercenados. Pero también quedaron pueblos desolados y familias que emigraron.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Oscar Loza Ochoa, recuerda esa época y cuestiona la participación del Ejército en acciones contra la violencia y el narcotráfico.

Hay que partir, añadió, de reconocer que el narcotráfico y sus secuelas se han arraigado y no se trata de un fenómeno que "nos podamos sacudir fácilmente"; si acaso se debe trabajar en disminuir el daño.

En esa época comunidades enteras fueron rociadas con Paraquat, un químico para la quema de plantíos de enervantes, pero éste alcanzó a sus pobladores, quienes además sufrieron robos y vejaciones.

Narcos y políticos

El pago de la factura del narcotráfico en Sinaloa ha sido alto. Los casos de homicidios dolosos, por ejemplo, fueron alrededor de 6 mil durante el gobierno de Antonio Toledo Corro y, de acuerdo con organismos defensores de derechos humanos, 3 mil 700 en el de Francisco Labastida Ochoa, así como una cifra similar durante la administración de Renato Vega Alvarado.

De esta tierra son originarios jefes de organizaciones criminales como Miguel Angel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Héctor Luis Palma Salazar El Güero, Ernesto Fonseca Don Neto, Amado Carrillo El señor de los cielos, los hermanos Arellano Félix, Joaquín Guzmán El Chapo, e Ismael Zambada El Mayo, entre otros.

Para el investigador y catedrático Salomón Sánchez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la narcopolítica en la entidad empezó hace unas tres décadas.

"Los años 70 son muy significativos para este tema. Sobre todo porque involucra a la primera autoridad estatal en turno, cuyos familiares, a la sombra del político, se encargan de construir y operar la red, la cual involucra a hijos, sobrinos, tíos y otros familiares. Todos ellos en torno a la clase política dominante", afirma.

El politólogo agrega que de esa forma se reparten las concesiones para expender la droga, con la protección de la administración pública estatal.

El narco ha sido tema constante, vivo, en la vida política estatal a partir de 1980, durante el gobierno de Toledo Corro, y aunque apenas ahora toma el rango de acusación directa, no tiene ningún impacto entre el electorado, afirma la politóloga Mercedes Verdugo.

La catedrática de sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y estudiosa de los fenómenos políticos y electorales locales advierte: "la sociedad sinaloense no le pone atención y lo ve como algo cotidiano, a lo que está acostumbrada.

"El tema del narco ha sido constante en la vida política del estado y ahora, en estas elecciones, toma el rango de acusación directa, pero sin efecto en la sociedad", sostiene.

La prueba de su impacto se conocerá el próximo domingo, cuando un millón 600 mil sinaloenses acudan a las urnas para elegir gobernador, 18 presidentes municipales y 40 diputados locales después de haber estado expuestos a campañas donde predominaron las denuncias en torno a la narcopolítica.