Propone que se sancione a quienes interfieran y difundan comunicaciones privadas

Presenta el PRD en San Lázaro una iniciativa contra el espionaje

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa de reforma al artículo 16 de la Constitución, para agregar al primer párrafo que "nadie puede ser molestado en sus comunicaciones privadas, además de su persona, familia, domicilio y papeles", con la intención de terminar con la práctica ilegal del espionaje a particulares con propósitos políticos.

En tribuna, la diputada federal del sol azteca Dolores Gutiérrez Zurita señaló que la práctica del espionaje telefónico, de la grabación de conversaciones privadas, que se utilizó durante muchos años contra los opositores para ser empleada posteriormente con fines políticos, para hostigar, chantajear y corromper a los adversarios, se ha reditado en el gobierno de Vicente Fox.

Afirmó que esa práctica, "de regímenes totalitarios, autoritarios y antidemocráticos", daña a la sociedad, y dijo que diversos estudiosos del derecho consideran el espionaje telefónico y a la difusión pública de grabaciones y videos de conversaciones privadas como un instrumento que imposibilita la convivencia pacífica y el desarrollo de la democracia, además de que representa una grave inseguridad jurídica no sólo para los políticos, funcionarios y periodistas, sino también para los ciudadanos en general.

"Actualmente todos están expuestos a ser grabados en sus conversaciones telefónicas y sujetos a ser exhibidos ante la opinión pública sin una aclaración de por medio, sobre todo porque se trata de conversaciones privadas entre particulares."

Ante ese panorama, la legisladora planteó que debe terminarse con esa práctica irregular mediante una adición al artículo 16 constitucional, que, además de prohibir la interferencia de las comunicaciones privadas -a menos que, como estable el ordenamiento vigente, sea por mandamiento escrito de la autoridad competente-, añada sanciones para quien la lleve a cabo.

Propuso que en el texto constitucional se establezca una sanción "contra quienes, conociendo que una comunicación es privada, la difundan a través de cualquier medio a sabiendas de que fue obtenida sin la autorización correspondiente".

Por otra parte, a solicitud del PRI la Cámara de Diputados exigió al Servicio Nacional de Sanidad que adopte medidas urgentes para que se sancione administrativa y penalmente a quienes resulten responsables por la importación, industrialización y venta para el consumo de leche contaminada proveniente de Texas, Estados Unidos.

Además, con el punto de acuerdo, el pleno camaral solicitó a la Administración General de Aduanas cancelar en forma definitiva el padrón de importadores a las empresas nacionales que hayan ingresado al país dicho producto.

En una sesión en la que se presentaron 33 solicitudes para ampliación de recursos a diversos sectores dentro del Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al presidente Vicente Fox y al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, para que éste emita una convocatoria pública sobre la selección de los tres integrantes de la sociedad civil que formarán parte del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos.

Al fundamentar el punto de acuerdo, el diputado priísta Héctor Gutiérrez de la Garza señaló que aun cuando la Cámara interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el Legislativo está obligado a defender que "Santiago Creel no haga del otorgamiento de permisos en materia de juegos y sorteos una fiesta privada", y esto sólo es posible haciendo que el consejo consultivo se integre de manera transparente.

A pregunta de Arturo Nahle, del PRD, el legislador priísta señaló que al opinar sobre un reglamento sujeto a controversia constitucional la Cámara no lo avalaría en forma automática. Por su parte, el diputado de Convergencia Jesús González Schmal señaló que el Legislativo "hoy no puede plegar su voz, no puede omitir su presencia frente a lo que es ciertamente una amenaza: que al entrar en vigor ese reglamento se consume un acto de un grupo de apoderados facultados para dar curso a un ordenamiento nocivo para el bien nacional. La Cámara no puede guardar pasividad frente a un hecho consumado".