Reasignan diputados recursos a campo, educación y actividades que generen empleo

Recortan $40 mil millones a gobierno federal, organismos y entidades desconcentradas

Se incluye el rescate bancario, Adefas, Enciclomedia, Biblioteca Vasconcelos e IFE

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La Cámara de Diputados recortará casi 40 mil millones de pesos al gasto del gobierno federal, organismos y entidades desconcentradas, con objeto de reasignar recursos al desarrollo del campo, la educación y actividades productivas que generen empleo. Ayer las fracciones de PRI, PRD y PT decidieron que recortarán 6 mil millones de pesos al rescate bancario; a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), 4 mil millones; desaparecerá el programa Enciclomedia, cuyo valor alcanza casi 2 mil millones de pesos; la Biblioteca Central José Vasconcelos no recibirá los 500 millones que solicita el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y al Instituto Federal Electoral (IFE) se le restarán 500 millones de pesos.

El equipo de trabajo de la Comisión de Presupuesto, encargado de asignar y reasignar recursos a programas prioritarios, integrado por los perredistas Minerva Hernández, Alfonso Ramírez Cuéllar, Diana Bernal y Miguel Alonso Raya, la legisladora del PRI María Esther Scherman, así como los asesores del PT, Alejandro Gómez y Mario Rojas, analizaron tres propuestas formales de recorte.

En la primera, el perredismo prevé recortar 30 mil millones de pesos, mientras que el Revolucionario Institucional estableció un piso de 36 mil 700 millones, aunque aclaró que su intención es ir por más, mientras que el Partido del Trabajo propone que las asignaciones y reasignaciones se ubiquen en el rango de los 44 mil millones de pesos.

Como resultado de sus deliberaciones -que continuarán este viernes desde las 10 de la mañana- el grupo de trabajo tomó el acuerdo ya referido en torno al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), los Adefas, Enciclomedia y la Biblioteca Vasconcelos, así como el Instituto Federal Electoral. No obstante, priístas, perredistas y petistas acordaron revisar las partidas 1406 y 1407 del proyecto de presupuesto, con objeto de que los seguros médicos y de retiro de la alta burocracia dejen de operar y, con ello, se logre un ahorro de 6 mil 250 millones de pesos. También se prevé restar recursos al Seguro Popular, por una cantidad de 300 millones, y se advierte que el Programa Oportunidades también puede ser susceptible de una merma en su presupuesto.

En otro rubro, los legisladores del PRI pretenden recortar 5 mil 500 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, propuesta que es bien vista e incluso respaldada por perredistas y petistas. Otro objetivo de ahorro para los diputados es la Presidencia de la República, a la que se le quitarían 277 millones de pesos, y a la Secretaría de Gobernación de 106 a 500 millones de pesos.

Las presiones de gasto, que se calculan en 183 mil millones de pesos, colocan al Poder Legislativo en una situación complicada, porque tan sólo al sector educativo se le deberían reasignar 39 mil 206 millones de pesos; a comunicaciones y transportes, 33 mil 468 millones; Secretaría de Medio Ambiente, 25 mil 216; salud y seguridad social, 15 mil 64, y 4 mil millones de pesos a la Secretaría de Economía.

Mientras, el grupo de trabajo que dictaminará la normatividad de la Ley de Egresos también sesionó para analizar el proyecto elaborado por el ex diputado priísta Jorge Chávez Presa, que fundamentalmente propone acotar e imponer candados al gobierno federal en el manejo de los recursos. En ese encuentro, los perredistas Diana Bernal y César Chávez no se ajustaron a la línea que se había marcado en su partido de apoyar las propuestas del priísmo, y manifestaron que ni las respaldaban ni las reprobaban. Incluso, Diana Bernal, quien es secretaria de la Comisión de Hacienda, ignoró las observaciones que le hacían sus asesores del grupo parlamentario del PRD.

Los panistas José Guadalupe Ozuna, Gabriela Ruiz del Rincón, Javier Castelo y Manuel Enrique Ovalle protagonizaron un enfrentamiento con el resto de los integrantes de la Comisión de Presupuesto, cuando en el análisis del tercer artículo del proyecto de Presupuesto de Egresos se consideró el primer candado a la administración foxista.

José Guadalupe Ozuna replicó y dijo que de ninguna manera el PAN permitiría que se aplicaran candados al gobierno federal, porque lo que estaba haciendo con ello el Poder Legislativo no era otra cosa que la invasión de funciones.

Desinterés panista

Los legisladores panistas abandonaron desde entonces la reunión, y ayer en ningún momento manifestaron interés por regresar a las deliberaciones. Y es que la normatividad a debate contempla fijar un techo máximo de gasto corriente al gobierno federal, así como a la obligación de éste por informar de los ahorros que realice a lo largo del año.

También se prevé la regulación de los ingresos excedentes por la venta de petróleo, para determinar el destino de éstos. En el terreno de los ahorros presupuestarios éstos se destinarán a sufragar la deuda generada por las compensaciones económicas otorgadas a los servidores públicos que decidan voluntariamente concluir sus servicios; es decir, se trata del llamado retiro voluntario.

El proyecto incluye el control y seguimiento puntual de los fideicomisos, tanto públicos como privados, que utilicen recursos públicos. Incluso, se proponen lineamientos de comunicación social y un título cuarto que contempla la información, transparencia e información de las tareas y actividades que desempeñen las instituciones del Ejecutivo federal. Sobre el particular, se prevé que la Auditoría Superior de la Federación funcione como auténtico ente fiscalizador.

Por la noche, el diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar informó que la Comisión de Hacienda del Senado de la República modificó el paquete de ingresos enviado por la Cámara de Diputados como minuta y determinó que el déficit presupuestario se ubicará en 0.22 por ciento, hecho que implicará una pérdida de 8 mil millones de pesos.

El órgano hacendario del Senado determinó aceptar el sistema de autogenerados del Sistema de Educación Pública Superior a cambio de aceptar un informe trimestral de las instituciones de educación superior. La estimación del precio del petróleo se mantuvo en 27 dólares por barril, mientras que el sistema de costo de ventas se modificó de tres a cuatro años de rotación y un plazo de 10 años más, que venza en el año 2013, generando una caída recaudatoria de 6 mil millones de pesos, entre otras cosas.