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E D I T O R I A L
 

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México D.F. Viernes 5 de noviembre de 2004

 

Espectáculo y cortina de humo

El esperado desafuero de René Bejarano, aprobado ayer por la Cámara de Diputados, es en sí mismo un acto correcto y procedente que abre el camino a un proceso legal en el cual habrá de dilucidarse si el asambleísta separado del cargo cometió o no los delitos que le fueron imputados a raíz del célebre videoescándalo de marzo pasado, en el que pudo verse a Bejarano recibiendo fajos de billetes de manos de Carlos Ahumada. Pero en el contexto en el que ocurre, el procedimiento legislativo mencionado exhibió la doble moral y la hipocresía del conjunto de la clase política que padece el país y, más allá de su pertinencia jurídica y legal, parece una medida para distraer la atención pública y alejarla de conductas delictivas de políticos y servidores públicos que resultan, cuantitativa y cualitativamente, mucho más graves y agraviantes que el trasiego de efectivo entre el ex perredista y el empresario de origen argentino.

Por principio de cuentas, llama la atención que la Cámara de Diputados haya decidido resolver el desafuero de Bejarano antes que otros procesos similares que se encuentran pendientes desde antes, como los de los senadores priístas Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, figuras clave en el desvío multimillonario de recursos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, y del líder charro Fernando Espino Arévalo. En contraste con la discreta protección y el encubrimiento que las bancadas del PRI y del PAN han venido otorgando a esos presuntos delincuentes con fuero, en el caso de Bejarano no sólo se actuó con celeridad inusitada sino que se buscó convertir en espectáculo público su linchamiento moral. Cabe esperar, ahora, que el Poder Judicial juzgue y no prejuzgue sobre los delitos atribuidos a Bejarano y que se le otorgue un juicio justo, apegado a derecho y ajeno a las consignas políticas de quienes, más que anhelar la impartición de justicia y la reparación de los daños que hubieran podido causarse, desean fervientemente el golpe de efecto que, suponen, representaría la colocación tras las rejas de un ex colaborador de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que no cabe llamarse a engaño: el jurado de procedencia armado ayer en San Lázaro es, a su manera, la continuación de la campaña contra el gobierno de la ciudad de México y su titular, a quien se pretende dejar fuera, a como dé lugar, de los escenarios electorales de 2006. Porque si el celo inquisitorial contra Bejarano fuera expresión de una auténtica voluntad de combatir y erradicar la corrupción, habría debido llevarse ante un juez, antes que al ex perredista, al heredero del Partido Verde Ecologista de México, Jorge González Martínez, exhibido antes que Bejarano en un video que lo mostraba pidiendo dos millones de dólares a un inversionista extranjero a cambio de permisos para construir un negocio en la zona turística del Caribe. Si hubiese una real convicción de luchar contra los donativos electorales ilegales, Lino Korrodi, el ex amigo del presidente Vicente Fox, tendría que estar sujeto a proceso. Si la clase política en su conjunto tuviera un verdadero afán de depurarse tendría que empezar por admitir que la diferencia entre Bejarano y la mayoría de quienes votaron su desafuero reside en que el primero fue videograbado en el momento de recibir donativos en efectivo para campañas políticas -no necesariamente electorales-, en tanto que los segundos "supieron cómo hacerlo" o, al menos, hallaron la manera de perdonarse unos a otros -Pemexgate a cambio de Amigos de Fox, por ejemplo- sus corruptelas.

Sin ánimo de criticar el desafuero y el proceso legal contra Bejarano, cabe preguntarse si no resulta un despropósito presentar a este político como el gran villano en turno, mientras el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, a quien se señalan vínculos con el narcotráfico y participación en un homicidio, recibe frecuentes espaldarazos presidenciales.

En lo inmediato, y si queda algún pudor entre los gobernantes en turno, el desarrollo del caso Bejarano-Ahumada tendría que derivar en la apertura de una investigación judicial contra Carlos Salinas de Gortari -documentadamente mencionado por el ex asambleísta como cerebro detrás de Ahumada-, Rosario Robles y otros personajes políticos que participaron en la conjura contra el Gobierno del Distrito Federal. Por último, ¿no sería pertinente también promover el desafuero del senador Diego Fernández de Cevallos, para que éste pueda esclarecer los señalamientos que lo involucran en esa conspiración? ¿No sería pertinente que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, repitiera ante un juez los alegatos de inocencia que pronuncia un día tras otro ante los medios informativos? ¿No sería decente y ético que el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos explicara los criterios para conceder o denegar el servicio en hoteles a denunciantes como Carlos Ahumada? ¿Existe otra manera de despejar las sospechas sobre la participación del actual gobierno en el complot mediático, político y jurídico contra López Obrador?
 

 
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