El expediente, sin elementos de que García Uribe haya sido forzado: magistrado

Presentará ONG caso de El Cerillo ante la CIDH por presunta tortura

ALMA E. MUÑOZ Y RUBEN VILLALPANDO REPORTERA Y CORRESPONSAL

Tras la sentencia de 50 años de prisión a Javier García Uribe El Cerillo por el asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) anunció que se sumará a la defensa legal del acusado porque su confesión habría sido producto de la tortura.

El próximo 23 de octubre presentará a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el seguimiento del caso, dado que el organismo internacional pidió al gobierno mexicano, desde hace un año, que se brindaran medidas cautelares a García Uribe, su familia y abogado, Sergio Dante Almaraz, por considerar que son objeto de amenazas y maltratos por autoridades policiacas de aquel estado.

La CMDPDH consideró que el juez tercero de lo penal con sede en Ciudad Juárez, Gustavo Mendoza, "no hizo una adecuada valoración de las pruebas de cargo y descargo -como es el reporte médico donde se comprobaría la tortura para arrancar confesiones-, tolerando todas las irregularidades imputables a la Procuraduría General de Justicia local en la integración de las investigaciones".

Vía telefónica, durante una conferencia de prensa celebrada en la capital de país, el abogado de García Uribe y el propio sentenciado afirmaron que agotarán los mecanismos judiciales nacionales (apelación y amparo) antes de recurrir, con el apoyo de la organización no gubernamental, a la CIDH, sobre todo porque, sostienen, hubo sentencia sin comprobar delito de por medio.

Insistieron en que el gobierno de Chihuahua recurrió en noviembre de 2001 a "pruebas amañadas" para fincar responsabilidades en perjuicio de Víctor García y Gustavo González Meza -ya fallecido- al someterlos a torturas físicas y sicológicas con el fin de que reconocieran su autoría en el crimen de ocho mujeres cuyo ADN, según la defensa, científicamente no coincide con los familiares de las jóvenes a quienes supuestamente habrían atacado.

En Ciudad Juárez el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, José Chávez Aragón, dijo que la pena contra García Uribe por secuestro, homicidio y violación de ocho mujeres localizadas en noviembre de 2001, fue dictada atendiendo la orden de un juez federal, luego de que el abogado defensor Sergio Dante Almaraz ganó un amparo en favor de su cliente para que le dictaran sentencia.

Chávez Aragón dijo que el juez tercero de lo penal dictó la sentencia conforme a lo establecido en el expediente, en el que no existen elementos de que haya sido torturado o forzado a declarar que él había matado a esas mujeres, localizadas en un campo algodonero el 2 y 3 de septiembre hace tres años.

Agregó que de acuerdo con las leyes vigentes en Chihuahua, los expedientes deben resolverse en un año; solamente en los casos en los que los defensores y los acusados aportan más pruebas o solicitan que se amplíe el plazo, se puede tardar en dictar la sentencia.

Al ser cuestionado sobre la aplicación del Protocolo de Estambul (estudios para definir si fue torturado) que hicieron peritos de la Procuraduría General de la República, informó que al momento de dictar sentencia no había documentos dentro del expediente acerca de que García Uribe hubiera sido torturado, por lo que van a esperar a que las autoridades federales emitan su dictamen que, si es favorable para el acusado, se integraría al expediente que va a analizar un magistrado estatal -en caso de que apelen la sentencia- o de un magistrado federal, si solicitan amparo.

Chávez Aragón dijo que la pena contra García Uribe causó polémica; sin embargo, se basa en el expediente y en las pruebas aportadas por el Ministerio Público y el abogado defensor.