Tuvo la responsabilidad definitiva en las decisiones que desencadenaron la masacre: Loaeza

Echeverría enfiló a Díaz Ordaz a ordenar la matanza de Tlatelolco

''Lo manipuló, lo desinformó, lo engañó'' Documentos secretos de EU prueban su participación

BLANCHE PETRICH /I

Soledad Loaeza, politóloga de El Colegio de México, señala que Gustavo Díaz Ordaz -objeto de un proyecto de investigación al que le ha dedicado los dos últimos años- pasó a la historia ''con el estigma indeleble'' de la matanza de Tlatelolco. Pero acota: aunque el juicio inapelable de las generaciones posteriores a 68 ha caído sobre Díaz Ordaz, fue su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien tuvo la responsabilidad definitiva en las decisiones que se tomaron y que desencadenaron la masacre.

''Sé que muchos colegas intelectuales me van a quemar en leña verde por decir esto'', reconoce, y aun así sostiene su hipótesis políticamente incómoda. Díaz Ordaz en su soledad, en la cúspide del poder al momento de tomar la decisión de atacar con el Ejército una manifestación pacífica de jóvenes, ha sido objeto de largas noches de lectura y reflexión de la investigadora. ''Y prefiero entender su tiempo y su mundo, antes que juzgarlo''.

Clase política autoritaria y empresarios pidiendo sangre

Describe una postal de aquel verano y otoño de 1968: México estrujado entre una clase política autoritaria, un sector empresarial pidiendo sangre, una sociedad crispada por las protestas antiautoritarias de los estudiantes y la presión de un vecino del norte que invadía un día sí y otro también países latinoamericanos en riesgo de caer en la inestabilidad, presas de su obsesión de entonces: la conspiración comunista.

Y Díaz Ordaz, sostiene Loaeza, era un presidente con poderes ''muy acotados, sin respaldo práctico del Congreso, sin capacidad de hacerse escuchar por los líderes del movimiento estudiantil. Pero tenía un problema más grave: su secretario de Gobernación. Con el presidente aislado en Palacio Nacional, Echeverría había logrado colocarse como su única fuente de información. Lo manipuló, lo desinformó, lo engañó''.

Después de estudiar el sexenio 1964-1970 en su contexto internacional e interno, la doctora en ciencia política y en relaciones internacionales, autora de El Partido Acción Nacional: la larga marcha, y Oposición leal y partido de protesta, imagina así al personaje del 2 de octubre: ''Muy rígido, con un gran sentido del deber, más que del poder. Siempre tenso, desagradable. Intelectualmente limitado, pero una persona que decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Todo lo contrario de Echeverría, que en mi opinión es mucho más siniestro. ƑAlguna vez se vio a Echeverría tenso o angustiado en público? Nunca. Fue un personaje profundamente hipócrita. Y no dudo que haya sido él quien enfiló a Díaz Ordaz a tomar la decisión de atacar en Tlatelolco''.

El ''comité de crisis''

Dos meses antes de la matanza de Tlatelolco, el 6 de agosto de 1968, el director de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado de Washington, Thomas Hughes, daba cuenta en una nota confidencial que el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez, había tomado las riendas del manejo de la crisis estudiantil, poniéndose al frente de un ''comité de crisis''. Finalmente -se congratulaban los numerosos agentes estadunidenses en el terreno-, el gobierno mexicano había decidido pasar de la etapa ''permisiva'' a la contraofensiva.

El mismo Echeverría, identificado en múltiples documentos clasificados como top secret de la CIA, la FBI y la embajada de Estados Unidos como su ''principal informante'' y hombre clave en la toma de decisiones del país, fue quien aseguró durante una reunión en la sede de la misión estadunidense -27 de septiembre, apenas seis días antes de la masacre, según reporta un cable de la misma embajada- que el gobierno había tomado la determinación de ''descabezar'' el movimiento estudiantil antes de que se inauguraran los juegos olímpicos, el 12 de octubre.

Estos documentos, telegramas, memoranda, análisis y cables -todos ellos clasificados top secret- fueron desclasificados el año pasado por demandas bajo la ley de acceso a la información estadunidense por la investigadora de los Archivos de Seguridad Nacional, Kate Doyle, y publicados en su momento como archivos abiertos por la autora en una revista nacional.

En ellos queda plenamente documentado que, a pesar de que durante tres décadas Echeverría ha proclamado inocencia en la matanza del 2 de octubre, todo un ejército de agentes, espías, analistas y diplomáticos de distintas agencias dan cuenta puntual de su papel de eminencia gris en la toma de decisiones en esos años de crisis.

El intercambio de notas y reportes de las distintas agencias estadunidenses sobre la agitación en México es contradictoria y refleja pugnas históricas dentro del gobierno en Washington. Mientras los agentes de la embajada informan al Departamento de Estado que el movimiento estudiantil, aunque difícil de controlar, no amenaza en modo alguno la seguridad nacional ni los escenarios donde han de transcurrir los juegos olímpicos, la CIA se empeña en destacar el papel de ''los comunistas'' en la conducción de las protestas.

Hughes, del área de inteligencia del Departamento de Estado, reporta que el movimiento estudiantil podría, si acaso, ''abochornar'' al gobierno mexicano, pero de ninguna desestabilizar al país. ''Está claro que los comunistas no están en control de las protestas'', reconoce. Al tiempo que informa sobre el papel de conducción de la crisis que acaba de asumir Echeverría al frente del ''comité estratégico'', asegura que este funcionario está decidido a usar la fuerza pública.

Ya para esas fechas, después de la represión de la manifestación conmemorativa de la revolución de Cuba, del 26 de julio, estaba claro que el debate interno sobre mano dura o mano conciliadora había concluido. Los primeros habían ganado la disputa.

Kate Doyle destaca que, a diferencia de los agentes de la embajada, los espías de la CIA hacían más ''trabajo de campo'' -iban a clases en las universidades, a funerales de los caídos en los enfrentamientos y entraban a las casas de los activistas- y lograron retratar escenas muy vivas de lo que sucedía en los campus universitarios. Entre otras cosas reportaban sobre los esfuerzos del gobierno para infiltrar a la comunidad universitaria. También redactaron reportes que retratan al Partido Revolucionario Institucional en toda su fragilidad, sin el control sobre los asuntos públicos que antes dominaba.

Falla crítica del sistema

Esa fragilidad del sistema presidencialista bajo Díaz Ordaz es precisamente el objeto de estudio de Soledad Loaeza. ''El movimiento estudiantil aparece como la última explosión de una falla crítica del sistema político'', sostiene en un adelanto de su libro Gustavo Díaz Ordaz, el colapso del ''milagro mexicano''.

Pero sobre todo, refiere Loaeza, a Díaz Ordaz le angustiaba que su gobierno fuera percibido en Washington como incapaz de resolver sus problemas internos y que entonces la Casa Blanca optara por otro tipo de intervención. ''En esa época no era una percepción descabellada. Por los antecedentes de la guerra fría, por las sucesivas invasiones estadunidenses en América Latina en los 60 -la de República Dominicana había ocurrido apenas tres años antes- y por las dimensiones de nuestro vecino, era un temor lógico''.

Otro avance de su libro señala: ''La estrategia del gobierno (de Díaz Ordaz) de ocultar o minimizar los conflictos políticos era también una torpe respuesta al dilema que le planteaba la necesidad de responder a las crecientes presiones de Washington''.

Para entender cómo percibía un gobernante esas presiones, recuerda el último encuentro entre Miguel Alemán y Harry S. Truman. El primero gobernaba un país preindustrial. El segundo acababa de ordenar el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. Esa era la magnitud de la asimetría.

Otro factor era el peso que tenían los informes de la CIA. Con el triunfo de la revolución cubana y el establecimiento de la estación de la KGB en la embajada rusa en México, el pleito histórico entre la FBI y la CIA sobre cuál de las dos se hacía cargo del espionaje anticomunista había quedado saldado. A favor de la CIA, claro.

En esos años el combate al comunismo ocupaba el lugar que ahora George W. Bush destina a la guerra contra el terrorismo. Sobre este tema ya habían discrepado Adolfo López Mateos y John F. Kennedy. El presidente mexicano nunca dejó de insistir en que el subdesarrollo era la mayor amenaza en el continente. Díaz Ordaz se mantuvo en la misma línea y también confrontó a Richard Nixon. Por el contrario, Echeverría cambia ese eje de argumentación y adopta la preocupación anticomunista de Nixon y Henry Kissinger (secretario de Estado) como propia.

Philip Agee, desertor de la CIA y autor de Dentro de la compañía, sostiene que Echeverría era un agente en la nómina de la oficina de Langley. Litempo era su seudónimo. Loaeza cree que Echeverría no recibía sueldo de la CIA, pero sí compartía su concepción sobre seguridad hemisférica. ''No veo a Luis Echeverría como sumiso, sino que hacía compromisos con Estados Unidos por interés nacional. El gobierno de Díaz Ordaz no estaba dispuesto a admitir que tenía un fermento de inestabilidad por toda la República. No quería parecer frágil a los ojos de Washington. No quería que Estados Unidos se metiera en la crisis mexicana''.

Concluye: ''Echeverría enfiló finalmente a Díaz Ordaz, de talante autoritario de por sí, a la decisión final de Tlatelolco''.

Ceremonia anual

Recuerda Sedena desde 1969 a sus caídos en el 68

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Al igual que los familiares de los estudiantes asesinados en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realiza cada año, desde 1969, una ceremonia conmemorativa en honor de los militares muertos ese día.

Un año después de esos acontecimientos, la Sedena convocó en el Campo Militar número uno a integrantes del Batallón Olimpia para que estuvieran presentes en la ceremonia en honor a los ''caídos en el cumplimiento de su deber''.

Desde ese año se agregó al campo el nombre de Alvaro Obregón. Según las fuentes consultadas, se le dio ese apelativo porque Obregón es la imagen de un defensor de los ideales del pueblo y un pacificador.

En honor de dos soldados

De acuerdo con documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, el 29 de septiembre de 1969 el general Gonzalo Castillo Ferrara, subjefe del Estado Mayor de la Sedena -quien el 24 de septiembre de 1968 encabezó las tropas que ocuparon las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en el casco de Santo Tomás- fue el encargado de difundir las órdenes del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, concernientes a que se concentraran en la ciudad de México los comandantes de la 22 Zona Militar, con sede en Toluca; del 43 Batallón de Infantería destacamentado en la capital mexiquense; del segundo Batallón de Infantería, establecido en Coatzacoalcos, Veracruz; del 12 Regimiento de Caballería Mecanizado, de Puebla; del 14 Batallón de Infantería, con sede en La Paz, Baja California, y del 19 Batallón de Infantería, instalado en Cuernavaca, Morelos.

En un radiograma clasificado de ''muy urgente'', Castillo Ferrara indicó a los jefes de esos destacamentos que, por acuerdo del secretario, se debía concentrar ''una sección de fusileros del 43 Batallón de Infantería, que de preferencia haya tomado parte activa en los sucesos acaecidos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, a fin de participar en la ceremonia luctuosa a efectuarse a las 10 horas, misma fecha, presente año, en Campo Militar número uno, en honor a caídos en cumplimiento del deber''.

Asimismo se ordenó a los comandantes del 12 Regimiento de Caballería Mecanizada (con sede en la sexta Zona Militar) y del 14 Batallón de Infantería (asignados a la tercera Zona Militar), ''para que designen preferentemente a los que formaron parte del Batallón Olimpia año 1968''.

De acuerdo con documentos oficiales, dos militares murieron durante los sucesos del 2 de octubre de 1968: el soldado Pedro Gustavo López Hernández y el cabo Constantino Corrales Rojas.

El ex integrante del Consejo Nacional de Huelga critica la creación de la Femospp

No ha habido ni verdad ni justicia en cuanto al 2 de octubre: Guevara Niebla

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En cuanto a los sucesos del 2 de octubre de 1968 no ha habido verdad ni justicia, pues la única verdad legal y absurda que subsiste hasta la fecha es la condena del juez Eduardo Ferrer McGregor, en la que afirma que los estudiantes se mataron entre sí ese día, señaló Gilberto Guevara Niebla.

El que fuera integrante del Consejo Nacional de Huelga (CNH) aseguró que ''no ha habido justicia porque no se ha castigado jurídicamente a los responsables de la matanza, ni tampoco se han aclarado los acontecimientos, situación que es lamentable porque el asunto no es que se meta al ex presidente Luis Echeverría Alvarez a la cárcel, sino que se conozca la verdad de lo sucedido''.

Entrevistado al término de la presentación de su libro La libertad nunca se olvida, memoria del 68, Guevara Niebla aseguró que se debería aplicar la ley, sobre todo por los delitos que se persiguen de oficio, y para ello no era necesario crear una fiscalía especial para delitos del pasado, porque si no se hace justicia se demostrará que ahora, como en 1968, ''el sistema judicial mexicano es una aberración''.

Lamentables resultados de la fiscalía

Consideró ''que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado es una buena idea, pero no hubo una buena definición de lo que debía ser, porque es absurdo acumularle la investigación de todos los delitos políticos del pasado, y dada esa imprecisión, tanto sus objetivos como sus resultados se pueden escoger con gran arbitrariedad''.

Además, puntualizó, ''sus resultados son lamentables, porque ha procedido contra lo que señala el sentido común, al consignar el caso del 10 de junio de 1971 por genocidio, pues lo sucedido no cumple con lo que especifica la ley que es ese delito, y proceder así es de una torpeza injustificable''.

Finalmente, respecto de su libro, La libertad nunca se olvida, memoria del 68, el cual será publicado por Cal y Arena, Guevara Niebla señaló que no es un texto que centralmente se ocupe del 2 de octubre, pero es una narración ordenada, sistemática de los acontecimientos políticos de 1968 que desembocaron en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas.

Debería aplicarse el derecho comparado, opina

Genocidio, problema jurídico en México, considera experto europeo

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Los crímenes de lesa humanidad, entre ellos el genocidio, ''son imprescriptibles bajo el Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional'', la cual entró en vigor el primero de junio de 2002.

Sin embargo, en el caso de las matanzas ocurridas en México el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, aunque la prescriptibilidad de esos hechos depende de qué sistema jurídico impere en el país -si se aplica el derecho procesal o el material-, existe la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recurra al derecho comparado para aplicar doctrinas utilizadas para castigar a los responsables de crímenes del pasado.

Lo anterior fue mencionado por Jan Michael Simon, jefe del departamento para América Latina del Instituto Max Planck de Alemania, quien precisó que en países como Francia, Polonia y Alemania, así como en otras naciones europeas, ''no prescriben ese tipo de delitos perpetrados por el Estado, por una simple razón: si es tarea del Estado monopolizar el poder para garantizar la paz social, y es el propio Estado el que viola esa regla, estamos ante una situación no prevista en el sistema de derecho penal (...) por lo que el periodo de prescripción comienza a correr a partir de que se da un cambio de gobierno''.

Simon destacó que el debate principal para las autoridades judiciales mexicanas debe centrarse en el hecho de si verdaderamente se ha cometido algún genocidio en el país, porque ''con lo que yo conozco, bajo la tipificación de genocidio en el derecho internacional, en México nunca se ha cometido ese crimen''.

El investigador precisó que existe la posibilidad de que tenga razón el fiscal para la guerra sucia, Ignacio Carrillo Prieto -en el sentido de que durante las dos matanzas de estudiantes varios ex funcionarios de primer nivel y algunos militares cometieron genocidio-, siempre y cuando la tipificación de ese delito en las leyes mexicanas establezca que ese crimen se comete cuando se intente exterminar a grupos sociales. ''Pero si (el Código Penal Federal) no incluye la palabra social, entonces el fiscal mexicano está equivocado'', puntualizó.

-Hay un juicio en la Suprema Corte mexicana que tiene que ver con el hecho de que ya habrían prescrito los hechos ocurridos en junio de 1971, aunque las autoridades ministeriales sostienen lo contrario.

-Todo lo que sucedió en materia de tratados internacionales después de esos acontecimientos, y después de la matanza en Tlatelolco, es problemático para México en el sentido de que estamos hablando de leyes o tratados post facto. Ahora, yo daría una pequeña solución. De entrada, los crímenes son imprescriptibles bajo el Tratado de Roma, que entró en vigor el primero de junio de 2002.

-En México las leyes garantizan la impunidad a los represores.

-No siempre es una cuestión de leyes. La impunidad es de hecho, ya que en muchos casos es el Estado el que no está preparado o no tiene la voluntad de perseguir a los responsables y por ello crean leyes como amnistías.

-Algunos sectores imputan al fiscal del pasado afanes de protagonismo mediático.

-No sé si sea el caso (en México), pero es claro que nunca debe usarse el esclarecimiento histórico de una sociedad y la persecución penal con fines políticos. Eso está mal en cualquier sistema de justicia penal, no importa qué tipo de crímenes se persigan.

Llegó la hora, sostiene Jesús Martín del Campo

Cárcel a culpables de la matanza

GEORGINA SALDIERNA

A 36 años del 2 de octubre de 1968, Jesús Martín del Campo, ex integrante del movimiento estudiantil, dijo que esta es la hora de la aplicación de la justicia y de que los responsables de la matanza pisen la cárcel.

Antes de inaugurar una exposición fotográfica sobre el movimiento estudiantil, y en un panel sobre el tema, descartó que el actual gobierno federal vaya a aplicar la justicia. Esta es una medida que ha quedado pendiente, subrayó. Agregó que se han dado pasos para que se investiguen los acontecimientos, aunque la verdad histórica se ha consolidado.

Se refirió a los resultados de una encuesta según la cual 72 por ciento de los consultados considera que el ex presidente Luis Echeverría es responsable de la matanza. De acuerdo con el mismo sondeo, 70 por ciento de los entrevistados estima que el ex presidente debe ser juzgado.

Más adelante rechazó que recordar el 2 de octubre sea un acto de necrofilia, sobre todo porque sigue pendiente la aplicación de la justicia.

Durante la conferencia, efectuada en la Casa de la Pirámide, el profesor Fausto Trejo (dirigente estudiantil en 1968) criticó que ahora el ex presidente Echeverría se defienda diciendo que Gustavo Díaz Ordaz fue el responsable de la matanza. De igual manera lamentó el papel que jugaron los medios de comunicación en busca de desprestigiar el movimiento.

Por su lado, Bertha Zapata enfatizó la necesidad de que los acontecimientos del 2 de octubre no se olviden, para luego referirse a la participación marginal de la mujer en aquellas jornadas, señalamiento que sin embargo fue rebatido por Jesús Martín del Campo. Quizá no había muchas mujeres en la dirigencia, pero sí en las brigadas, añadió el ex dirigente de la CNTE.

Ello fue documentado en 1973 por el gobierno de Luis Echeverría Alvarez

Halcones actuaron como francotiradores contra el Ejército el 2 de octubre de 1968

La Femospp solicitará órdenes de aprehensión después que la SCJN resuelva el caso del 10 de junio

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

A 36 años de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, y a tres años de que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) iniciara sus indagatorias, se han obtenido pruebas que acreditan que el gobierno de Luis Echeverría documentó en 1973 que los halcones habían actuado como francotiradores contra el Ejército en la Plaza de las Tres Culturas, y sin embargo no se actuó en consecuencia.

Funcionarios de la fiscalía indicaron que pese a los avances de la indagatoria siguen abiertas muchas líneas de investigación y hasta el momento lo único cierto es que la Femospp, órgano de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitará órdenes de aprehensión por genocidio hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el caso del 10 de junio de 1971.

Las fuentes revelaron que a la investigación aún le faltan muchas diligencias por desahogar y archivos -como el de la PGR- por revisar; incluso, no se ha podido obtener documentación del gobierno de Estados Unidos respecto a lo acontecido. Sin embargo, ya se comienza a descartar el involucramiento del gobierno estadunidense en el asunto y un supuesto financiamiento de la embajada soviética para los estudiantes.

Sin embargo, la Femospp aseguró en un comunicado de prensa que ya elabora el pliego de consignación, que ''las indagatorias y demás actos ministeriales han quedado prácticamente concluidos'' y que ''la consignación se efectuará en el momento oportuno''.

Informes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), localizados en el Archivo General de la Nación y que fueron firmados por el capitán Luis de la Barreda Moreno, documentan que en 1973 el gobierno de Luis Echeverría obtuvo declaraciones de una persona ''seria'' en las cuales se afirma que los halcones ''estaban al servicio del gobierno y habían sido los que dispararon desde las ventanas de la unidad Tlatelolco en contra del Ejército'', el 2 de octubre de 1968.

El informe, elaborado el 5 de mayo a partir de declaraciones de Alfonso de la Serna y Salazar -empleado de una aerolínea y quien fue calificado de persona seria e inteligente-, señala que los halcones ''estaban encuadrados en las nóminas del Departamento del Distrito Federal en las secciones de Limpia, Parques y Jardines y otras actividades''. Agrega que oficialmente eran trabajadores de esa dependencia, pero cuyas funciones, bajo el nombre de agentes de seguridad del país, ''operaban como cuerpo represivo contra el pueblo y estudiantado''.

Supuestamente la DFS seguiría la investigación en torno a la existencia de los halcones, pero ésta nunca se llevó a cabo a pesar de que al menos la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) había iniciado una averiguación previa por los hechos del 10 de junio de 1971.

Además de ese reporte existen otros documentos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) que documentan la presencia de Manuel Díaz Escobar -jefe de los halcones- en actividades del movimiento estudiantil, y la infiltración de su personal entre los contingentes y su participación en ataques a escuelas del Politécnico durante el conflicto estudiantil. Sin embargo, durante las investigaciones que supuestamente realizaron las autoridades en 1971, tras la matanza del 10 de junio, se concretaron a interrogar a Manuel Díaz Escobar y nunca se le fincaron responsabilidades.

Primeras conclusiones

De acuerdo con las fuentes consultadas se perfilan conclusiones que señalarán que la inconformidad de los estudiantes se dejó crecer por parte del gobierno federal, y que las diferencias ente grupos políticos, así como un enfrentamiento entre el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marcelino García Barragán, y el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza, fue lo que desencadenó la matanza, con el consentimiento de Luis Echeverría Alvarez, entonces secretario de Gobernación.

Para ello se ha considerado como una versión a confirmar lo afirmado por el entonces procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas, quien dijo que la intervención del Ejército ''fue motivada a solicitud de las autoridades: Luis Cueto Ramírez (jefe de la policía), Alfonso Corona del Rosal (regente de la ciudad) y Luis Echeverría (secretario de Gobernación). El titular de la Sedena, Marcelino García Barragán, brindó apoyo para restablecer el orden público y la paz social''.

Según la información obtenida, entre los acusados estarían el ex presidente Echeverría; el capitán Luis de la Barreda, como subdirector de la DFS; el general Alberto Quintanar, por haber participado como instructor del Batallón Olimpia, y el ex oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Salvador Gallástegui Contreras, a quien según reportes oficiales de la PGR se le cambió su situación jurídica y pasó de testigo a inculpado.

Supuestamente, en esta consignación la Femospp sí acusará a varios militares en retiro, aunque una de las hipótesis es que los enviados por la Sedena a Tlatelolco no tenían la orden de atacar a los civiles que estaban en la Plaza de las Tres Culturas, sino desalojarlos. De acuerdo con las hipótesis de la fiscalía, la misión de los efectivos de la Defensa Nacional era auxiliar a la Policía Preventiva del Distrito Federal, y ''por medio del convencimiento impedir que los asistentes al mitin se trasladaran al casco de Santo Tomás''.

Además destaca que, según las investigaciones, no hubo desaparecidos a consecuencia de los hechos de Tlatelolco, como tampoco más de 40 muertos entre civiles y militares.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la fiscalía que dirige Ignacio Carrillo Prieto no ha obtenido pruebas documentales o testimoniales de que a consecuencia de los tiroteos hayan fallecido centenares de asistentes al mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), como lo señalaban reportes de la embajada estadunidense en México o las crónicas de periodistas presentes en los hechos.

Respecto a las investigaciones que realiza la Femospp, Raúl Alvarez Garín, integrante del Comité 68, asegura que se ha tenido un gran avance, ''pues ya se está en el camino de llevar a los tribunales a los responsables de la matanza''. Consideró que ''no se debe descartar que por miedo, quienes hayan tenido algún familiar desaparecido continúen sin denunciarlo'', ya que, según él, ''hay reportes de la existencia de fosas clandestinas en distintos puntos del país, entre ellos el Panteón Dolores, en la ciudad de México; la Poza Menéndez, en Guerrero, y una zona cercana al Nevado de Toluca''.