Admitió que hubo torturas

Expulsa club de ex militares a general uruguayo retirado

AFP

Montevideo, 24 de septiembre. El Círculo Militar, club de ex integrantes de las fuerzas armadas, expulsó de sus filas al general retirado Oscar Pereira, quien admitió que se cometieron violaciones de los derechos humanos durante la pasada dictadura militar uruguaya (1973-1985) y que hubo un pacto corporativo para ocultarlas.

"No tuvieron la delicadeza de encontrar un procedimiento digno para informarme, así que me doy por enterado por la prensa", señaló el ex militar, cuyas revelaciones constan en el libro Recuerdos de un soldado, que comenzó a circular esta semana en el país sudamericano.

El diario El País, que cita fuentes militares no identificadas, señaló que además del Centro Militar otra institución parecida a la anterior, y de la que también Pereira es asociado, adoptará la misma medida en las próximas horas.

Pereira, quien pasó a retiro en marzo de 2000 después de que su ascenso a teniente general -comandante en jefe del ejército- fuera desestimado por el presidente Jorge Batlle, declaró que prefiere llamar el documento firmado por los generales "ratificación de la política de mando" y no pacto.

Personalmente dijo haber firmado el texto en Washington cuando integraba la Junta Interamericana de Defensa, a finales de la década de los años 90, donde se estableció "no aceptar ningún juicio a militares" por violaciones contra los derechos humanos durante la dictadura.

Destacó que aunque ese fue un planteamiento hecho por un comandante y que se resolvió de esa manera, es de suponerse que fue avalado por el sistema político. Por ello, explicó no haber pretendido darle a este asunto "el vuelo ni la permanencia de un pacto institucional".

Legitimización moral

En su libro, Pereira admitió también que algunos oficiales, entre los que se incluyó, contribuyeron a la "legitimación moral" de la tortura" bajo el argumento de derrotar "rápidamente al cruel enemigo". Admitió que las torturas, asesinatos y desapariciones de personas fueron un "procedimiento bestial" aceptado de "buen grado" por las fuerzas armadas uruguayas.

La Comisión para la Paz, creada en agosto de 2000 para estos casos, concluyó el 10 de abril de 2003 que 26 desaparecidos fueron asesinados entonces. Aunque hubo denuncias de 38 secuestros durante la dictadura, de 182 uruguayos al parecer desaparecidos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil.

Por otra parte, tres militares uruguayos apelaron la sentencia que habilita su extradición a Chile para responder por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos, ex agente de la pasada dictadura pinochetista, en hechos ocurridos entre 1992 y 1995.

El juez Gustavo Mirabal dispuso extraditar a Tomás Castella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, reclamados por la justicia chilena por su presenta participación en el secuestro y asesinato de Berríos.

El ex agente era químico de la Dirección de Inteligencia Nacional especializado en la fabricación de gas sarín, utilizado para eliminar a opositores, según testimonios recogidos luego de la restauración de la democracia chilena, en marzo de 1990.