El grupo encabezado por Serrano Limón deberá restituir los $30 millones que recibió

Presionado por diputados, Frenk Mora anunció proceso legal contra Provida

Legisladores denuncian que el Seguro Popular propicia saturación en el sector salud

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Las denuncias y el escándalo del desvío de recursos públicos a la asociación civil Provida propiciaron un cambio de postura del secretario de Salud, Julio Frenk Mora, quien ante diputados anunció el inicio de un procedimiento legal en tribunales, con el propósito de restituir al erario los 30 millones de pesos que fueron entregados a Jorge Serrano Limón, con la anuencia del ahora director general de Banobras, Luis Pazos de la Torre.

Cuando Pazos fungía como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados modificó arbitrariamente el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2003 para restar recursos a la atención de pacientes con VIH-sida para destinarlos a Provida. Serrano Limón utilizó parte importante de esos fondos públicos en la compra de plumas de lujo, tangas y trajes para uso personal.

Ayer, ante la insistencia, los reclamos y reproches de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), Julio Frenk no tuvo más que aceptar que seguirá la recomendación de la Secretaría de la Función Pública para "emprender un procedimiento en tribunales, y exigir la restitución de los fondos que hubieran sido mal aplicados".

El titular de la Ssa acudió a la Cámara de Diputados para, fundamentalmente, defender el programa estelar de la administración foxista: el Seguro Popular. De éste, manifestó, se benefician un millón de personas, de las cuales 940 mil pertenecen a los grupos más pobres de la población y siete de cada diez familias atendidas en ese programa son encabezadas por mujeres.

Las cifras grandilocuentes del funcionario fueron rebatidas por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ssa y diputado federal, Marco Antonio García Ayala, quien señaló que no hay infraestructura suficiente para atender a los inscritos en el seguro. "La carga de trabajo en todos los centros y unidades de salud se ha incrementado y a 40 mil trabajadores, principalmente médicos y enfermeras, se les paga por honorarios y no tienen estabilidad laboral ni seguridad social", denunció.

De inmediato, la diputada Malú Mícher Camarena, del PRD, también le recriminó la inoperancia legal de la Secretaría de Salud para resarcir al erario los recursos destinados a Provida, y le advirtió que este viernes presentará, junto con su compañero de bancada Inti Muñoz Santini, una denuncia penal contra Jorge Serrano Limón.

La vocera de la fracción priísta, Marcela Guerra Castillo, exigió datos concretos sobre el combate a la corrupción en la Ssa. Julio Frenk no respondió a las interrogantes de las diputadas y éstas, con evidente molestia, abandonaron el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se realizó la comparecencia.

Al salir, la diputada Guerra Castillo adelantó que el grupo parlamentario del PRI ordenará a la Auditoría Superior de la Federación una revisión específica a los egresos de la Ssa, con el propósito de corroborar si cumplen con los lineamientos establecidos por la Cámara de Diputados para el gasto.