Innecesarias, grandes inversiones; se requiere voluntad, señala el visitador Antonio Bernal

Gobiernos estatales no quieren acabar con la corrupción en penales: CNDH

Las prisiones de los estados de México, BC, Jalisco y DF, entre las peores de la República

VICTOR BALLINAS

Los gobiernos estatales "no quieren despojarse de la corrupción reinante en las cárceles. Cuando se les habla del tema, le dan la vuelta, pero ése es un asunto que deja mucho dinero, y ahí topa cualquier esfuerzo por mejorar los sistemas penitenciarios", asegura el tercer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Antonio Bernal Guerrero.

"No se ven esfuerzos de los gobiernos estatales para erradicar la [corrupción]", que junto con el autogobierno ejercido por grupos de poder "serán tarea fundamental para los próximos años, porque en el último quinquenio no hubo esfuerzos de los gobiernos de los estados contra esos fenómenos, los principales en los centros penitenciarios", subrayó el funcionario.

"No se requieren inversiones para poner orden en los penales; lo que se necesita es voluntad política de los gobiernos estatales, y eso no lo hemos visto. Si se quiere terminar con autogobiernos y corrupción, se puede. Por ejemplo, en el penal de La Mesa, en Tijuana, Baja California, se requirió el apoyo de la PGR para poner orden."

Bernal Guerrero, autor del Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en los centros de reclusión de la República Mexicana, presentado hace una semana, aseguró que las peores prisiones del país se encuentran en el Distrito Federal y los estados de México, Baja California, Jalisco, Nayarit, Chiapas, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Quintana Roo.

En el informe especial se destaca que en Tapachula, Chiapas, el Centro de Readaptación Social (Cereso) varonil tenía una sobrepoblación de 217 por ciento. "A los presos se les cobran 2 mil o 3 mil pesos para ser aceptados en los módulos [áreas de reclusión]. Se vende mariguana, cocaína, heroína, y su precio oscila entre 10 y 50 pesos. De igual manera circula el alcohol. Si no pagan las cuotas que se les exige, se les expulsa de los módulos y pueden ser transferidos a otra cárcel."

En el Cereso de Chetumal, Quintana Roo, "el autogobierno impone las 'talachas' -los trabajos que deben desempeñar los reclusos-; tiene el control de la venta de bebidas y las concesiones de los comercios dentro del penal. Existe prostitución solapada por las autoridades, las presas pasan al área varonil a trabajar en los comercios y acaban en las celdas con los reclusos. Se trafica alcohol, mariguana, cocaína y heroína".

El Centro de Readaptación Social de Mexicali, Baja California, tiene una sobrepoblación de 127 por ciento. "Los grupos de poder -autogobierno- tienen el control de la cárcel. Se trafica alcohol, mariguana, piedra [de cocaína], cristal [metanfetaminas], heroína, cocaína. Sólo 5 por ciento de los reclusos desarrolla alguna actividad productiva, sobre todo artesanías, elaboradas con material que les llevan sus familiares. Los integrantes del autogobierno acaparan celdas para permanecer solos en los dormitorios. A los enfermos de sida los sacan al sol una hora al día cuatro días a la semana. La CNDH detectó que es frecuente la hepatitis C, porque los internos que se drogan comparten jeringas."

El Cereso varonil y femenil de Torreón, Coahuila, tiene una sobrepoblación de 19 por ciento. "Aquí, de acuerdo con el diagnóstico de la situación penitenciaria, el autogobierno habita en el módulo denominado Casa Blanca; sus líderes tienen en los dormitorios aparatos electrónicos, y los cuartos para varias personas los hacen individuales. Cobran entre cinco y 15 pesos por una mayor ración de alimentos.

"Se trafica mariguana, cocaína, heroína y alcohol. Los presos son golpeados por los custodios. En el área 98 había -al momento de la visita de la CNDH- 70 presos sancionados por el personal de seguridad. La mayoría no sabía cuándo se acaba el castigo, y donde se les tenía recluidos era un cuarto sin servicio sanitario ni luz, sin camas y hacinados."

En el Reclusorio Preventivo de Guadalajara, El Salto, en Jalisco, la sobrepoblación es de 66 por ciento. "El autogobierno denominado El Carro se encarga de aplicar las sanciones, castigos y golpes a los reclusos. Si los internos no pagan las cuotas exigidas reciben una paliza. Se trafica mariguana, cocaína, heroína, la piedra. La mayoría de los presos son drogadictos.

"En el área de visita conyugal los cuartos del autogobierno cuentan con televisores a color, teléfonos celulares, videocaseteras, y exigen cobro a los internos por todo. Los reclusos señalan que los líderes de El Carro se encargan de meter droga y bebidas alcohólicas.

"El Carro utiliza el área de visita íntima para llamadas vía celular para extorsionar a los familiares de los presos, a los que les exigen cobros por todo. Pagan a la aduana 10 mil dólares porque se les permita los fines de semana el ingreso de prostitutas, y a los internos les cobran 2 mil pesos por mujer y 500 pesos por el uso del cuarto."

El funcionario de la CNDH encargado del área de penales y quien hace tres años presentó el Diagnóstico de los penales en el país, asegura a La Jornada que "en estos últimos cinco años se ha insistido ante las autoridades estatales en que es urgente acabar con corrupción y autogobiernos en las cárceles del país, pero no actúan. Unos dicen que es un problema muy arraigado, que tiene muchos años, pero no hacen nada. Otros son omisos".

"¿Qué hacer?"

Al hacer un balance de la situación de los penales, el visitador detalla: "De 2000 a 2004 ha habido avances muy pequeños. Por la Federación se han entregado nuevos penales, como el del Hongo, en Tecate (Baja California), el de Cadereyta (Nuevo León), el de Cintalapa (Chiapas), el de Amatlán de los Reyes (Veracruz) y el nuevo penal de Santa Martha (Distrito Federal)".

Pero el problema de los penales está en los estados y los municipios, subraya Bernal. "¿Qué hacer?", se pregunta, y responde: "Se requiere poner orden. Tiene que hacerse labor de inteligencia; se requiere voluntad política de los gobernadores".

La CNDH, sostiene Bernal, "ha dado parte a la Procuraduría General de la República de los penales en los que se distribuyen y venden drogas. De todas las visitas que se han hecho en estos cinco años se ha informado a la dependencia dónde hay narcotráfico; ellos son quienes tienen que actuar".

Señala: "la única explicación de por qué no se hace nada es que la corrupción pudiera llegar hasta los más altos niveles, si no por qué no actúan. Los gobiernos estatales son los que deben proceder en asuntos de corrupción local; que investiguen, que pongan a disposición de la autoridad a las responsables de que imperen los privilegios, la venta de drogas, las concesiones de servicios".

El punto fundamental es acabar con autogobiernos y corrupción, y eso no requiere inversiones, es un asunto de voluntad, sostiene el visitador. Explica: "en estos cinco años han hecho pequeñas obras, pero aquí no se trata de obras pequeñas, sino de poner orden, de rescatar el control de los reclusorios, de mejorar el sistema penitenciario".

Sanciones indebidas, segregación, golpes, tráfico de enervantes, venta de dormitorios, extorsión a familiares, concesiones de servicios de comida, tiendas y refrescos, son lo cotidiano; es lo que se vive en las prisiones, y los gobiernos, estatal, municipal y federal "lo saben".

En el estado de México los servicios médicos de especialidades que requieren los presos, no se los brinda el gobierno del estado, "son enviados a las clínicas del Gobierno del Distrito Federal para su atención".