León Bendesky

Fisco rígido

La política fiscal se ha tornado tan rígida, que los ejercicios que se hacen cada año para que el Congreso legisle la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos federales se convierten en una verdadera camisa de fuerza que acaba por legitimar la debilidad ya crónica de la economía mexicana.

El déficit fiscal alcanzó un nivel del orden de 16 por ciento del producto interno bruto en el gobierno de López Portillo (1976-82), y siguió fuertemente presionado durante la administración de De la Madrid (1982-88) por la carga del endeudamiento externo. Con Salinas (1988-94) se dio un fuerte ajuste del déficit, y desde entonces su reducción se ha convertido en el pilar de la política económica, como una forma de normalizar el gasto y la deuda del gobierno y sostener la estabilidad de los precios.

Pero de ser un instrumento para racionalizar la administración de los recursos públicos, se ha vuelto un objetivo en sí mismo. Esto limita sus ventajas potenciales y es una rigidez que finalmente agrava la falta de dinámica de la producción. Con ello, y no debe perderse de vista, no se convierte sólo un asunto eminentemente técnico referido a la vida material asociada con el funcionamiento de la economía, sino que es un asunto que incide sobre la conformación misma de esta sociedad. En ambos casos, los resultados del ajuste fiscal y de la política de contracción presupuestal basada en la consecución de un bajo déficit, son bastante cuestionables.

Las cuentas fiscales registraron otro impacto adverso con la crisis financiera de fines de 1994 y la decisión de transferir una enorme cantidad de recursos al salvamento de los bancos. Así, para la gestión del déficit se utilizaron una serie de subterfugios en la manera de contabilizar las verdaderas necesidades de recursos del gobierno. Al déficit tradicional (o primarios), que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos, y que es el que se contabiliza ahora con una muy reducida proporción del producto, se añadieron un conjunto de cuentas de tipo contingente que se denominan requerimientos financieros del sector público.

Ahí se registraron los fondos que debían cubrir los pagos anuales por concepto del rubro como la capitalización de los bancos quebrados, el apoyo a los deudores, el rescate carretero y, también, los programas de inversión del gobierno, cuyos pagos a contratistas del sector privado se difieren para cuando las obras se terminan (los Pidiregas).

Estas cuentas llegaron a representar hasta cinco o seis veces más el déficit tradicional, con lo que de alguna manera todos los involucrados incurrían en una especie de ficción presupuestal. Se operaba el conjunto de la política económica y los agentes de los mercados financieros actuaban como si el déficit fuera, por ejemplo, de 0.5 por ciento del PIB, cuando el gobierno requería fondos por un equivalente de hasta 3 por ciento o más del producto.

Todo esto puede verse como una ficción porque del lado del ingreso los ajustes fiscales no superaron nunca la dependencia de las transferencias que hace Pemex del producto de sus ventas al fisco, y que representan 30 por ciento del total de lo que capta el gobierno. También porque la recaudación por concepto de impuestos es muy baja e incluso menor que hace unos años, ya no llega siquiera a 10 por ciento del producto. La política energética está asociada estrechamente con la situación fiscal y los consumidores pagan cada mes precios más altos por la electricidad, el gas y la gasolina.

Ficción es igualmente por el lado del gasto. Los escasos recursos con que se cuenta se asignan a partir de una serie de prioridades de naturaleza claramente política, ésa es siempre la naturaleza del presupuesto. Dedicar una parte sustancial a seguir pagando los intereses por el costo del rescate de los bancos, ahora casi todos extranjeros, es una muestra de la ficción que se presenta al público como determinación técnica y prácticamente inapelable, pero que tiene mucho de trampa.

La rigidez fiscal expresa igualmente la ficción de que aún no se contabiliza de modo explícito lo que va a costar por mucho tiempo refinanciar los fondos de pensiones públicos (del IMSS, ISSSTE, los organismos descentralizados y las universidades públicas).

La ilusión del déficit fiscal reducido que se presenta como un logro técnico y político es muy onerosa y la carga sobre la sociedad se prolongará muchos años con efectos adversos en la capacidad productiva y, sobre todo, en las condiciones de equidad entre los grupos de la población. Para imaginar escenarios distintos a los que han prevalecido en las pasadas dos décadas no queda más que salirse de la lógica del presupuesto, que hoy es la más útil para quienes formulan y aplican la política económica en el país, pero parece que sólo es útil para ellos.