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México D.F. Miércoles 15 de septiembre de 2004

El Frente de Organizaciones Ciudadanas responde al llamado de Ebrard a debatir

Comerciantes en vía pública exigen derogar la Ley de Cultura Cívica

La CDHDF ha recibido 35 quejas por excesos de policías en detenciones: Alvarez Icaza

RAUL LLANOS, LAURA GOMEZ Y SUSANA GONZALEZ

Reunidos en la Cámara de Diputados, representantes de diversas organizaciones sociales, de indígenas y de comerciantes en vía pública le tomaron la palabra al secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, y lo retaron a debatir en torno a la Ley de Cultura Cívica y las alternativas para enfrentar la delincuencia en la ciudad.

Al principio de esta semana, Ebrard Casaubón desafió a los detractores de esa ley a debatir abiertamente sobre la política contra el crimen que se aplica en la ciudad de México, al tiempo que los instó a que "dejen de utilizar la fracción de un artículo" de dicho ordenamiento para argumentar que en su gestión se ha aplicado una política persecutoria, que criminaliza la pobreza.

Ante esa postura, ayer mismo se reunieron los líderes de grupos aglutinados en el Frente de Organizaciones Ciudadanas, entre ellos Alejandro Casabal, José Julio Pérez Ruiz, Guadalupe Nájera López, Federico García, Francisco Cisneros y José Luis Quezada Tovar.

En el acto, efectuado en el auditorio del edificio H de la Cámara de Diputados, coincidieron en que los excesos cometidos por la policía en la aplicación de ese ordenamiento hace urgente su abrogación. No se trata de que afecte los "intereses creados", como señaló el jefe de la policía del DF, sino que, por su desconocimiento, su aplicación está generando más problemas que soluciones, dijeron.

Ante un numeroso grupo de afiliados, los representantes informaron además que en los próximos días tramitarán un amparo en favor de los vendedores informales y "todo aquel que se sienta afectado" por esa disposición legal; a la par, se concentrarán en el Zócalo para analizar sus implicaciones y "debatir con Marcelo Ebrard" lo incongruente de esa norma.

La organización de comerciantes independientes de Corregidora y Erasmo Castellanos anunció la creación de un frente de resistencia para evitar que continúen las agresiones y remisiones por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), escudándose en la Ley de Cultura Cívica. En entrevista, Jovita Cruz, dirigente de dicha agrupación, advirtió que "no permitiremos que se nos quite el espacio para vender si no contamos con otra alternativa, y el viernes, durante la presentación de su Informe, se lo haremos saber al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, con una magna concentración a las afueras de la Asamblea Legislativa".

El domingo pasado, señaló, un grupo de policías despojó y agredió a un ambulante por "el único delito de vender su mercancía y llevar el sustento a su familia", lo cual provocó que se caldearan los ánimos y "a punto estuvimos de que ocurriera una verdadera gresca, pues los uniformados se negaron a reconocer el derecho que tenemos al trabajo".

Por ello -dijo la dirigente, con más de 40 años en la zona oriente del Centro Histórico- demandarán al mandatario capitalino la abrogación de dicha ley, diseñada para "desaparecer a los pobres", y que se les incorpore al programa de reordenamiento del comercio informal, para acabar con agresiones, robos de mercancía y remisiones a juzgados cívicos. Mientras, advirtió, "mis 400 representados, dedicados a la venta de artesanías, juguetes, plásticos, bisutería y artículos de belleza, en la calle de Erasmo Castellanos, seguirán ofreciendo su mercancía, con el temor de ser nuevamente agredidos".

Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, informó que ya ha recibido 35 quejas por excesos de policías en las detenciones, y reiteró que un problema con causas económicas y sociales no puede resolverse "con una lógica de ponerlos en situación de predelincuencia".

Remarcó que ha conocido casos de personas que han sido extorsionadas por los uniformados para no remitirlas a los juzgados cívicos, lo que obliga a revisar ese ordenamiento. Sobre las críticas a la CDHDF por expresarse contra esa ley, Alvarez Icaza sostuvo: "hay comentarios que sólo denotan ignorancia", y que vienen de personas que "actúan más como voceros oficiosos de la SSP que de los ciudadanos".

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