Deberán proporcionar datos requeridos por la Auditoría, SHCP y Función Pública

Terminan privilegios informativos de los fideicomisos: Hacienda

"Decisión muy importante en principio", califica Mario di Costanzo, asesor del PRD en el Senado

Al no ser una ley se puede eludir el cumplimiento mediante los recursos de amparo, advierte

JUAN ANTONIO ZUÑIGA Y DAVID ZUÑIGA

El Diario Oficial de la federación publicó ayer un Acuerdo de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, y de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, según el cual todas las entidades de la administración pública federal están obligadas a autorizar a las instituciones fiduciarias y a sus mandatarias proporcionar la información que les sea requerida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ambas dependencias del Ejecutivo, "sobre el manejo y destino de los recursos públicos federales aportados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos"

El acuerdo, que entra en vigencia a partir de hoy, fue calificado como una "decisión muy importante en principio" por el especialista Mario di Costanzo, asesor de la fracción perredista en la Cámara de Senadores, pero advirtió que "puede tratarse de una simulación más" debido a que la medida no tiene un carácter de ley y por lo mismo permanece latente el recurso del amparo para negar la información requerida.

Así ocurrió, recordó, con el caso del fideicomiso Aduanas I en el que Nacional Financiera declinó proporcionar información a la ASF sobre la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA de CV (ISOSA), con el argumento de preservar el secreto fiduciario, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación detectó presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Al parecer, dijo, esta empresa está por desaparecer, sin que hubiera sido auditada por el órgano superior de fiscalización de la Cámara de Diputados.

Di Costanzo señaló que tampoco queda claro en este acuerdo si la disposición abarca a los 600 fideicomisos existentes en la administración pública o sólo se refiere a aquellos "sin estructura" que contienen los informes trimestrales sobre las finanzas y la deuda pública de la Secretaría de Hacienda.

En el informe correspondiente al segundo trimestre de este año, precisó, figuran 285 fideicomisos "sin estructura", los cuales manejan recursos por 128 mil 705.8 millones de pesos.

En los lineamientos del acuerdo se establece que "corresponderá al fiduciario por instrucciones expresas del fideicomitante, del mandante, o de quien celebre el contrato análogo, dar cumplimiento a los requerimientos de información solicitada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, relativos al manejo y destino de los recursos públicos federales".

Esto es válido, puntualiza, "en los fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos constituidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitante de la administración pública centralizada o por alguna entidad de la administración pública paraestatal o que administren recursos públicos federales."

Mario di Costanzo, quien ha logrado resoluciones jurídicas a favor de la apertura de información financiera para una mayor supervisión de la misma, preguntó si además del fideicomiso Aduanas I, el del rescate carretero denominado FARAC, el de Transforma México o el creado para salvamento de los ingenios se proporcionará información para el acervo público.

Hay una propuesta elaborada por una senadora del PRI para derogar el secreto fiduciario, agregó, y formuló la siguiente pregunta: ¿Por qué mejor no se reforma la ley en este sentido y se preserva el secreto sólo para los privados, en vez de emitir decretos o acuerdos que tienen un menor valor jurídico? "Podría haber obstrucciones legales que invaliden los disposiciones del acuerdo. La reforma a la ley daría certeza jurídica a todas las partes", expresó el especialista.

Por su parte, en un escueto comunicado de prensa, las secretarías de Hacienda y de la Función Pública manifestaron que con los lineamientos contenidos en el acuerdo "se logra un avance sin precedente en la rendición de cuentas del gobierno federal sobre los recursos públicos que son aportados a fideicomisos, mandatos u otros contratos análogos."

En los siguientes informes trimestrales sobre la situación de las finanzas y la deuda pública, que se envían a la Cámara de Diputados, el artículo décimo segundo del acuerdo dispone que en fideicomisos deberán incluirse los ingresos de los recursos públicos otorgados en el periodo, incluidos los rendimientos financieros, y los gastos efectuados, así como su destino.

En el informe del primer trimestre figuraban 153 fideicomisos. En el del segundo trimestre el universo se había ampliado a 285. Pero se sabe que operan 600 y algunas fuentes refieren hasta mil 116 fondos de este tipo que manejan recursos públicos federales. La pregunta de Di Costanzo por lo pronto está en el aire: ¿Los lineamientos incluyen a todos los fideicomisos?