Reacciones de legisladores y dirigentes partidistas

El caso de SRA, pantalla para ocultar actos contra opositores

ANDREA BECERRIL Y RENATO DAVALOS

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron que en la petición de destituir al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, se actúe con criterios estrictamente jurídicos y no políticos; además, con la misma celeridad que en el juicio de desafuero en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (CEN del PRD) criticó que la Procuraduría General de la República (PGR) haya intervenido directamente en el caso del desafuero de López Obrador, y haya olvidado asuntos análogos, como el desacato en que incurrió el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame.

Priístas y perredistas coincidieron en asegurar que se trata de utilizar el caso de la SRA como pantalla para borrar la impresión general de que el gobierno de Vicente Fox actúa exclusivamente contra los opositores.

El senador priísta Manuel Bartlett Díaz dijo que si realmente hubiera la intención de actuar de manera legal y de aplicar la justicia por igual, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, habría iniciado averiguaciones para proceder penalmente contra dos de los secretarios de Estado más importantes: el de Gobernación, Santiago Creel Miranda, ''por delincuencia electoral'', y el de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista, involucrado en el caso Amigos de Fox.

''Que se les enjuicie con la misma celeridad que se ha hecho con el jefe de Gobierno del Distrito Federal; que procedan con la misma vara con la que miden a los adversarios políticos'', insistió el senador Bartlett.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria del Senado de la República, la priísta chiapaneca Arely Madrid Tovilla, pidió no politizar las resoluciones judiciales y reveló que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) existen más de 3 mil demandas por inejecución de sentencia pendientes de resolver.

La legisladora precisó que pidió a la SRA una copia de la ejecutoria del juez por la que se demanda la destitución de Salazar Adame, ya que sabe que se trata de un asunto muy viejo, que data de hace 75 años. Asimismo consideró que el funcionario federal tiene aún posibilidades de defensa. ''Yo tengo entendido que el caso pasó la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia, además de que el secretario Salazar Adame no es autoridad ejecutora, ya que antes está el delegado estatal'', puntualizó.

Hasta ahora se interesan en estos asuntos...

A su vez, el comité ejecutivo perredista comentó que estos casos se repiten por decenas en el país, sin que antes se hubiese presentado el interés político mostrado por el gobierno foxista en el expediente de El Encino.

En el caso de López Obrador, además de que no hubo desacato, agregaron, ni siquiera se presentó una afectación al interés general de la colectividad. Ello denotó la intención política que ''se escondió desde que el gobierno federal lanzó el tema'', aseguran los dirigentes del sol azteca.

Esperaremos la resolución definitiva de este caso y la actitud que asuma al respecto el gobierno federal para externar una postura más precisa en torno al asunto, refirieron varios integrantes del comité ejecutivo perredista. Y agregaron: ''Confiamos en que no se esté en el escenario de tergiversaciones de la ley con otros fines".