PAN y PRI consideran las acciones de seguridad un fracaso de los tres niveles de gobierno

Ponen en marcha un gran operativo en Juárez ante ejecuciones entre narcos

RUBEN VILLALPANDO Y ANTONIO HERAS CORRESPONSALES

El gobierno de Chihuahua empezó anoche un macroperativo debido a las 16 ejecuciones perpetradas entre bandas de narcotraficantes en menos de un mes en Ciudad Juárez. Por medio de sus corporaciones policiacas instalaron retenes para revisar a conductores sospechosos, pero no se registraron detenciones ni avances en las investigaciones de los crímenes registrados en días pasados.

Las corporaciones que apoyan los operativos son la Subprocuraduría de Justicia en la zona Norte de Chihuahua, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Judicial del Estado, así como las policías Municipal y Federal Preventiva.

Los retenes se colocaron en al menos 10 puntos de la ciudad, de las 20 horas del miércoles a las dos de la madrugada de este jueves.

El primero se instaló frente al galgódromo, donde se redujo el paso de ambos lados a un solo carril y se realizaron revisiones a los vehículos considerados sospechosos.

Sin embargo, las acciones fueron calificadas por el presidente del PAN en Juárez, César Jáuregui Moreno, y por Víctor de los Santos, diputado local del PRI, como un fracaso de los tres niveles del gobierno -federal, estatal y municipal-, debido a la violencia que impera en la localidad, por lo que pidieron un plan más efectivo.

En Mexicali, Baja California, agentes de la Policía Municipal frustraron el secuestro Fernando Manuel Aguilar Gutiérrez, propietario de casas de cambio, a manos de supuestos policías judiciales, cuando el empresario se dirigía, la mañana de este jueves, a la casa de cambio Cachanilla, que se localiza cerca de la línea fronteriza.

En el camino fueron detenidos por efectivos municipales al ir a exceso de velocidad, y ante los gritos de auxilio del casacambista, los agentes pidieron el apoyo a la Policía Estatal Preventiva (PEP). Uno de los cuatro secuestradores se identificó como agente judicial e informó que cumplían con una orden de aprehensión. La confusión permitió que los delincuentes lograran huir.

Al interponer su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, trascendió que Aguilar Gutiérrez logró identificar a un agente de la PEP como uno de sus secuestradores, de nombre José Luis Guerra, mientras que los otros podrían ser agentes de la Policía Ministerial del Estado.

El gobierno de Baja California pagó un millón de pesos a Leoluca Orlando

Por otra parte, Enrique Acosta Fregoso, diputado local del PRI, informó que un documento de la cuenta pública del estado indica que el gobierno de Baja California pagó a Leoluca Orlando, ex alcalde de Palermo, Italia, un millón de pesos (poco más de 100 mil dólares) por una asesoría para impulsar el programa de Cultura y Economía de la Legalidad. También se destinaron 220 mil pesos para gastos de transporte y hospedaje en hoteles de lujo en San Diego, California, y Tijuana, Baja California, a partir del 12 de febrero de 2004, para desarrollar el programa que tutela esa dirección.