Desecha intención de la Presidencia de la República de entregar recursos federales al órgano sustituto

Ordena la Corte cese de funciones del concejo municipal de Cancún

De no cumplirse las disposiciones podría ejercer acción penal contra quien resulte responsable

JESUS ARANDA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó por unanimidad las suspensiones otorgadas en el caso Cancún. Ratificó que "no debe ejecutarse" el decreto 120 del Congreso de Quintana Roo, que creó el concejo municipal de Benito Juárez (Cancún), que las funciones de este órgano deben cesar y que las instalaciones de la alcaldía deben ser entregadas al ayuntamiento constitucional que preside Juan Ignacio García Zalvidea, El Chacho. Además, los ministros resolvieron que los recursos económicos federales y estatales deben ser entregados a las autoridades elegidas en los comicios de 2002.

Al desechar este martes, por infundados, cuatro recursos de reclamación contra las suspensiones concedidas, los ministros negaron al presidente Vicente Fox Quesada la posibilidad de entregar recursos federales al concejo, como era su intención.

De hecho, el gobierno de Quintana Roo, el Congreso local y el Ejecutivo federal, mediante su consejería jurídica, coincidieron en impugnar diversas actuaciones de los ministros que han conocido las controversias constitucionales que emprendió el ayuntamiento de Benito Juárez contra las autoridades estatales. Concretamente, el Ejecutivo se inconformó infructuosamente contra la disposición de la SCJN de no entregarle recursos al concejo municipal.

Sin embargo, la Corte no fijó fecha alguna para que se dé cumplimiento a las suspensiones concedidas el 18 de junio y 23 de julio anteriores por los ministros Olga Sánchez Cordero y Sergio Salvador Aguirre, en el contexto de la controversia constitucional 67/2004 que emprendió el ayuntamiento contra el Congreso y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, por su intención de investigar las finanzas del municipio.

Los ministros se limitaron a señalar en su resolutivo que las cosas deben mantenerse como están, hasta que se resuelva en definitiva la citada controversia.

En este contexto, quedaron pendientes de definirse tres recursos de queja promovidos por el ayuntamiento de Benito Juárez, respecto de presuntas violaciones a las suspensiones concedidas el 18 de junio y 23 de julio en favor del cabildo, asuntos que al igual que los que se resolvieron ayer, fueron turnados al ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Es decir, la Corte ya confirmó las suspensiones respecto a que el ayuntamiento de Benito Juárez es el único reconocido legalmente, el único que puede recibir aportaciones federales y estatales, y que es inconstitucional el decreto 120 del Congreso quintanarroense. Asimismo, el ayuntamiento que encabeza García Zalvidea debe ser restituido plenamente en sus funciones.

Aunque legalmente la Corte ya definió su postura, esto no significa el acatamiento inmediato de sus disposiciones por las autoridades estatales.

En caso de que no se cumplan totalmente las disposiciones de los ministros con respecto a las suspensiones, podrían proceder los tres recursos de queja que presentó hace unos días el ayuntamiento de Benito Juárez, en los cuales denunció violaciones a esas disposiciones.

Y entonces sí, el pleno de la SCJN fijaría un plazo perentorio para que se cumplieran sus disposiciones o, de lo contrario, el máximo tribunal podría ejercer acción penal contra quien resulte responsable.