Ratifica la justicia argentina la prisión perpetua al asesino del general chileno Carlos Prats

Imprescriptibles, los crímenes de lesa humanidad: Corte Suprema

Serán reactivados expedientes para investigar a fondo la trama de la criminal Operación Cóndor

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 24 de agosto. La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró hoy la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, fallo con que ratificó la prisión perpetua para un ex agente de la dictadura de Chile (1973-1990) responsable del asesinato del ge-neral Carlos Prats y su esposa, en Buenos Aires en 1974, acción que anticipó la criminal Operación Cóndor llevada a cabo por las dictaduras del Cono Sur.

Este fallo sienta precedentes en favor de la esperada inconstitucionalidad que debe decidir la corte para las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-1987), anuladas recientemente por el Congreso, lo que significaría el fin de la impunidad para los responsables de delitos de lesa humanidad co-metidos durante la anterior dictadura militar (1976-1983).

La Corte Suprema accionó en el caso del ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (Di-na policía política chilena) Enrique Arancibia Clavel, condenado a reclusión perpetua por el homicidio de Prats y su esposa Sofía Cuthbert, sucedido a finales de septiembre de 1974, cuando am-bos estaban exiliados en Argentina, después del golpe de Estado del 11 de septiembre 1973 que de-rrocó al presidente socialista Salvador Allende.

Hubo cinco votos en favor y tres disidencias en esta decisión de condenar a Arancibia Clavel, quien participó en la colocación de la bomba que mató a al ex comandante en jefe del ejército chileno, militar democrático perseguido por el entonces dictador Augusto Pinochet.

Hay muchos más implicados en esta causa, que llega hasta ex altos jefes de la Dina, y también ex miembros de la organización Triple A de Argentina y personajes de la seguridad local, que colaboraron en el entramado, que sería la base operativa de la Operación Cóndor en la región.

Arancibia Clavel, con varios hermanos en el ejército de su país, también fue responsable -aunque aún no se lo juzgó por esto- de la desaparición de unos 119 chilenos en la Operación Colombo, por la cual se arrojaron cadáveres, no identificados hasta hoy en Argentina, adosándole documentos de militantes izquierdistas detenidos y desaparecidos en Chile.

Con lo anterior, el dictador Pi-nochet intentó distraer a Naciones Unidas y a la opinión pública del mundo cuando se reclamaba por varias víctimas en su país.

Muchos expedientes se activarán ahora, aunque también falta investigar a fondo los hechos claves de la Operación Cóndor y sus mayores responsables.

Esta noticia, sumada a lo sucedido el lunes, cuando el ex almirante Emilio Massera debió pagar una indemnización a un joven cu-ya familia fue secuestrada y desaparecida por hombres de la marina que el militar comandaba, causaron un fuerte impacto en diferentes organismos humanitarios.

El abogado Alberto Pedroncini, quien junto con otros letrados lleva la causa contra los responsables de la Operación Cóndor -la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur-, consideró que esta resolución marca un paso de gran importancia para las decisiones que se deben tomar en los próximos meses.

Otros juristas admitieron un fuerte avance en materia del cumplimiento de las normas constitucionales de 1994, con la incorporación a los pactos y acuerdos de derechos humanos del país en el orden interamericano, donde se establece que son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.

Desde que tomó al poder el presidente Néstor Kirchner, éste asumió la necesidad de cumplir con todos estos compromisos y dio impulso a que el Congreso apresurara las leyes que daban cumplimiento a esos acuerdos, a la vez que se avanzaba en cuanto a una exigencia popular mayoritaria para que se produjeran cambios en una Corte Suprema de Justicia adicta al poder del ex presidente Carlos Menem.

En el Congreso dormía una se-rie de juicios políticos contra varios jueces, y tres de ellos se alejaron por renuncia o por destitución en el Congreso. En estos momentos está a punto de ser juzgado Adolfo Vázquez, quien en las últimas horas hizo declaraciones que en otros periodos históricos podrían haberse considerado golpistas, ya que condenó el cambio en las cúpulas militares, decidido por el mandatario, y de alguna manera, apoyado por la ultraderecha pro dictatorial, lanzó ad-vertencia a los militares respecto de futuros juzgamientos.

En discurso de este día, advirtió que Argentina es manejado por la izquierda y que se están destruyendo las instituciones.

También hizo alusión a un caso de justicia, como fue lo sucedido ayer cuando el ex almirante Massera debió pagar el dinero reclamado por los abogados de Daniel Tarnopolsky, por la desaparición de su familia en 1976.

El joven donó el dinero a las Abuela de Plaza de Mayo en emotivo acto, para ayudar en la búsqueda de unos 300 niños nacidos en cautiverio y robados a sus pa-dres, a los que a continuación los militares desaparecieron.

Ya han sido encontrados más de 70 y la mayoría fueron restituidos a su familia biológica.

Los padres y dos hermanos de Daniel Tarnopolsky, Sergio y Bettina, fueron secuestrados por ma-rinos del centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, en julio de 1976. También desaparecieron Laura de Luca, esposa de Sergio, y los padres de la joven.

Kirchner, objetivo derechista

De su lado, la organización Ma-dres de Plaza de Mayo Línea Fundadora envió este día una carta a Raúl Castells, dirigente de un sector de pensionados, jubilados y desocupados, denunciando sus ac-titudes, ya que en los últimos tiempos se ha revelado como un hombre que actúa y habla en consonancia con la ultraderecha local.

Castells dijo hoy en un programa de radio local que la "dictadura militar era más honesta" que el gobierno de Kirchner, ya que, se-gún él, "ponía a una persona a disposición del Poder Ejecutivo cuando no lo mataban y le decían que estaba preso sin causa, que estaba preso porque no les gustaba cómo pensaba".

En su carta pública Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora señaló que "Castells ha revelado sus verdaderas convicciones políticas. Su aparente desmemoria y falta de información traicionan a miles de desaparecidos, asesinados, presos y exiliados, muchos de los cuales fueron trabajadores. Co-mo organismo de derechos humanos deducimos que para Castells es mejor la dictadura que un gobierno constitucional. Ante las palabras de Castells, la sociedad ya sabe a qué atenerse. Ningún gobierno usurpador del poder es mejor que uno elegido por el pueblo".

Firman además la nota Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

De última hora se informó que Castells fue declarado este martes en rebeldía por la justicia argentina, que libró una orden de captura en su contra por la toma del casino de la ciudad de Resistencia, en el norte del país.

El dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y De-socupados, grupo que pertenece al sector piquetero más intransigente, no se presentó a declarar por la toma de la sala de juegos durante una protesta que encabezó en julio en la provincia del Chaco.