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México D.F. Martes 24 de agosto de 2004

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dados a conocer ayer, en los primeros seis meses de este año el gobierno federal tuvo que pagar más de 6 mil 500 millones de pesos en intereses generados por el rescate carretero, cantidad que casi igualó los pagos realizados durante todo 2003 por ese concepto. Las cifras revelan que la deuda que asumió el gobierno federal desde 1997 ha crecido 53 por ciento en los pasados cuatro años, por lo que a junio de este año se elevaba a 157 mil 316 millones de pesos. Lo que muestran las cifras es la dimensión de la sangría que ha significado para el erario el salvamento de las carreteras privatizadas. Al igual que en el caso del oneroso rescate bancario, el gobierno federal sigue llenando puntualmente un barril sin fondo con cargo a los contribuyentes, sin que a la fecha se hayan investigado los fraudes y la corrupción que gestaron este endeudamiento y en los cuales están implicados empresarios y funcionarios de alto nivel del salinismo y el zedillismo.

Los responsables del desfalco gozan de la protección que les da la misma política económica de sexenios anteriores, que premia la ineficiencia y la corrupción en sectores privilegiados.

Sin duda, ante el desastre financiero en que la iniciativa privada dejó la banca y las autopistas concesionadas, era necesaria la intervención del gobierno federal; pero a la luz del desfalco que han significado los onerosos rescates, cabe preguntarse si los mexicanos debemos seguir pagándolos sin importar el costo y sin que las autoridades, en particular la Secretaría de Hacienda, informen con transparencia del manejo de las deudas, como en el caso del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC).

Aunque los casos referidos han puesto en entredicho la eficiencia del sector privado en el manejo de servicios estratégicos de la nación, vale reconocer la importancia vital de sus inversiones para impulsar la actividad económica, generar riqueza y empleos. Identificar y sancionar a los empresarios y banqueros defraudadores ayudaría a apreciar la labor de quienes desde la iniciativa privada trabajan por el desarrollo del país apegados a la ley.

Para ello, es indispensable que el gobierno federal deje de aplicar una política económica que garantiza privilegios a unos cuantos -como a quienes se les permite evadir impuestos- y en su lugar promueva y vigile, empezando por los funcionarios de alto nivel, el cumplimiento de la ley como regla fundamental para la participación de todos los sectores en la actividad económica.