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México D.F. Viernes 20 de agosto de 2004

Cuestionan fallo judicial sobre el caso Misael Núñez

Maestros acudirán a la CIDH por la exculpación a Gordillo

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Disidentes del magisterio interpondrán en septiembre próximo una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que el Estado violó sus derechos humanos al proteger a Elba Esther Gordillo, Carlos Jonguitud Barrios y a dos ex líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, denunciados penalmente en agosto de 2002 por su presunta responsabilidad en el homicidio del profesor Misael Núñez Acosta, así como en los asesinatos de más de 100 mentores ocurridos durante los años 80.

Teodoro Palomino Gutiérrez, uno de los quejosos, informó a La Jornada que recurrirán al organismo internacional debido a que desconfían de las autoridades mexicanas, sobre todo a raíz de que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado no solicitó en julio de 2003 las aprehensiones contra los inculpados, y luego de que a principios de este mes un juez federal les negó a dos profesores un amparo que solicitaron para que la Procuraduría General de la República (PGR) reabriera las investigaciones del caso Núñez Acosta.

Palomino Gutiérrez y Juan José Altamirano Gómez, quienes a principios de este año presentaron las demandas de garantías contra la PGR, ya no recurrieron al recurso de revisión para que un tribunal colegiado del Distrito Federal estudiara y definiera si procedía otorgarles la protección de la justicia federal a ambos, por lo que los juicios que perdieron ante el juzgado quinto de distrito causarán ejecutoria, es decir, se declararán concluidos.

Palomino Gutiérrez indicó que "ante la falta de la aplicación de la justicia en México, no quedó otra salida que recurrir a los foros internacionales para hacer valer nuestro derecho a denunciar y exigir que se castigue a los responsables".

Agregó que ya no continuarán los juicios de amparo ante algún tribunal colegiado, porque "las autoridades judiciales de este país no pueden ser confiables".

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