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México D.F. Jueves 19 de agosto de 2004

 

Doble rasero en Gobernación

Con el desacato a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue y castigue a los integrantes de los cuerpos de seguridad de Jalisco que incurrieron en retenciones ilegales, tratos crueles y degradantes, torturas físicas y sicológicas contra un centenar de jóvenes que se manifestaron en la cumbre de Guadalajara el pasado 28 de mayo, el gobernador panista de la entidad, Francisco Ramírez Acuña, no sólo descalifica la actuación de la CNDH en la investigación del caso -al considerar que el informe presentado por ese organismo es parcial-, sino que pone en tela de juicio los compromisos nacionales e internacionales de México con respecto a la vigencia de los derechos humanos y la erradicación de cualquier forma de tortura.

A pesar de que con esa actitud Ramírez Acuña está abriendo las puertas a la impunidad y demostrando, como lo señaló el ombudsman José Luis Soberanes, "desdén por el orden jurídico mexicano", el titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel, ha optado por mantenerse al margen del desacato del mandatario panista, argumentando que "las relaciones del organismo (CNDH) con los estados dependen exclusivamente de dos partes. Haríamos muy mal en intervenir en una relación que tiene que ver con una entidad autónoma". Peor aún, se pronunció en favor de que se deslinden las responsabilidades "independientemente de los criterios de una u otra parte", lo cual abona a la descalificación de Ramírez Acuña al informe de Soberanes: en el criterio del mandatario estatal, la actuación de los policías fue justificada y legal, por lo que no habría delito que perseguir.

El secretario de Gobernación pasa por alto que la respuesta a una denuncia de tortura no puede ni debe limitarse al ámbito estatal, pues, entre otras consideraciones, México tiene obligaciones como Estado signante de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Degradantes o Inhumanos, y que dicho instrumento jurídico tiene rango constitucional. Si no se pone un alto a la impunidad policiaca castigando a los responsables de los excesos represivos en Guadalajara, quedará en entredicho todo discurso oficial -estatal o federal- sobre el supuesto compromiso con la vigencia de los derechos humanos en el país.

Por otro lado, la postura de la Secretaría de Gobernación ante este caso evidencia que el gobierno federal maneja un doble rasero en el reiterado discurso de que nadie puede estar por encima de la ley y que se debe respetar el estado de derecho; un doble rasero que comparten también los legisladores panistas que ayer en la Comisión Permanente cobijaron a Ramírez Acuña al votar en contra del punto de acuerdo con el que ese organismo del Congreso le pidió acatar las recomendaciones de la CNDH, y que al mismo tiempo se aprestan a votar a favor del desafuero del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por el supuesto desacato a la ley.

Del mismo modo, Santiago Creel se muestra complaciente con el mandatario estatal de su mismo partido, pero no ha dudado en exigir al mandatario perredista que enfrente como "hombrecito" el juicio de desafuero en su contra.

Lamentablemente, esta falta de congruencia en Bucareli distorsiona la convivencia política nacional al dar muestras de parcialidad y de trato diferenciado a quienes comparten ideología, frente a quienes están en la oposición. En el caso de Jalisco, sería lamentable que se permitiera al gobernador pasar por alto las denuncias de tortura y las recomendaciones de la CNDH, por lo que es necesaria una rectificación del titular de Gobernación para evitar que se sigan mandando mensajes con un doble rasero.
 

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