Reconocen junto con los panistas la labor de Gertz Manero al frente de la SSP

Gobernadores de oposición reprueban bajos salarios de policías

JESUS ARANDA

Al darse a conocer un primer balance del programa emergente de seguridad pública, gobernadores de los estados de filiación priísta y perredista cuestionaron que la estrategia para combatir la inseguridad pública no tome en cuenta la saturación de las prisiones del interior del país, y que tampoco se tomen cuenta aspectos "estructurales", como los bajos salarios de los policías y que éstos carezcan de seguro de vida y de gastos médicos mayores.

Los ejecutivos estatales mencionaron que la lucha contra la delincuencia debe tomar en cuenta que 90 por ciento de los delitos son del fuero común y el resto de "alto impacto", de competencia federal, situación que debe tomarse en cuenta al distribuir los recursos respectivos.

Durante la 16 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) -que encabezó el presidente Vicente Fox-, en la que el secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, participó en calidad de secretario técnico del organismo, los gobernadores de partidos de oposición coincidieron, sin embargo, con sus pares provenientes de Acción Nacional en reconocer la labor desarrollada por Alejandro Gertz Manero al frente de la SSP.

El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, destacó que se ha "satanizado" el gasto corriente en sectores tan importantes como seguridad, salud y educación. Dijo que en seguridad los estados no tienen "margen de maniobra" para incrementar los salarios de policías y personal encargado de la procuración de justicia.

Comentó que existe una tendencia para que los recursos para la seguridad vayan directamente a infraestructura -como adquisición de patrullas, equipo de comunicación y armas-, pero se deja de lado el factor humano. "Exigimos mayores resultados contra la delincuencia, pero difícilmente se les puede exigir que arriesguen la vida y cumplan con su deber cuando ganan -al menos en Chiapas- un máximo de 5 mil 200 pesos mensuales."

José Murat, gobernador de Oaxaca, añadió que el problema de la seguridad es estructural y pasa necesariamente por los salarios y prestaciones de policías, jueces y agentes del Ministerio Público. Sin embargo, sostuvo que ello es consecuencia de la falta de empleos y los problemas de salud y educación que enfrenta la sociedad, que inciden en el aumento de la delincuencia.

Miguel Alemán, gobernador de Veracruz, propuso de plano la reforma al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, que contempla, entre otras cosas, que los recursos extraordinarios que reciban los estados, derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública, tienen el carácter de "no regularizables" para los presupuestos de egresos de la Federación en ejercicios subsecuentes, de manera que "las responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de los propios estados. Es decir, si una entidad decide mejorar sueldos o incrementar el número de efectivos -que entraría en la esfera del gasto corriente-, no lo puede hacer con base en recursos adicionales, simplemente porque no tendría cómo hacer frente a esos gastos el año próximo". Alemán cuestionó el que dichos recursos deban destinarse únicamente a los rubros que establezca el CNSP.

Eduardo Bours, gobernador de Sonora, habló de la saturación de los penales, situación que se agudiza en su entidad porque 73 por ciento son reos acusados de delitos federales y el resto por delitos comunes. "Necesitamos -se dirigió al presidente Fox- reubicar a toda esta gente, porque tenemos un hacinamiento que supera 125 por ciento en nuestros penales."

Ricardo Monreal, gobernador de Zacatecas, se sumó a esta inquietud, además de llamar la atención sobre los menores infractores, quienes cada vez incurren en más delitos relacionados con el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.

Al encuentro asistieron representantes de la sociedad civil, quienes apoyaron la idea oficial de tener voz y voto en el CNSP.