Ex trabajadores de la Ssa los acusan de diversos delitos cometidos presuntamente en 1979

Desecha la Femospp pedir ejercicio de acción penal contra Beltrones y Ayala

Tres de los ilícitos ya están prescritos y uno más no se pudo comprobar, concluye

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) no solicitará el ejercicio de la acción penal contra el diputado priísta Manlio Fabio Beltrones, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, y otros ex funcionarios que participaron en el gobierno del ex presidente José López Portillo, quienes fueron acusados de incurrir en los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, tortura y ejercicio indebido de la función pública.

La fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto determinó que tres de los actos ilícitos presuntamente cometidos en 1979, en perjuicio de ex trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa) -quienes denunciaron a los ex servidores públicos el 9 de septiembre de 2003-, ya están prescritos, mientras que el otro no se pudo comprobar.

Los denunciantes, Antonio Vital Galicia y Jesús Néquiz González, ex líderes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS), y el abogado Enrique González, representante legal de los quejosos, se presentaron ayer en las instalaciones de la Femospp para conocer el sentido de la resolución ministerial correspondiente a la conclusión de la averiguación previa PGR/303/2003.

A su salida del edificio, tras haber sido notificados del resolutivo, los denunciantes consideraron que la fiscalía es una ''farsa'' y ''fue creada para proteger a los represores del pasado''.

También coincidieron en señalar que la Femospp concluyó la indagatoria sin haber citado a declarar a los ex funcionarios mencionados, por lo que adelantaron que solicitarán la protección de la justicia federal mediante una demanda de amparo, a fin de que el Ministerio Público reabra las investigaciones del asunto.

Vital Galicia consideró que los delitos imputados a los presuntos responsables ''son considerados por la legislación vigente de lesa humanidad y por ello son imprescriptibles. Se nota en los términosde la notificación que nos dio el Ministerio Público, Héctor Amaro, que prácticamente no se investigó a los denunciados y nunca se les citó a declarar, mientras que a nosotros sí se nos indagó a pesar de que señalamos bien en la denuncia el tipo de represión que sufrimos en el Hospital General y en una veintena de organizaciones sindicales a manos (en 1979) de la Secretaría de Gobernación''.

Incluso refirió que la Femospp ''esperó a que el ex presidente José López Portillo (también señalado como presunto responsable de los hechos) muriera, para concluir la averiguación previa, lo que nos demuestra la parcialidad del fiscal Ignacio Carrillo''. Añadió que ''además del amparo vamos a reclamar políticamente en los próximos días mediante manifestaciones ante la Procuraduría General de la República, y enviaremos un documento a la Presidencia de la República para pedir que Vicente Fox cumpla su palabra respecto de que castigaría a los responsables de los delitos del pasado''.

El abogado Enrique González precisó por su parte que la Femospp determinó no solicitar la aprehensión de los indiciados con el argumento de que ''algunos de los delitos ya prescribieron y que en otro no se demostró la probable responsabilidad''.

Agregó que, en este caso, la fiscalía ''fungió como una instancia de encubrimiento de los políticos del pasado, y ya esto parece un común denominador ahí: se le pierden los expedientes, se le van los testigos, se le mueren los acusados, en fin, estamos frente al fracaso de la Femospp, ha sido una farsa''.

Los hechos

En su querella, los quejosos aseguran que en 1978 agentes de la Brigada Blanca (grupo paramilitar que dependía de la Secretaría de Gobernación) arrestaron y torturaron a integrantes de la sección 14 del SNTS, que realizaban una huelga en demanda de mejores condiciones laborales.

Según los denunciantes, poseen pruebas documentales, filmográficas y periodísticas de lo ocurrido en julio de 1978 en el Hospital General.

En su declaración ministerial, Vital Galicia indicó que ''los representantes de los trabajadores (incluido él) fueron sometidos a un tratamiento especial los días 22 y 23 de julio de 1978'', cuando se los recluyó en una cárcel clandestina ubicada en el sótano de un edificio que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal poseía en la calle Pino Suárez, que se derrumbó con los sismos de 1985.

Asimismo, explicó que ese año agentes de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia los sometieron a diversos actos de tortura, como la aplicación de toques eléctricos.

Entre los ex funcionarios que fueron denunciados se encuentran el ex presidente José López Portillo; Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien entonces fungía como secretario particular del titular de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, y Joel Ayala Almeida.