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México D.F. Viernes 6 de agosto de 2004

Afirma que la resolución de la SCJN es ambigua y esperará una orden expresa

Rechaza el concejo de Cancún abandonar el palacio de gobierno

García Zalvidea solicita la intervención de la Corte para que se entregue la sede municipal

ENRIQUE MENDEZ, CIRO PEREZ Y DAVID SOSA FLORES REPORTEROS Y CORRESPONSAL

La dirigente del Partido Verde Ecologista en Quintana Roo y presidenta del concejo municipal de Benito Juárez (Cancún), Marisol Avila, advirtió que no abandonará la sede de gobierno hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se lo exija, pues consideró que la resolución del máximo tribunal es ambigua.

De acuerdo con Avila, la resolución de la SCJN ''nos da la razón a los dos'', aseguró en una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que ofreció presentar un video donde aparecería el alcalde Juan Ignacio García Zalvidea, El Chacho, llamando a la muchedumbre a la violencia. Sin embargo, la representante verde se disculpó porque carecían de una videograbadora para mostrar la cinta.

Simultáneamente, un reducido grupo de simpatizantes del PRD, encabezados por el consejero Mauricio Toledo, clausuraron simbólicamente la representación de Quintana Roo en el Distrito Federal, y advirtieron que México es el único país donde ''quienes encabezan las encuestas, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador y el propio García Zalvidea, se les fabrican delitos para sacarlos de la jugada política".

El miércoles, la SCJN ordenó que cesara la detención del edil Juan Ignacio García Zalvidea y todo acto que lleve como propósito la desintegración total o parcial de ese ayuntamiento.

En Cancún, el ayuntamiento de Benito Juárez acordó durante la 19 sesión extraordinaria de cabildo solicitar a la SCJN medidas de apremio a fin de que el concejo municipal entregue el palacio de gobierno.

El cabildo, que siguió sesionando en la casa de García Zalvidea, acordó solicitar a la Corte que instruya al "espurio concejo", al gobierno estatal y al Congreso local a que entreguen de manera pacífica el palacio municipal.

Los regidores, que se mantuvieron en sesión permanente tras la detención y reclusión del edil, señalaron sus temores sobre eventuales actos de rebelión por parte del director de Seguridad Pública, Felipe Saidén, persona cercana al ex gobernador de Yucatán Víctor Cervera.

Poco después de las 18:30 horas, al menos mil simpatizantes de El Chacho efectuaron una marcha de la explanada del palacio municipal a la sede del gobierno estatal en Cancún, con la exigencia de que se acaten los resolutivos de la Corte. En el inmueble se restringió el acceso y se reforzó la vigilancia.

García Zalvidea informó que solicitará al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Alejandro Gertz Manero, que salvaguarde la integridad personal y de quienes conforman el gobierno municipal.

Aseguró que es falso que su administración presente desorden financiero y que se niegue a la aplicación de auditorías; por el contrario, señaló, ''en lo que va de este mandato se incrementaron los ingresos públicos y fue el gobierno del estado quien los asfixió económicamente al escamotear recursos que nos correspondían legalmente, además de que violan la Ley de Hacienda estatal y la Ley Orgánica Municipal, al tratar de hacer revisiones de manera ilegal.

Por la noche, la procuradora de justicia del estado, Celia Pérez, informó que ante la denuncia presentada en días pasados por el concejo municipal por el delito de peculado en agravio del patrimonio del ayuntamiento de Benito Juárez, se determinó que sí hay elementos para consignar al edil.

Sin embargo, aclaró que la dependencia a su cargo se encuentra imposibilitada de ejercer acción penal contra García Zalvidea debido al fallo de la SCJN, que evita dictaminar un resolutivo final contra el alcalde.

Promueve el PRD juicio político contra el gobernador Hendricks

En la Cámara de Diputados federal, el legislador perredista Abraham Bagdadi Estrella anunció este jueves que presentará una solicitud de juicio político contra el gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz.

El diputado argumentó que hay suficientes elementos para iniciar el proceso. ''No sólo está lo del desacato; está el abuso de autoridad, el uso indebido de los recursos públicos, la retención ilegal de ciudadanos, la violación del fuero constitucional y una infinidad de violaciones a la Constitución y a las leyes, que pueden configurar el juicio político'', explicó.

Acompañado por Carlos Canabal, asesor jurídico del ayuntamiento de Benito Juárez y abogado de García Zalvidea, Bagdadi Estrella dijo que el conflicto en Quintana Roo, que derivó en la destitución de El Chacho, es ''un ataque a la democracia nacional'', y resaltó: ''si se permite al gobernador Hendricks concretar sus ataques contra el ayuntamiento, se estaría sentando un precedente para que cualquier gobernador, en el momento que se le antoje, se deshaga de un presidente incómodo simplemente porque así le parezca".

Consideró que de no haberse dado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador habría "avasallado al ayuntamiento de Benito Juárez".

Por su parte, Carlos Canabal señaló que probablemente será la próxima semana cuando presenten la demanda de juicio político, que se fundamentará en ''una serie de delitos graves que no se pueden permitir; sería un retroceso histórico para México que un gobernador pueda disolver un ayuntamiento por el único delito de que el edil no es de su partido'', el PRI.

Por otro lado, la SCJN respondió también este jueves a la queja presentada el lunes por la representante legal del ayuntamiento, Paula Martínez, y da un plazo de 15 días hábiles a los gobiernos, federal y estatal, a la Procuraduría de la entidad, al juez segundo penal, al director de la Policía Municipal, al concejo municipal y al Fonatur para que informen los motivos de desacato en que han incurrido al violar una resolución del máximo tribunal de justicia en favor del ayuntamiento, dictada el pasado 23 de julio.

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