Sobreseen juicios de garantías interpuestos por Teodoro Palomino y Juan José Altamirano

Desechan demanda para reabrir el caso de Misael Núñez Acosta

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Un juez federal desechó la demanda de garantías que solicitaron los profesores Teodoro Palomino Gutiérrez y Juan José Altamirano Gómez con la finalidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) reabriera las investigaciones contra la diputada priísta Elba Esther Gordillo, el ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Carlos Jonguitud Barrios, y otros dos trabajadores de la educación, por su presunta responsabilidad en los asesinatos de más de cien profesores ocurridos durante los años ochenta, entre ellos el del maestro mexiquense Misael Núñez Acosta.

Jacinto Figueroa Salmorán, juez quinto de distrito B de amparo, determinó el pasado 2 de agosto sobreseer los juicios de garantías (1576/2003 y 964/2004), ambos acumulados con anterioridad en un sólo expediente, con el argumento de que carecían de materia jurídica para su estudio, debido a que las personas señaladas como "terceros perjudicados" -entre ellas la legisladora del tricolor- no fueron notificadas mediante edictos, que debieron ser pagados por los quejosos.

Tanto Palomino Gutiérrez como Altamirano Gómez pueden apelar de la sentencia de primera instancia, con el propósito de que sea un tribunal colegiado de circuito el que determine en definitiva si procede estudiar y resolver acerca de los juicios de garantías mencionados. En entrevista con La Jornada, Palomino Gutiérrez confirmó lo anterior y consideró que la decisión del representante del Poder Judicial Federal "tiene tintes políticos", y "tal como ocurrió hace varios días con la exoneración judicial del ex presidente Luis Echeverría, ahora otro juez encubrió a los responsables de episodios tan nefastos para la vida sindical de nuestro país, entre ellos a Elba Esther Gordillo".

Asimismo, indicó que "el juez declaró primero que los domicilios aportados por el Instituto Federal Electoral para notificar a los terceros perjudicados no eran correctos, y luego nos pidió (a los quejosos) que notificáramos por edictos, pero nos costaban 120 mil pesos (cada uno), y como no tenemos ese dinero ahora se sobreseen los juicios".

En agosto de 2002, varios profesores, entre ellos Palomino Gutiérrez y Altamirano Gómez, denunciaron ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) a Elba Esther Gordillo, Carlos Jonguitud Barrios, Ramón Martínez Martín, ex dirigente del SNTE, y a Leonardo González Valera, ex secretario general de la sección 36 del valle de México, como presuntos culpables del asesinato del maestro Misael Núñez Acosta

Casi un año después, en julio de 2003, el agente del Ministerio Público Federal Jaime Rafael Alcántara García -según consta en el oficio ministerial 1198/2003- informó que "fue autorizada en definitiva la consulta de no ejercicio de acción penal (contra Gordillo Morales y coacusados) dentro de la averiguación previa 40/DAF/2003".

Ante esa determinación de la PGR, tanto Palomino Gutiérrez como Altamirano Gómez recurrieron a los juicios de amparo en septiembre y enero pasados, respectivamente, para que mediante la protección de la justicia federal el Ministerio Público federal reabriera las investigaciones antes mencionadas.

Según consta en los alegatos presentados por los quejosos en sus demandas de amparo, la PGR habría violado sus garantías constitucionales, porque al exonerar a Gordillo Morales y coacusados restringió su derecho de "acceder a la justicia".

La otra omisión de la fiscalía, refieren los alegatos, es que no llamó a declarar a Ramón Martínez Martín ni a Leonardo González Valera. Tampoco solicitó a la procuraduría del estado de México el expediente relativo al asesinato de Núñez Acosta, no obstante que ahí constaban las declaraciones de los autores materiales del crimen, señalando que el SNTE les había pagado 300 mil pesos para que cometieran este delito.