Un amparo o una controversia estarían destinadas al fracaso, afirman juristas

Critican académicos la reforma a la Ley del Seguro Social; es un golpe fascista

Los cambios sientan el precedente de suprimir derechos sociales con normas legales

KARINA AVILES, JOSE GALAN Y ALFREDO MENDEZ

El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfonso Bouza, consideró que las reformas a la Ley del Seguro Social representan "un golpe fascista" y "un atropello de la Constitución". En tanto, Aldo Muñoz, de la Universidad Iberoamericana, sostuvo que se trata de cambios que corresponden a una política de derechas que busca cargarle la crisis a los trabajadores sin tocar la evasión fiscal, el adeudo de empresarios y del mismo gobierno al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para los juristas Elisur Arteaga, Clemente Valdés y Raúl Carrancá, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) podrían recurrir a la vía del amparo o de la controversia constitucional en los próximos días para evitar que se apliquen las reformas, pero dichas gestiones están "encaminadas al fracaso".

Bouzas manifestó que con estos cambios se sepulta la historia de 1917 a la fecha. Los cambios son alarmantes, dijo, porque sientan el precedente de que, "de acuerdo con la ley, se suprimen los derechos sociales". En lo económico no resuelven el problema del IMSS y en lo social "causan la erosión más importante que se ha tenido desde 1968", porque se ha renunciado a la parte más valiosa de la Constitución.

Consideró una "mentira" que no se vayan a afectar los derechos de los jubilados actuales, ya que esto dependerá de la asignación del presupuesto y, como anualmente se dice que no hay recursos, los efectos contra los derechos de los trabajadores "los vamos a ver antes de dos años".

José Antonio Romero, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, manifestó que "éste es un golpe contra la Constitución", cuyo propósito es eliminar las vías jurídicas y legales que tienen los trabajadores para defenderse.

Mario Solórzano, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que la reforma es "discriminatoria" y "arbitraria", además de que atenta contra la negociación colectiva y el esquema de solidaridad. La resolución del Senado "representa la estocada final para completar la privatización de la seguridad social".

Entrevistados por separado, Arteaga, Valdés y Carrancá puntualizaron que por el momento la reforma legislativa no representa violación alguna a las garantías constitucionales de los actuales trabajadores, y en caso de que el SNTSS recurra al juicio de amparo o a la controversia, "carecería de personalidad jurídica para interponer esos recursos", ya que "mientras no exista una persona que deba ser jubilada o pensionada que se queje de haber sido privada de ese derecho laboral, en virtud de la reforma, no hay manera de comprobar que se ha violado alguna garantía de ley".

Valdés señaló que las necesidades del IMSS obligan a la izquierda mexicana a quitarse "todos los mitos y las mascaradas", porque "urgen reformas legislativas a fondo para tener un sistema de seguridad social aceptable, que asegure en el futuro los servicios médicos, las jubilaciones y las pensiones de los trabajadores".

Acerca de una eventual demanda de amparo o una controversia constitucional, señaló que estarían destinadas al fracaso por la falta de interés jurídico y porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en el caso de jubilaciones y pensiones no se puede hablar de un derecho constitucional, sino de acuerdos laborales.

Elisur Arteaga, de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que una controversia constitucional no procedería, "porque ni los sindicatos ni los sindicalizados están facultados para presentar ese tipo de recursos jurídicos, ya que sólo lo pueden hacer los entes, poderes u órganos previstos en el artículo 105 constitucional.

"Si se van al amparo, tendrían que demostrar que tienen interés jurídico para recurrir al juicio, que no lo habrá porque a los sindicalizados no se les está afectando en sus garantías, y los que en un futuro se van a contratar, mientras no lo hagan, carecen de derechos", puntualizó.

Para Raúl Carrancá, "las reformas al IMSS pueden gustarnos o no, pero me parece que no hay elementos jurídicos para hablar de violación de garantías individuales". Consideró que la vía legal más factible para los quejosos sería la controversia constitucional, aunque "antes tendrían que cabildear con diputados federales que apoyen su postura, para que sean los legisladores quienes acudan a la Corte para plantear la probable contradicción entre una norma de carácter general y algún artículo de la Constitución".

Aldo Muñoz calificó de "muy lamentable" la decisión de los senadores al culminar una ofensiva contra los derechos laborales para lograr la viabilidad de las finanzas del IMSS. Con la aprobación de las reformas, agregó, "se viola la Ley Federal del Trabajo, porque se limita la capacidad de negociación entre la dirección del IMSS y el sindicato en la contratación de trabajadores.