Hendricks niega tener "cuentas pendientes" con El Chacho

Abogados del edil depuesto presentan recurso por desacato de un juez a decreto de la Corte

DAVID SOSA FLORES CORRESPONSAL

Cancun, QR, 3 de agosto. Los abogados del depuesto alcalde Juan Ignacio García Zalvidea presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por un presunto desacato en que habría incurrido Benjamín Navarrete Solís, juez segundo de lo penal de Quintana Roo, a una suspensión contra actos del Congreso y el Ejecutivo estatales que pretendieran desconocer al ayuntamiento constitucional de Benito Juárez (Cancún) electo en 2002.

En tanto, seguidores de García Zalvidea instalaron a unos 200 metros del palacio municipal la "sede" del ayuntamiento constitucional, donde se discutieron los pormenores del proceso judicial contra García Zalvidea.

Según el litigante Carlos Canabal, el juez Navarrete Solís se negó a integrar la suspensión de la causa penal 1060/04, donde se acusa a García Zalvidea, así como a diez colaboradores y simpatizantes, de los hechos violentos luego de que policías municipales disolvieron una manifestación de apoyo a El Chacho el pasado 28 de julio, reyerta que dejó como saldo más de 30 heridos.

En entrevista telefónica, Canaval sostuvo que este desacato del juez Navarrete se sumó a la negativa del Congreso del estado, del concejo municipal que designó la Legislatura, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del titular de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos (DGSPTB) de Benito Juárez, Luis Felipe Saidén Ojeda, para acatar el resolutivo del ministro federal Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien dictaminó en favor de la suspensión que solicitó García Zalvidea el 23 de julio anterior.

Canabal insistió en que por efecto de esa decisión judicial, vigente hasta que se resuelva el fondo del asunto (o el recurso de reclamación que la Legislatura estatal presente para privar de efectos a la suspensión), García Zalvidea continúa al frente del ayuntamiento. "El ministro Aguirre Anguiano suspendió los efectos del decreto que designó al concejo, por lo que éste debería dejar de funcionar, pues carece de fundamento legal", señaló.

Explicó que la resolución de la SCJN no restituyó al ex alcalde en su cargo, porque al perder eficacia el decreto que lo despidió -así sea provisional-, García Zalvidea no dejó de ser presidente municipal. "Aguirre Anguiano ordenó al Congreso local, al gobierno federal y al gobernador (Joaquín Hendricks Díaz) abstenerse de cualquier acto que afecte la integración del ayuntamiento, e incluso ordenó que los recursos y participaciones federales y estatales no se entregaran al concejo municipal", presidido por la diputada local con licencia Marisol Avila.

En tanto, no se presentaron a declarar el titular de la DGSPTB, Saidén Ojeda, ni los policías Wilberth Ramos Chuc y Daniel Pérez, quienes imputaron nueve delitos al depuesto edil y a otras diez personas.

De su lado, el gobernador Hendicks Díaz negó tener diferencia alguna con García Zalvidea. "Conmigo no tiene cuenta pendiente alguna. Que le rinda informes a los regidores y al concejo municipal que nombró el Congreso", afirmó el mandatario. Añadió que su administración no apoyará económicamente al concejo, porque lo impide una resolución de la SCJN.

A su vez, la presidenta del concejo municipal, Marisol Avila, anunció en conferencia de prensa que de no reunir dinero para pagar su nómina, vendería maquinaria propiedad de la comuna, aún sin uso aparente. Agregó que el organismo aún debe pagar 1.4 millones de pesos en compensaciones de funcionarios de la Secretaría General y la alcaldía.

Apoyan ediles a García Zalvidea

La Asociación de Autoridades Locales de México, que abarca a 332 alcaldes, en su mayoría perredistas, se pronunció por la reinstalación de García Zalvidea en su cargo, y anunció que enviará una comisión a Cancún para exigir respeto a la orden emitida por la SCJN que dejó sin efecto al concejo municipal.