Será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones cuando se discuta la iniciativa

Afinarán la ley de seguridad nacional para que no afecte los derechos humanos

Legisladores aprueban plan de recompensas para quienes denuncien a secuestradores

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Por contener inconsistencias jurídicas y errores de redacción que implicaban riesgos para los derechos humanos, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados confirmaron que la iniciativa de la ley de seguridad nacional deberá ser afinada para presentar en el próximo periodo ordinario de sesiones.

"Los partidos coincidimos en la misma preocupación, por ejemplo, en que el término de 'amenazas a la seguridad nacional', planteado en la iniciativa, se dejó muy amplio y podría ser peligroso para la vida diaria de la sociedad. También limitaba los periodos para acceso a la información, entre otros puntos", informó la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rebeca Godínez.

Luego de que durante esta semana un grupo de especialistas en seguridad nacional, de diversas universidades públicas y organizaciones no gubernamentales (ONG), expresaron su rechazo a la iniciativa porque sólo pretende -explicaron- ampliar las facultades al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), las comisiones de Justicia y Gobernación, a las cuales se turnó la minuta del Senado como proyecto de decreto, decidieron iniciar una serie de consultas públicas y retomar la discusión en la segunda semana de agosto.

"Recibimos distintas inquietudes y no se trata de sacar las cosas por sacarlas, sino de estudiarlas y todas las fracciones acordamos que así se hiciera", explicó Godínez.

Por su parte, el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Chuayffet Chemor, explicó que a juicio de los integrantes de ambas comisiones, la minuta del Senado "tenía inconsistencias y, en consecuencia, no debería ser aprobada en un dictamen".

También el coordinador del sector popular del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, refrendó que había muchas dudas sobre la redacción del documento; por eso la bancada priísta determinó darse más tiempo para discutir la minuta y, en todo caso, presentar un dictamen en septiembre.

Los legisladores también decidieron ampliar el debate sobre la iniciativa para tipificar como delito el secuestro exprés, y presentar en el periodo ordinario de sesiones "una reforma más amplia".

La diputada Lizbeth Rosas, de la Comisión de Seguridad Pública, reconoció que esto constituye una falla en el compromiso de los legisladores, pero dijo que pedirán a la Comisión de Justicia -en la que el dictamen se congeló- les turne la iniciativa correspondiente para avanzar en su dictamen.

Así, el tema no se incluyó en la agenda de la sesión de ayer del periodo extraordinario de sesiones, en la que sólo se aprobó el paquete de iniciativas en materia de seguridad pública.

Por mayoría de votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Registro Público Vehicular, que deroga a la Ley del Registro Nacional de Vehículos, y que devolverá al Estado el registro y control de la información sobre automotores en todo el país.

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara explicó que con ello "los mexicanos tendrán certeza de que se vigilarán y controlarán, en forma institucional y gratuita, los movimientos sobre el registro de vehículos".

También se aprobó una adición al artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que se otorguen recompensas a quienes denuncien un secuestro o aporten información útil que sirva para liberar a las víctimas y capturar a los responsables.

La adición permite que las compensaciones se otorguen aun cuando no exista una orden de aprehensión, y la intención es -explicaron los diputados- estimular la participación ciudadana en la prevención de este delito y fomentar la cultura de denuncia.

Asimismo, se aprobó una adición a la fracción 9 del artículo 12 de la ley general que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública, para integrar a un diputado y a un senador, con voz pero sin voto, al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Finalmente, se aprobaron reformas al párrafo 1 del artículo 13 de la misma ley para incluir a la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública en la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. "El objeto de esta adecuación es fortalecer al consejo nacional para que las corporaciones policiacas puedan actuar en materia de prevención, investigación y persecución del delito con la colaboración de los secretarios de seguridad, lo que permitirá cerrar espacios de impunidad y corrupción", señaló la Comisión de Seguridad Pública.

Existe gran confusión entre los legisladores sobre el concepto y los límites del tema

Piden académicos que la ley de seguridad nacional sea enriquecida por especialistas

Manifestaron su beneplácito por el aplazamiento de la aprobación del proyecto

JESUS ARANDA

El grupo de académicos que cuestionó la iniciativa de ley sobre seguridad nacional recibió con beneplácito el aplazamiento de la discusión y aprobación de esta propuesta e hizo un llamado a las cámaras de Diputados y Senadores para que convoquen a especialistas, representantes de la sociedad, funcionarios civiles y militares del área de seguridad nacional, con el propósito de impulsar una amplia discusión que enriquezca el proyecto legislativo.

Mario Arroyo, en representación de los académicos de diversas disciplinas que se presentaron el pasado miércoles en la Cámara de Diputados para hacer patente su inconformidad con el proyecto legislativo por la serie de imprecisiones y vacíos legales que contiene, dijo lo anterior y añadió que pese al tiempo que invirtieron los legisladores para elaborar su proyecto, aún existe "una gran confusión" entre los representantes populares y funcionarios federales sobre lo que es seguridad nacional, porque todavía se le confunde con la seguridad pública.

Además, cuestionó que la propuesta de ley se limita a pretender reglamentar la actuación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuando existen otros órganos de información que también deben ser reglamentados como son: inteligencia militar, inteligencia naval y las áreas de inteligencia de Procuraduría General de la República, Policía Federal Preventiva y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entrevistado después de que la Cámara de Diputados decidió aplazar la discusión del caso para el próximo periodo ordinario, Arroyo señaló que la decisión de los diputados es importante porque abre el camino para que representantes de la sociedad civil intervengan y logren el aplazamiento de proyectos legislativos controvertidos, cuando se considere que no han sido suficientemente discutidos.

También el especialista se refirió al encuentro que sostuvieron ocho académicos el pasado jueves con el director del Cisen, Eduardo Medina Mora, a quien plantearon directamente, punto por punto, los aspectos de la ley que deben ser modificados. Sobre todo, en cuestiones como la reserva de 30 años para abrir archivos relacionados con el tema; las definiciones de amenazas a la seguridad nacional y la forma de combatirlas; la aprobación de reformas que permitan la intervención de llamadas telefónicas de "sospechosos" de atentar contra la seguridad, entre otros.

Medina Mora, por su parte, se comprometió a responder "puntualmente" a las críticas de los académicos en los próximos días.

Por su parte, José Luis Piñeyro cuestionó la forma como fue elaborada la propuesta de ley, ya que los senadores que lo hucieron no consultaron a especialistas en el tema ni propiciaron un debate amplio sobre un tema de tanta importancia.

En entrevista por separado, el especialista comentó que todo hace ver que tampoco fueron tomadas en cuenta instituciones de reconocido prestigio como el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa, o bien el Centro de Estudios Estratégicos Navales (Cesnav) de la Secretaría de Marina. Instituciones que, por cierto, son las únicas que imparten la maestría en seguridad nacional en el país.

Destacó que si bien es importante regular la actividad del Cisen, también lo es el que se reglamente la actividad de las otras instituciones que realizan labores de inteligencia, a efecto de que los datos recabados sean procesados de manera integral y dicha información sea utilizada de forma institucional; y no de manera discrecional como ocurrió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando José Córdoba Montoya concentró en sus manos información estratégica sin que tuviera facultades legales para hacerlo.

Precisamente, dijo, para que la información que producen los cuerpos de inteligencia sean utilizados de manera adecuada, es que se requiere de una ley de seguridad nacional que establezca de entrada conceptos definidos en la materia, para pasar después a reglamentar las atribuciones de cada dependencia y el adecuado uso de esa información.