El empecinamiento del gobierno foxista y sus aliados priístas en modificar, en perjuicio de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el régimen de pensiones y jubilaciones vigente en esa institución, y de aprobar una reforma legislativa que abriría la puerta a su desmantelamiento, ha generado ya una fractura en las filas del Partido Revolucionario Institucional. Los senadores del tricolor no lograron ponerse de acuerdo en torno a la iniciativa correspondiente -presentada en la Cámara de Diputados por el priísta Manlio Fabio Beltrones- y optaron por dar su aprobación para el inicio de un periodo extraordinario de sesiones, al cual llegarán divididos y en el que habrá de discutirse la referida modificación legal.

El desacuerdo entre los senadores priístas no es, ciertamente, el único que está generando la tramposa maniobra gubernamental contra el Seguro Social. Si el grupo en el poder persiste en el empeño de afectar al IMSS y a sus trabajadores, se corre el riesgo de provocar una confrontación en el país, con escenarios de movilizaciones masivas, paros, huelgas y bloqueos de caminos; se corre el riesgo de desestabilizar y generar circunstancias de ingobernabilidad perjudiciales para todos los sectores de la sociedad y nefastas, en primer término, para el propio gobierno foxista.

En contraste con esa perspectiva y con la inflexibilidad oficial, el sindicato de trabajadores del IMSS formuló ayer una propuesta conciliadora que implicaría un incremento de 100 por ciento en el desembolso de los asalariados a sus fondos de jubilación y que permitiría a la institución ahorrar cerca de 30 por ciento de los montos que actualmente destina a ese rubro. Con esa propuesta en la mano, y con el respaldo de la plana mayor de la Unión Nacional de Trabajadores, la organización sindical anunció su voluntad de restablecer, con la intermediación del secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza, las negociaciones con los directivos del instituto. La reanudación del diálogo entre ambas partes fue respaldado también por el coordinador de la bancada priísta en el Senado, Enrique Jackson.

El Ejecutivo federal, el PAN y la cúpula priísta tienen, de esta manera, una oportunidad inestimable para dar marcha atrás en su proyecto, abrir un espacio de reflexión serena y participativa sobre la problemática y las perspectivas del Seguro Social y ahorrarle al país una polarización a todas luces indeseable.

Si se actuara con un espíritu constructivo como el referido, la coalición de facto que detenta el poder en el país tendría asimismo la posibilidad de despejar las sospechas sobre negociaciones turbias en las que el componente panista-foxista de esa coalición habría acordado la impunidad para Luis Echeverría y otros acusados de crímenes de lesa humanidad en el contexto de la guerra sucia de décadas anteriores, a cambio del apoyo de la cúpula priísta al desmantelamiento del IMSS y su sindicato. Adicionalmente, el grupo en el poder podría dar un mentís a los señalamientos sobre su interés en una privatización de los servicios de salud a fin de convertir en un negocio la atención médica al segmento de mayores ingresos de los actuales derechohabientes.

Pero si el gobierno y sus aliados priístas persisten, pese a todo, en la ruta de la confrontación con el sindicato de trabajadores del Seguro Social y en las maniobras para socavar, mediante argucias legales, la viabilidad de la institución, no sólo provocarán un conflicto político y social innecesario, pero grave, sino que confirmarán las críticas y las suspicacias referidas.