La Jornada

En caso de que se conceda la orden de captura, el ex presidente tendría derecho a un arresto domiciliario, por ser mayor de 71 años y no haber huido, asegura la defensa

Los funcionarios judiciales encargados de analizar el expediente relativo a la matanza del 10 junio de 1971 asumieron posiciones encontradas en torno a la comprobación del delito de genocidio, así como de la prescripción de los ilícitos cometidos por los autores materiales de los asesinatos cometidos el llamado jueves de Corpus. Sin embargo, la decisión sobre otorgar las órdenes de aprehensión ocurrirá las primeras horas de este sábado.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal, el juzgado segundo de distrito integró dos equipos de trabajo para analizar el pliego de consignación en el cual la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) solicitó que se libren órdenes de aprehensión por genocidio en contra del ex presidente Luis Echeverría Alvarez y el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, así como mandamientos judiciales contra 10 personas más, la mayoría de ellas entrenadores y mandos de los halcones.

Hasta el cierre de esta edición no había una posición definitiva en cuanto a la configuración del delito de genocidio y la vigencia de los ilícitos de homicidio calificado y lesiones, que se imputa a los presuntos responsables de los hechos del 10 de junio de1971.

No obstante, el plazo para que el juez César Flores Rodríguez decida si concede los mandamientos judiciales concluirá a las 10 de la mañana de este sábado, debido a que el expediente quedó formalmente bajo su responsabilidad hasta esa misma hora del viernes.

El juez segundo, César Flores Rodríguez, inició formalmente la revisión de los 13 tomos de la averiguación previa de los hechos del jueves de Corpus, a las 10 horas de ayer.

Fuentes judiciales indicaron que la noche del jueves el fiscal Ignacio Carrillo Prieto acordó con el juez Flores Rodríguez que se recibiera el pliego de consignación y las nueve cajas que contenían la averiguación previa, con la condición de que hasta la mañana del viernes comenzaría a realizarse el estudio del asunto.

La razón por la cual no se inició el análisis del expediente desde la misma noche del jueves fue que a la hora en que se presentó no podían recibirse consignaciones sin detenido, con base en un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal.

Lo que procedía era que el fiscal se retirara con todo y sus documentos, y regresara al siguiente día para presentar el pliego de consignación en el horario hábil.

No obstante, según las fuentes consultadas, el acuerdo entre Carrillo Prieto y Flores Rodríguez fue que podía dejar los 13 tomos en la oficialía de partes de los juzgados federales -como ocurrió el jueves a las siete de la noche-, y en la mañana del día siguiente se garantizaría que el asunto recayera en manos del juzgado segundo sin obstáculo alguno, ya que el expediente podría haberse turnado al juzgado 17 de distrito.

Las mismas fuentes precisaron que el contenido de los 13 tomos fue analizado durante el transcurso de ayer por el equipo de secretarios de acuerdos del juzgado segundo

En tanto, el abogado Juan Velásquez, defensor de Luis Echeverría Alvarez, Mario Moya Palencia y Julio Sánchez Vargas, acudió ayer al juzgado segundo para entrevistarse con el juez Flores, y entregó un documento de cuatro cuartillas con el cual pretende demostrar que el delito de genocidio no puede acreditarse o que, en todo caso, ya prescribió.

A su salida del juzgado, el litigante refirió: "El juez me dijo que el plazo para resolver las aprehensiones vence hasta la mañana del sábado, porque la radicacion del expediente apenas se llevó a cabo hoy, me parecería que por lo voluminoso del expediente la decisión se puede tomar hasta mañana".

Refirió que por la tarde de ayer viernes se reuniría con sus defendidos, y dijo que en la entrevista que sostuvo con el juez Flores, éste no le dio ninguna información relativa al hecho de que la consignación de la Femospp hubiera recaído en el juzgado segundo.

Respecto al contenido del documento que Velásquez entregó al juzgador, éste tiene que ver con una "explicación detallada" sobre los elementos jurídicos con los que el litigante intenta demostrar que cualquier delito cometido el 10 de junio de 1971 ya prescribió.

Para el litigante, el día de los hechos "no hubo genocidio, pero aun suponiendo que ese absurdo se hubiese dado, en aquella época había un plazo de 30 años para que prescribieran, y los 30 años se cumplieron el 10 de junio de 2001. El fiscal dice: es que el genocidio como crimen contra la humanidad es imprescriptible, y nosotros los abogados decimos, es cierto, pero en México es a partir del 16 de junio de 2002, porque fue cuando el Senado de la República aprobó el tratado de la imprescriptibilidad del genocidio, pero haciendo la declaración de que era hacia adelante y no para el pasado, porque para el pasado el artículo 14 de la Constitución prohíbe la retroactividad de la ley".

Sobre el documento leído ayer por el fiscal Carrillo Prieto en el sentido de que no habría prescrito el genocidio por lo que hace al jueves de Corpus, con base en tratados internacionales, el abogado Juan Velásquez refutó: "Nada más que sucede lo siguiente: los tratados internacionales que se han mencionado están por debajo de la Constitución, no por encima. Hay tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en ese sentido, entonces, aunque hubiera un tratado diciendo lo que fuera no podría ser contrario a la Constitución Mexicana".

En caso de que se emita la orden de captura en contra de Echeverría, el litigante indicó que su cliente "tendría derecho, por tener más de 71 años y por no haber huido, a que se decretara un arresto domiciliario", a que el juez Flores aplicará el artículo 55 del Código Penal Federal, que establece que algún indiciado mayor de 70 años puede, a criterio del juzgador, enfrentar una aprehensión domiciliaria.

A partir de la decisión que se tome en el juzgado segundo de distrito en materia penal, de obsequiar o negar la orden de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y otros ex funcionarios federales considerados presuntos responsables por la matanza del 10 de junio de 1971, el proceso a cargo del juez César Flores Rodríguez seguiría uno de estos dos escenarios:

A) Si se otorga la orden de aprehensión, la Agencia Federal de Investigación deberá arrestar a los inculpados y éstos no tendrían posibilidad de ampararse, dada la gravedad de los delitos que les imputan.

Una vez en el Reclusorio Norte, el juez encargado del caso les tomaría la declaración preparatoria y, en un plazo de entre tres y seis días, deberá determinar si los declara formalmente presos o los deja en libertad.

Si les dictase auto de formal prisión, iniciaría el juicio, pero los acusados podrían interponer una apelación. Seguirían varias etapas, como las de presentación y desahogo de pruebas, hasta llegar a la sentencia, que tendría que ser dictaminada por un tribunal.

En caso de que se ratificara el fallo, los acusados podrían interponer un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, en caso de que el juez declarara que los acusados son inocentes, la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) sólo podría interponer un recurso de apelación. Y si el tribunal ratificara esa sentencia, la fiscalía habrá perdido el caso.

B) Si no se otorgase la orden de aprensión, el Ministerio Público (la Femospp) presentará una revisión y el caso se turnará a un tribunal. Ante este escenario se contempla la posibilidad de que nuevamente intervenga la SCJN para resolver su procedencia, y ahí la Procuraduría General de la República tendría que demostrar que es un asunto del cual la Federación es parte y reviste gran interés y trascendencia.

En caso de que el juez rechace la configuración del delito de genocidio, la Femospp podrá apelar a los acuerdos y tratados internacionales firmados por México para respaldar su petición y de ese modo conseguir, finalmente, las órdenes de aprehensión.

Tuvo libre movimiento en la Secretaría de Gobernación durante más de 10 años

Sirvió incondicionalmente y fue pieza del ajedrez del ex presidente Luis Echeverría

El adolescente Mario Moya Palencia tenía una certeza cuando cursaba secundaria: sería escritor. La oportunidad para demostrarlo apareció con un concurso de cuento, en el que participó con la seguridad del que se sabe ganador. Pero la decepción vino en la forma de un tercer lugar. Un compañero de su generación, quizá menos confiado, envió dos relatos a la competición y con ellos ganó primero y segundo lugares. Su nombre: Carlos Fuentes Macías. Sí, el mismo Carlos Fuentes que años más tarde aportara algunas de las obras literarias más importantes en español y también una frase con la que metió a México en un brete: "Echeverría o el fascismo".

Esta anécdota de su efímera seguridad juvenil por dedicarse a la literatura la cuenta el mismo Moya Palencia en el prólogo de su primera novela, El México de Egerton (Porrúa), cuya acción transcurre en gran parte durante las seis primeras presidencias de Antonio López de Santa Anna, de 1831 a octubre de 1842, fecha del asesinato del pintor y grabador británico. Explica el autor que después de su paso por el gobierno federal y su experiencia como diplomático (¿su beca para esta obra?) ya había cumplido con creces con lo que se requeriría para tener la carrera de historiador, argumento que junto al de su esfuerzo literario en la secundaria le sirven para justificar esta obra.

Moya Palencia pertenece a la generación 1950 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llamó "del medio siglo", de la que también son miembros Enrique González Pedrero, Miguel Alemán Velasco, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Víctor Flores Olea, Raúl Carrancá y Rivas, Marco Antonio Montes de Oca y José Juan de Olloqui, todos ellos políticos, litigantes o escritores de sobra conocidos. Pero la especialidad del personaje de referencia fue la Secretaría de Gobernación, en la que tuvo libre movimiento durante más de una década e incluso fue pieza de ajedrez de su jefe, el presidente Luis Echeverría Alvarez, quien finalmente eligió a José López Portillo como sucesor. A partir de entonces Moya Palencia se dedicó al servicio exterior y la literatura. Fue embajador en Cuba. Pero también se empeñó en deslindarse de toda responsabilidad por la represión que tuvo lugar durante la guerra sucia.

El 25 de septiembre de 2003, el otrora jefe máximo de Bucareli participó en Jalapa en la presentación del libro País de un solo hombre: el México de Santa Anna, de Enrique González Pedrero. En el remate de su alocución, expuso: "Santa Anna era un político, como hubo muchos antes y habría muchos después, que sólo pensaba en sus propios intereses y en él mismo, y a quien solamente le importaba el poder. El poder, ese agudo sable de dos filos que puede servir para proteger la vida o para destruirla". Hoy, casi un año después, el archivo de Moya Palencia y de Echeverría están consignados ante un juzgado del Reclusorio Norte con la acusación de genocidio a cuestas, debido al halconazo del 10 de junio de 1971, por lo que el fiscal especial demanda órdenes de aprehensión contra ambos. Hoy deberá saberse la decisión del juez.

La entrega del expediente al juez, golpe a la impunidad: comités de búsqueda

Llaman a la movilización para apoyar acción contra responsables de matanza

Seguiremos peleando hasta que digan dónde están los desaparecidos: Rosario Ibarra

La consignación del expediente ante un juez de distrito contra los responsables de la matanza del 10 de junio de 1971 significa un golpe a la impunidad y a la injusticia que la sociedad en su conjunto debe apuntalar mediante la movilización, coincidieron integrantes de comités de búsqueda de desaparecidos. La decisión del fiscal Ignacio Carrillo Prieto fue asumida en su justa medida por Rosario Ibarra de Piedra, Magdalena Gómez, Raúl Alvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, al considerarla el inicio del proceso tendiente a conocer el destino de los desaparecidos en el periodo 1960-1970.

Con dureza, la señora Rosario Ibarra anunció que la búsqueda continuará, porque "nosotros no tenemos deseo de venganza, no odiamos. Más bien tenemos lástima de los hombres que ahora son acusados por la terrible vida que llevan. No vamos a aceptar nada de la fiscalía, no vamos a aceptar que se nos diga que es un hecho histórico. ¡Todo puede ser un hecho histórico! La justicia debe ser un hecho cotidiano. Por eso estamos probablemente radicalizadas. Estamos probablemente llenas del anhelo de justicia, que tanta falta nos ha hecho durante tanto tiempo, y vamos a seguir peleando. Vamos a aceptar que sea un hecho histórico cuando sepamos dónde están todos los desaparecidos, cuando sepamos qué hicieron con ellos, cuando hayamos descubierto toda la verdad y cuando esos señores estén cumpliendo la condena. No queremos penas de muerte, no queremos deseos de venganza. No odiamos a Echeverría ni a ninguna gente de ésa".

Al abordar el tema de la actuación del gobierno de Vicente Fox frente a los crímenes cometidos durante la llamada guerra sucia, Rosario Ibarra, promotora del Comité Eureka, recordó que desde el inicio de las acciones de la fiscalía encabezada por Carrillo Prieto los familiares de los desaparecidos decidieron no participar por los pobres argumentos del funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR).

"Ya nos había dañado mucho la PGR, nos había echo muchas groserías. Quiero recordar la falacia de que iba a hacer un censo de indigentes, que porque tenía la idea de que entre ellos iba a encontrar a los desaparecidos. Después dijo el fiscal que iba a buscar en los hospitales siquiátricos y más tarde aseveró que podrían encontrarse en alguna cárcel, y nosotros preguntamos a los medios de comunicación si el gobierno foxista tenía cárceles clandestinas."

Para colmo de males, expresó, los señores del Partido Revolucionario Institucional, los jurisconsultos, los que saben mucho, que son sapientes, entre los que se encuentra Sergio García Ramírez, ha perdido credibilidad porque encabeza al Comité Interamericano de Derechos Humanos y ahora defiende al señor Luis Echeverría. Cómo es posible creerle cuando le llevamos información y se burló de nosotros. ¿Cómo tenerle fe al gobierno de Vicente Fox?, porque en este país la justicia no llega. El gobierno mueve la ley y la Constitución. Hemos ido de un engaño a otro, por eso somos escépticos, no vamos a aceptar nada, y estamos probablemente radicalizados. Nosotros queremos saber dónde están todos los desaparecidos, manifestó.

Por su parte, Raúl Alvarez Garín señaló que la consignación propiciará "una situación muy importante para avanzar en el conocimiento del destino de los desaparecidos"; no obstante, alertó que "para sorpresa de todos han aparecido elementos muy preocupantes, como amenazas de que la situación de la vida política del país puede cambiar. Se mencionan procesos de ingobernabilidad, de inestabilidad, con argumentos que son muy conocidos por todos nosotros, porque fueron los que se utilizaron para las persecuciones en los años 60 y 70".

El integrante del Comité 68 exhortó "a consolidar el golpe. Ya está la acusación, ya están los delitos de que se trata, pero eso no quiere decir que necesariamente termine como todos quisiéramos. El golpe se enfrenta a distintos escenarios negativos que los abogados de la oposición se encargan de alimentar: una cuestión planteada era una campaña de prensa de que la fiscalía no tenía nada en sus manos y se insinúa que con estos elementos no era posible una consignación, y que la fiscalía podría derrumbarse y desaparecer ante su incapacidad profesional ante las dificultades internas que puede tener".

Ante esta campaña de descrédito, manifestó Alvarez Garín, "no tenemos gran cosa qué hacer, excepto observar cómo se está dando y tener la precaución de no alimentar ese tipo de cosas, a pesar de que haya inconformidades con el manejo que se ha dado a un problema u otro.

"Este ambiente de rumores y calumnias, diciendo que no hay nada, a nosotros nos afecta, porque hemos entregado una cantidad de documentos y evidencias que nos parecen suficientes para procesar a esas personas. El problema de máxima prioridad es conocer el destino de los desaparecidos, porque la situación está cambiando cualitativamente. Pensamos que ya está roto o está muy cerca de romperse el tema de la impunidad y de las complicidades."

Sobre el tema del delito de genocidio, el líder del movimiento estudiantil de 1968 consideró que la aplicación de los esquemas represivos en las décadas de 1960 y 1970 se fundamentó en una doctrina represiva estadunidense:

"El genocidio se configura como elemento importante y difícil de probar en órganos judiciales, porque implica intención, propósitos, pero en la cuestión internacional se implica con una doctrina de persecución en la que se instruye a los elementos de las fuerzas armadas a que actúen sin escrúpulos contra los opositores, y esto se encuentra en las doctrinas de seguridad nacional con inspiración estadunidense, relacionada con la Operación Cóndor de Sudamérica. Y lo que es muy grave, es que el priísmo restituyó todo el lenguaje de esa doctrina para su declaración política de apoyo a Luis Echeverría, en contra de los opositores. Una visión optimista es que esto no tiene espacio en la vida democrática del México de hoy, y lo podemos derrotar demostrando el salvajismo y la perversidad que están contenidos, y que podemos actuar porque hoy, en México, la sociedad determina el rumbo del país. Estamos obligando a que se actúe en una dirección diferente derrotando estas concepciones ideológicas."

A su vez, Magdalena Gómez sostuvo que el 22 de julio de 2004 puede pasar a la historia como una burla más en el proceso de búsqueda de la verdad histórica, para que ésta se convierta en verdad jurídica y se asuman las responsabilidades y se deslinden también las mismas, pero también la fecha quedará como evidencia documental de una acusación específica por un delito de lesa humanidad como el genocidio.

"En esta larga lucha podemos considerar que éste es un pequeño paso que puede tener implicación en el siguiente sentido: el estado de derecho en nuestro país no se sostiene más en la óptica leguleya de atenerse a la norma del derecho interno y de cobijarse para destruir la dimensión del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, sobre todo de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Hemos encontrado un ambiente tendiente a descalificar la lucha por la justicia y por la reivindicación de los derechos humanos, y para que no nos hagamos ilusiones de que vendrá la buena justicia. De acuerdo con el derecho internacional, se cometió genocidio y éste debe ser castigado."

Acusó que algunos medios de comunicación han emprendido una campaña para vender a la sociedad la idea de que el delito de genocidio no se configura, que prescribieron esos crímenes, que las pruebas que testifican los testimonios, los documentos, las revistas, entre otros, tampoco valen.

"Lo que se dio ayer es una gota. El camino hacia la justicia, hacia la verdad, aún es muy largo, pero de alguna manera enfrentar hasta sus últimas consecuencias estos procesos nos va a servir para abrir nuevos espacios en esta lucha por tener en nuestro país un real y verdadero estado de derecho."

Por su parte, Félix Hernández Gamundi recordó que la campaña de la sociedad contra la fuerza del Estado representa "un esfuerzo muy grande. Estamos en una lucha muy desbalanceada, desigual, porque cuando se les pega la gana pueden hacer uso de todos los recursos del Estado. A pesar de que a veces los contrarios nos reclaman y afirman que esta movilización significa cierta presión a la ley y a la justicia, pienso que está muy claro que no hay otra manera de avanzar".

El ex presidente enfrentaría cargos mediante arresto domiciliario: Juan Velásquez

Luis Echeverría Alvarez y el resto de los acusados por el delito de genocidio, cometido el 10 de junio de 1971, no solicitarán el amparo de la justicia federal, pues están dispuestos a enfrentar cualquier decisión del juzgado segundo de distrito en materia penal, afirmó anoche el abogado Juan Velásquez.

Enclaustrado en su enorme residencia de San Jerónimo, Echeverría Alvarez espera, solitario, la decisión del Poder Judicial sobre su papel el 10 de junio de 1971. Algún ayudante que entra o sale de ésta, un vehículo compacto que no regresó. Sólo dos visitas tuvo el ex presidente de México. Ni sus hijos o parientes cercanos. Tampoco sus abogados. Mucho menos esos políticos priístas, esos grupos de campesinos o, como se acostumbraba decir en su época de oro, "las fuerzas vivas" que enarbolaban su lema "arriba y adelante", se han presentado a la mansión para brindarle apoyo. Atrás quedaron los años del Centro de Estudios del Tercer Mundo, del protagonismo en la política. Ahora queda la soledad del indiciado.

Unicamente su abogado, Juan Velásquez, y un periodista y viejo amigo lo visitaron ayer. Larga jornada en la que su defensor insistió en los puntos medulares con que busca librar la orden de aprehensión: la prescripción del delito de genocidio en 2001, la postura de Echeverría y el resto de los acusados y hacer frente a las acusaciones tomando en cuenta siempre una salida: acogerse al artículo 55 del Código Penal Federal, que habla de arresto domiciliario para aquellos indiciados que tengan más de 70 años de edad.

El defensor consideró que en ese año Echeverría instruyó al entonces procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas, a iniciar la averiguación previa sobre los hechos. Sánchez Vargas efectuó las diligencias necesarias durante dos meses, y al no encontrar mayores elementos la archivó. Posteriormente hubo cambios en la Presidencia de la República y en la PGR entró Oscar Flores Sánchez, quien en 1982 sostuvo que al no haber ya mayores diligencias operó la prescripción de los hechos y mandó los expedientes al archivo. Refutó las tesis de los fiscales, al afirmar que a pesar de su insistencia de todas maneras los delitos prescribieron en 2001.

Juan Velásquez sostuvo que sus clientes no solicitarán el amparo de la justicia federal contra la orden de aprehensión porque, explicó, de acuerdo con las recientes enmiendas a dicha ley, los indiciados tendrían que darse a la fuga y entonces solicitar el amparo. "Ninguno de ellos está dispuesto a hacerlo y sí a enfrentar las decisiones del Poder Judicial", subrayó. "El problema es que en los amparos contra las órdenes de aprehensión no hay suspensión por presuntos delitos graves". En este sentido, reveló que su cliente tiene dos alternativas: pedir la protección de la justicia contra la orden de aprehensión pero dándose a la fuga, o enfrentar la resolución judicial con los elementos probatorios de su inocencia. "Podría ser que no se girara ninguna orden de aprehensión, con lo que quedarían absueltos de todo delito, o que pudieran quedar sujetos al artículo 55 del Código Penal Federal, el cual permite a las personas de más de 70 años que no han huido de la acción de la justicia poder enfrentar los cargos mediante arresto domiciliario".

Finalmente, consideró que hoy al mediodía se conocerá la decisión del juez y entonces quedará clara la estrategia a seguir.

ENTREVISTA/ROBERTO MADRAZO PINTADO, PRESIDENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Un grupo de priístas "de todos los niveles" trabajan contra el PRI, dice el dirigente; niega que intente aprovechar la perspectiva de desafuero contra López Obrador para deshacerse de un posible contrincante a la Presidencia

En el caso de la guerra sucia el fiscal no busca la verdad, busca la condena, afirma el dirigente nacional priísta Roberto Madrazo, quien advierte que la consignación del expediente para perseguir al ex presidente Luis Echeverría, ex funcionarios públicos y militares no sólo fue ilegal sino inoportuna, ya que, dice, con esto el gobierno federal abre un flanco de enfrentamiento político que se une a los muchos que no ha sabido cerrar, como el que mantiene con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, la censura a su ex secretario de Energía Felipe Calderón y sus continuos desencuentros con el Congreso.

Madrazo Pintado admite también que hay un grupo de militantes "de todos los niveles" que trabajan desde el PRI contra el PRI, hecho que los coloca prácticamente fuera de sus filas. "Se irán personalidades, pero no habrá masas de priístas detrás de ellos", asegura.

En entrevista con La Jornada, el dirigente del PRI niega que intente aprovechar la perspectiva de un desafuero contra López Obrador para deshacerse de un contrincante en una posible carrera por la Presidencia ni para saldar viejas deudas. "Sólo queremos que se aplique la ley", asevera.

-¿Este también es el caso de su posicionamiento torno a las investigaciones sobre la guerra sucia? ¿O se busca negociar una protección para el ex presidente Echeverría?

-Es totalmente falso que el PRI esté negociando el futuro del país a cambio de proteger impunidades o de proteger hechos del pasado. El partido lo que ha señalado es que debemos estudiar esta consignación, porque fue sorpresiva, no se esperaba para estos días. Nos interesa saber si el pliego consignatorio cubrió los requisitos de legalidad y de respeto al estado de derecho.

"Con base en eso estudiar cuidadosamente el documento. Nosotros lo que vemos es que no sólo es ilegal, sino inoportuna. Ilegal, porque está hablando de delitos prescritos. El delito de genocidio en México no ha ocurrido porque no ha habido una matanza contra un grupo por pensar distinto, por diferencia de religión, por diferencia de raza; eso no ha existido. Incluso México firmó el tratado sobre este tema en 2002 y, por tanto, no puede operar de manera retroactiva."

-Sin embargo, fue clara la posición del PRI sobre la defensa del ex presidente y del Ejército.

-Lo que nos interesa es la defensa de la legalidad. No sabemos aún por qué se está consignando el expediente, lo que conocemos es lo que los medios han difundido con declaraciones del fiscal. Nos preocupa ver que la institución presidencial se lastime de esta manera, como se está también lastimando al Ejército nacional como institución.

"Quiero pensar que en estos dos años y medio que quedan de gobierno, si el presidente Fox tuviera que tomar una decisión de Estado donde el Ejército tuviera que intervenir, no me puedo imaginar con qué confianza los militares van a poder actuar cuando ellos están siendo juzgados por hechos del pasado que no han sido ni siquiera puestos con claridad por el fiscal. Por eso hemos mantenido la defensa de dos instituciones más que de personas."

-Con este asunto, el Presidente Fox ha abierto un nuevo frente. ¿Como lo percibe el PRI?

-Nos preocupa, porque este gobierno no sabe cerrar expedientes. Es un signo de este gobierno, abre expedientes, pero después no sabe cómo cerrarlos. Tiene muchos frentes abiertos, algunos políticos, otros sociales, otros jurídicos y vamos llegando, a seis semanas del Informe presidencial, con un clima muy enrarecido y un ambiente político muy cargado de descalificaciones, de confrontaciones, que no le hacen bien al país.

"Esta es una de las debilidades de tener en la Secretaría de Gobernación a uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del PAN, como en otros momentos otros aspirantes dentro del gobierno no están teniendo oportunidad de hacer su trabajo porque están pensando más en la agenda personal que en la del país."

-En el caso del jefe de Gobierno del DF, ¿hay de parte del dirigente del PRI un interés de promover el desafuero para eliminar a un contendiente en la carrera por la Presidencia?

-En ningún momento el criterio del PRI se apartará de la legalidad. No intentaremos linchamientos políticos desde el PRI para adversarios nuestros o linchamientos políticos desde el PRI contra compañeros nuestros.

-Nosotros no hacemos acuerdos ocultos ni tratamos esto a espaldas de nuestra bancada ni de nuestra militancia; nosotros lo que hemos pedido a nuestra bancada es que cuide la legalidad.

-Por otra parte, hay denuncias de sabotaje por miembros de su partido a diversas candidaturas. ¿Lo ve así el dirigente del PRI?

-Uno de los temas, no sólo en la campaña de Oaxaca, sino en las de Durango y Veracruz, ha sido este fenómeno de ver cómo algunos de estos priístas que no alcanzan la candidatura escogen la manera de trabajar contra el PRI dentro del PRI; es muy claro para la gente quién está contra el partido. Es una posición en la cual ellos se colocan prácticamente fuera del PRI.

"Los comités directivos han estado poniendo algunas denuncias en la Comisión de Justicia partidaria y será ésta la que determine si hay violaciones. Yo vería irreversible para quienes se han colocado en esta posición acercarse de nuevo a la militancia priísta, porque los está señalando con índice de fuego en esta deslealtad que le juegan al partido en trabajar debajo del agua contra el partido y los candidatos."

-Quienes actúan de esta manera son los que no se vieron beneficiados con la democracia interna del partido, y no asumen un papel de impulso a la democracia interna, sino que prefieren proteger sus intereses aun contra la vida del partido. El partido va a seguir con la democratización interna, porque le está dando fuerza ganadora en los procesos electorales.

"Los nombres los tendrá la Comisión de Justicia partidaria. Es evidente que me corresponde en la conducción del partido para evitar que hagan daño a los procesos electorales hay actitudes que han provocado el voto cruzado en algunos municipios, hay procesos en los que esta actitud ha descalificado a precandidatos en la elección interna y, sin embargo, el partido ha salido bien librado, pese a estos obstáculos ha logrado librar buenas batallas electorales."

-En todos los niveles de dirigencia del partido, identificados, señalados y condenados por la militancia por faltar a la ética partidaria y por estimular actitudes divisionistas dentro del partido.

-Ante este escenario, ¿anticipa un nuevo rompimiento en el PRI?, ¿la creación de otro partido?

-Veo que los intereses personales no podrán imponerse sobre el interés colectivo y quizá quienes no puedan imponer su criterio y su voluntad escojan otra ruta, pero será individual, no colectiva, no se arrastran detrás de cada uno masas dentro del partido que se van a ir con ellos, quizá se vayan individualidades, pero lo que estamos viendo es que el partido gana adeptos, está en un momento de definiciones muy profundas, no de divisiones, como pudiera leerse, sino de definiciones.

-En las reformas al sistema de pensiones hay acusaciones a la dirigencia del PRI, porque lesionan los intereses de los trabajadores.

-El IMSS y el ISSSTE no pueden esperar más una reforma, porque ya no tienen viabilidad financiera. En el Seguro Social lo que ha hecho crisis es el sistema de pensiones y jubilaciones. En la iniciativa que aprobaron ya tres comisiones, presididas por PAN, PRI y PRD, no hay nada que lesione los intereses de los trabajadores que en la actualidad prestan sus servicios, o que dentro del régimen de pensiones y jubilaciones están conforme al contrato que ellos tienen.

-Lo que se está analizando es cómo dar viabilidad financiera a estos organismos; se trata de garantizar la atención a los derechohabientes. Pero cualquier decisión será analizada este lunes en el Senado, para fijar un criterio. El PRI no tiene en esto un tema cerrado a la discusión, ésta sigue.

Vicepresidente de la CIDH reitera que los crímenes de lesa humanidad no caducan

El debate sobre Echeverría, centrado en si prescribió el delito de genocidio

Ardiente apoyo de priístas al ex presidente; vigente, el caso Amigos de Fox: Bartlett

Legisladores, la directiva nacional y todos los sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cerraron filas en torno del ex presidente Luis Echeverría -contra quien fue solicitada orden de aprehensión por genocidio- y anunciaron que asumirán la defensa jurídica, la cual se basará en demostrar que ese delito ya prescribió. Mientras, el ex ministro Juventino Castro y Castro descartó que se ponga en riesgo la estabilidad del país si se encarcela al ex jefe del Ejecutivo.

A su vez, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó de manera tajante que hayan prescrito los delitos por los cuales se acusa a Echeverría, a su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y otra docena de ex funcionarios involucrados en la matanza del jueves de Corpus en 1971.

Negó que exista intención política en las consignaciones. Es "una deuda histórica con los familiares de los cientos de desaparecidos en la guerra sucia que esperan justicia", agregó el Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador, mandatario del Distrito Federal, dijo que las solicitudes de captura hechas por Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, son una "maniobra espectacular" del gobierno del presidente Vicente Fox.

No obstante, puntualizó, no deja de ser necesario que se castigue a los responsables de actos de represión, para que éstos nunca se repitan en el país.

Aseguró que, en el fondo, el gobierno foxista no actúa con el objetivo de hacer justicia, sino "para ganar simpatía". Mi postura es la que comparten muchos mexicanos que siempre han pedido que se haga justicia, abundó.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Sadot Sánchez, confirmó que los priístas asumirán la defensa jurídica y política del ex presidente, pero dijo no tener duda que el delito de genocidio ya prescribió.

"Es un delito que se incorporó en la década de los 60 al Código Penal mexicano, con una pena de 20 a 40 años, por lo que la media aritmética para aplicar la prescripción es de 30 años, lo que significa que ya no se les puede procesar por ello", insistió el senador priísta.

Igualmente los senadores Humberto Roque Villanueva y Yolanda Eugenia González señalaron que los priístas cierran filas para la defensa jurídica de Echeverría, y advirtieron que es inadmisible que el gobierno foxista dedique más esfuerzos a su objetivo de sancionar a un ex presidente que a atender los reclamos de justicia de los mexicanos por los altos niveles de inseguridad en el país.

A su vez, el senador panista Diego Fernández de Cevallos coincidió en que el delito de genocidio ya prescribió. "Hay un principio constitucional incuestionable, en el sentido de que jamás se puede aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de persona alguna", subrayó.

En tanto, Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el proceso contra Echeverría apenas empieza, por lo que no se debe aceptar que un juez resuelva éste u otro asunto fuera de las disposiciones legales.

Se le preguntó si el delito de genocidio prescribió. Respondió que existen tres formas de "olvidar" ilícitos: por prescripción, amnistía y por indulto.

"Esos son los olvidos legales, ningún otro tiene razón o justificación, porque entonces se rompería la igualdad de la aplicación de la ley para todos los habitantes", concluyó.

El secretario de la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Vega García, decidió guardar silencio en torno a la averiguación previa sobre los hechos del 10 de junio de 1971, en la cual se solicitaron órdenes de aprehensión contra los generales retirados Manuel Díaz Escobar y Raúl Mendiolea Cerecedo.

Por conducto del director general de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Efrén Martínez, dijo que "ahora no" hablará del tema, sino "después".

La respuesta del titular de la Sedena fue dada a conocer durante la ceremonia de graduación de alumnos de la Escuela Superior de Guerra, en la cual Vega García estuvo acompañado por el secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González.

En tanto, 15 ex guerrilleros harán un llamado al Ejecutivo federal para que indulte a algunos de los responsables de la guerra sucia.

Firman el documento, que se dará a conocer en los próximos días, ex guerrilleros del Partido de los Pobres, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y de la Liga Comunista 23 de Septiembre, algunos de ellos aún en la clandestinidad porque no fueron beneficiados con la amnistía de 1976.

El anuncio fue hecho en Acapulco, Guerrero, por Genaro Vázquez Solís -alcalde perredista de San Luis Acatlán, municipio ubicado en la Costa Chica-, hijo del extinto guerrillero Genaro Vázquez Rojas, asesinado el 2 de febrero de 1972.

Contra lo afirmado por dirigentes del tricolor, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Clare K. Robert, aseguró que los delitos de lesa humanidad no prescriben, según el derecho internacional.

Al concluir una reunión entre representantes de la CIDH y la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el vicepresidente del órgano defensor de derechos humanos respondió lacónico a la pregunta en torno a la posibilidad de que prescriban los delitos de lesa humanidad: "en este momento no, normalmente no prescriben estos delitos. Me imagino que este es uno de los temas que se están debatiendo actualmente en México".

Por su parte, Arturo Alvarado, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, afirmó que la consignación de Echeverría es un paso necesario para construir un nuevo orden jurídico y un sistema de justicia que garantice el respeto a los derechos individuales y sancione a los funcionarios responsables de acciones criminales perpetradas por el Estado.

Alvarado, especialista en seguridad pública, justicia y derecho, agregó que lo importante es que se juzgue y, en su caso, que se condene a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos y "asesinaron a ciudadanos con las armas del Estado".

Mientras, Adolfo Aguilar Zinser, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex embajador del país ante Naciones Unidas, aseveró que Fox erró el camino al no aceptar la creación de una comisión de la verdad que consignara a los presuntos responsables por los casos de la guerra sucia, por lo que el caso no prosperará.

Añadió que cuando Fox fue candidato a la Presidencia se comprometió a instaurarr una comisión de la verdad con representantes de organizaciones civiles para que investigaran sobre este caso.

Incluso ya siendo presidente electo refrendó su compromiso de establecer dicha comisión y designó a Aguilar Zinser para su creación.

Sin embargo, agregó el ex embajador, cuando "presenté el proyecto, Fox cambió de opinión" porque "no quería asumir los riesgos de lo que representaba que un sector de la sociedad civil hiciera la investigación".

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Leonardo Rodríguez Alcaine, consideró "una cosa injusta" que se pretenda llevar a prisión a Echeverría, pues, dijo, gracias a él y al también ex mandatario Gustavo Díaz Ordaz "se terminó con la guerrilla, que mató a mucha gente, a muchos soldados, y ellos tuvieron los pantalones para detener eso, para el futuro que estamos viviendo".

Descartó que el proceso contra Echeverría y otros personajes priístas sea para desprestigiar al tricolor.

Por su parte, el senador priísta Manuel Bartlett Díaz aseguró que no procederán las órdenes de aprehensión contra el ex presidente y el ex secretario de Gobernación porque, aseguró, se trata de un asunto que está totalmente prescrito, y así "lo va a tener que decidir el juez" de la causa.

"Pero la que no está prescrita es la sentencia del tribunal federal electoral que señaló a todos los Amigos de Fox, entre ellos al secretario de Relaciones Exteriores (Luis Ernesto Derbez) y a todos los que rodean al ahora presidente de la República, Vicente Fox Quesada, por haber organizado una mafia para lavar dinero", que utilizaron en la campaña presidencial.

Asimismo, el priísta Manlio Fabio Beltrones fue más agresivo en sus declaraciones, al calificar de "electorero y no justiciero" al gobierno foxista, que "lastima el estado de derecho". En conferencia de prensa, manifestó que "una acción de esa naturaleza no está concebida en plena legalidad"; por tanto, "siento que el PRI deberá procurar llegar a acuerdos para la defensa del ex presidente".

ANDREA BECERRIL, RENATO DAVALOS, ANGEL BOLAÑOS, GUSTAVO CASTILLO, ROBERTO GARDUÑO Y LAURA POY, REPORTEROS; MISAEL HABANA DE LOS SANTOS, MARIANA CHAVEZ, DAVID CARRIZALES, CLAUDIO BAÑUELOS, CORRESPONSALES, Y LA JORNADA DE ORIENTE