México D.F. Viernes 9 de julio de 2004
Recibieron unos 300 mil pesos cada uno; suspenden
los derechos a otros ocho
AN-Jalisco expulsa a seis militantes por aceptar bonos
al acabar administración
JOSE DIAZ BETANCOURT CORRESPONSAL
Guadalajara, Jal., 8 de julio. La Comisión
de Orden del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional (PAN) expulsó a seis militantes y suspendió de sus
derechos a otros ocho en castigo por haber aceptado "bonos" al concluir
su mandato de concejales en la pasada administración municipal de
Guadalajara.
Pedro
Ruiz Higuera, presidente de la comisión, informó que los
expulsados lo fueron porque no devolvieron el monto del bono, unos 300
mil pesos cada uno, mientras los suspendidos sí reintegraron dicho
beneficio al erario en diferentes formas y fechas.
Algunos de los sancionados fueron también separados
del actual ayuntamiento, que encabeza Emilio González Márquez.
Se trata de Cristina Solórzano, Carlos Lara y Hugo Torres, quienes
fueron expulsados junto con Carlos Gallegos, Marco Vinicio Sánchez
Retolaza y Carlos Urrea Garcíarrulfo, que fue vicepresidente municipal.
También fue apartado del nuevo concejo municipal
Manuel Verdín, quien sólo fue suspendido de sus derechos,
igual que José Iñiguez Cervantes, Enrique Córdoba,
Adrián Garza, Miguel Ángel Martínez, Armando Prieto
y Lorena Torres y Cecilia Carreón. (Estas últimas diputadas
federal y local, respectivamente.) La suspensión va de seis meses
a tres años.
Ruiz Higuera dijo que, en el caso de las dos diputadas,
se revisará si el castigo les impide proseguir con sus tareas legislativas,
ya que los estatutos del blanquiazul prohíben a los sancionados
asistir a asambleas y reunirse con otros panistas en tareas formales del
partido.
Los 14 castigados podrán acudir a la Comisión
de Orden del Comité Ejecutivo Nacional para apelar de la decisión
local. Algunos señalaron que nunca existió un estatuto legal
que les impidiera recibir el bono, y que cuando se habló de esas
gratificaciones el partido "sólo había exhortado" a que no
las aceptaran, pero no lo prohibió legalmente.
La pasada administración municipal estuvo a cargo
de Fernando Garza Martínez, quien no cobró gratificación
y es acusado por algunos de los ahora sancionados de ser el artífice
de una chamaqueada colectiva para inducirlos a cobrar el bono.
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