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México D.F. Viernes 9 de julio de 2004

Recibieron unos 300 mil pesos cada uno; suspenden los derechos a otros ocho

AN-Jalisco expulsa a seis militantes por aceptar bonos al acabar administración

JOSE DIAZ BETANCOURT CORRESPONSAL

Guadalajara, Jal., 8 de julio. La Comisión de Orden del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) expulsó a seis militantes y suspendió de sus derechos a otros ocho en castigo por haber aceptado "bonos" al concluir su mandato de concejales en la pasada administración municipal de Guadalajara.

Pedro Ruiz Higuera, presidente de la comisión, informó que los expulsados lo fueron porque no devolvieron el monto del bono, unos 300 mil pesos cada uno, mientras los suspendidos sí reintegraron dicho beneficio al erario en diferentes formas y fechas.

Algunos de los sancionados fueron también separados del actual ayuntamiento, que encabeza Emilio González Márquez. Se trata de Cristina Solórzano, Carlos Lara y Hugo Torres, quienes fueron expulsados junto con Carlos Gallegos, Marco Vinicio Sánchez Retolaza y Carlos Urrea Garcíarrulfo, que fue vicepresidente municipal.

También fue apartado del nuevo concejo municipal Manuel Verdín, quien sólo fue suspendido de sus derechos, igual que José Iñiguez Cervantes, Enrique Córdoba, Adrián Garza, Miguel Ángel Martínez, Armando Prieto y Lorena Torres y Cecilia Carreón. (Estas últimas diputadas federal y local, respectivamente.) La suspensión va de seis meses a tres años.

Ruiz Higuera dijo que, en el caso de las dos diputadas, se revisará si el castigo les impide proseguir con sus tareas legislativas, ya que los estatutos del blanquiazul prohíben a los sancionados asistir a asambleas y reunirse con otros panistas en tareas formales del partido.

Los 14 castigados podrán acudir a la Comisión de Orden del Comité Ejecutivo Nacional para apelar de la decisión local. Algunos señalaron que nunca existió un estatuto legal que les impidiera recibir el bono, y que cuando se habló de esas gratificaciones el partido "sólo había exhortado" a que no las aceptaran, pero no lo prohibió legalmente.

La pasada administración municipal estuvo a cargo de Fernando Garza Martínez, quien no cobró gratificación y es acusado por algunos de los ahora sancionados de ser el artífice de una chamaqueada colectiva para inducirlos a cobrar el bono.

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