Exigen que se pueda enviar a connacionales susceptibles de recibir cadena perpetua

Reclaman congresistas de California a la SCJN cambiar criterio para extradiciones

Campaña en ese estado hace parecer a México como "un paraíso de la impunidad", afirman

JESUS ARANDA

Congresistas de California "pidieron" a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que modifique la tesis de jurisprudencia que impide la extradición de connacionales que sean susceptibles de ser condenados a cadena perpetua.

En una reunión privada, realizada el pasado miércoles, los integrantes de la Primera Sala de la Corte recibieron una misiva de congresistas californianos -que fue entregada por el representante David Dreier-, en la que se señala que si bien "reconocemos la autoridad y jurisdicción" de la SCJN, "de cualquier forma" se demanda el cambio de criterio para aplicar justicia.

Ante esta petición, los ministros hicieron un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para "mantener una posición común de gobierno" en la que se ponga énfasis en señalar que el Presidente de la República no tiene facultades para revertir una decisión del Poder Judicial de la Federación.

La presidenta de la Primera Sala de la Corte, Olga Sánchez Cordero, y el ministro Juan N. Silva Meza, recibieron la visita de representantes del llamado caucus legislativo, encabezados por Dreier, quien entregó la carta dirigida al presidente del máximo tribunal, Mariano Azuela, en la que "como miembros del Congreso" californiano, expresan su "profunda preocupación" por la decisión del 2 de octubre de 2001 en la que los ministros determinaron que no procede la extradición de connacionales acusados en Estados Unidos y que pudieran ser susceptibles de ser sentenciados a prisión vitalicia.

La tesis de la SCJN 125/2001 establece: "Extradición. La pena de prisión vitalicia constituye una pena inusitada prohibida por el artículo 22 constitucional, por lo que, para que se dé trámite a la extradición, el Estado solicitante (en este caso, el juez) debe comprometerse a no aplicarla o a imponer una menor que fije su legislación".

Según los congresistas que firmaron el documento, Linda T. Sánchez y Howard P. McKeon, dicha decisión "pone en riesgo la seguridad" de ciudadanos de ambos países, "y compromete la integridad de los sistemas de justicia penal de México y Estados Unidos".

Ejemplifica con casos como el de dos mujeres (una de 15 años) que fueron asesinadas en Los Angeles, y el homicida se encuentra preso en México, pero sin haber sido sometido a la justicia estadunidense.

Otro caso data del 29 de abril de 2002, cuando el oficial David Marcha fue ultimado estando en servicio, mientras que el sospechoso, Armando García, "huyó a México para evadir a la justicia". En este caso concreto, el fiscal Steve Cooley no ha solicitado la orden de extradición, porque no acepta pedir una pena menor a la cadena perpetua ni que el acusado sea juzgado en México, como lo establecen la Corte y el Código Penal Federal, respectivamente.

Según un análisis interno de la SCJN, realizado con motivo de la visita de los congresistas estadunidenses, en California se desarrolla una campaña de denuncia contra presuntos delincuentes que han escapado a México, poniendo énfasis en "la denegación de nuestro país a otorgar las extradiciones solicitadas". Como resultado de esa campaña, la opinión pública de ese estado afirma que nuestro país "se ha convertido en un paraíso de la impunidad para delincuentes que huyeron de Estados Unidos".

Este punto de vista se contradice, sin embargo, con el creciente número de extradiciones en los años recientes: 12 en 2000, 17 en 2001, 24 en 2002, 31 en 2003 y 17 en los primeros cinco meses de este año.

Al término del encuentro, los ministros le hicieron ver al director general adjunto para Estados Unidos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sergio Zapata Lozano, que de manera conjunta la SCJN y el gobierno mexicano deben fijar una postura sobre el tema en torno a tres aspectos: En México hay división de poderes; el Poder Ejecutivo no puede revertir ninguna decisión judicial, ni siquiera modificando el Tratado de Extradición México-Estados Unidos, como tampoco puede hacerlo el gobierno de Estados Unidos, y la Corte está comprometida con la aplicación de la justicia como lo demuestra su sentencia.

Los ministros pusieron énfasis en que este mensaje debe enviarse a los actores estadunidenses mediante la cancillería, "como una posición común de gobierno".