Orlando Delgado Selley

Muchas marchas, un riesgo

La marcha del domingo constituye un acontecimiento trascendente. Su relevancia no radica en su carácter ni en su impresionante magnitud, sino en su sentido más profundo: la reacción contra el funcionamiento del Estado en materia de seguridad. Fue un reclamo de cientos de miles de manifestantes, convocados por los poderes económicos, no solamente para salir a manifestarse, sino para hacerlo en un momento particular de la vida política del país, y muchos aceptaron hacerlo con consignas específicas. Por supuesto, había un destinatario especial: el jefe del Gobierno del Distrito Federal.

La razón de ser de la marcha blanca fue la inseguridad. Hay razones estructurales y coyunturales para explicarla. Entre las estructurales se cuenta la incapacidad de la economía para generar puestos de trabajo que satisfagan el crecimiento anual de la fuerza de trabajo, junto con remuneraciones que no permiten cubrir los requerimientos familiares mínimos. No se trata de un fenómeno reciente. Desde hace por lo menos 25 años sectores que tradicionalmente generaban empleo, la industria de manera destacada, dejaron de hacerlo. En México y en el mundo entero los trabajadores industriales fueron reduciéndose: en Estados Unidos redujeron su participación en el total en más de 10 puntos porcentuales en los últimos 24 años, en tanto que los servicios crecieron más de 100 por ciento.

La nueva política surgida del Consenso de Washington provocó inseguridad laboral a escala internacional. Los puestos de trabajo tradicionales en las sociedades desarrolladas fueron desplazados a las economías emergentes para aprovechar las ventajas de menores salarios. Así, la producción industrial pasó a nuestros países con nuevas condiciones: plazas reducidas por los avances técnicos y mal pagadas. En nuestro país, en las grandes metrópolis, fueron desplazadas importantes empresas industriales hacia las entidades con menor densidad poblacional, reduciendo los puestos de trabajo, bajando los salarios y desapareciendo prestaciones. Desde 1980 el único sector que generó empleo fue el maquilador y lo hizo en mucho menor medida a la necesaria, de modo que crecientemente la gente salió a la calle a trabajar.

La calle, que ahora se dice fue tomada por la sociedad civil, se convirtió en el lugar de trabajo de cientos de miles, en realidad de millones de mexicanos. Ellos fueron los que tomaron las calles hace tiempo y no lo hicieron un domingo por unas horas, sino permanentemente. La informalidad que ocupa a 20 millones de personas crece, alimentándose de mercancías de procedencia incierta. Ello, por supuesto, constituye una salida para los productos robados que se comercian diariamente.

La estructura económica nacional no ha generado nuevos empleos en los sectores formales y los existentes no son remunerados razonablemente, provocando la explosión de una economía cuyo tamaño es equivalente a la sexta parte del PIB. Este sector informal opera con remuneraciones superiores a los mínimos legales, sin ninguna prestación, lo que constituye una bomba de tiempo para el país. En años recientes se han agregado nuevas circunstancias: la vigilancia en las carreteras ha mejorado, disminuyendo drásticamente los asaltos a transportistas; la economía informal ha disminuido su ritmo de crecimiento, lo que explica el incremento observado en la tasa de desempleo abierto; las remuneraciones se mantienen por debajo de los requerimientos mínimos garantizados constitucionalmente.

Este conjunto de elementos está en el fondo de la inseguridad que hemos vivido. Hay factores particulares que la agudizan: la corrupción e ineficiencia del aparato judicial en el que jueces, ministerios públicos y las propias policías judiciales son comprados por los postores que más proponen. Leyes existen, pero quienes las aplican no son los aparatos de seguridad, sino los jueces que, como se ha comprobado en el caso del Paraje San Juan y del Encino, no garantizan probidad ni eficiencia. También afecta el encono político provocado por la falta de institucionalidad del gobierno federal.

Así las cosas, la marcha abre una fisura que puede crecer rápidamente. Si no sirve el Estado, si es incapaz de garantizar la seguridad, entonces lo que sigue es actuar. El repetido Ƒy después de la marcha, qué? anuncia nuevas medidas. Por supuesto que hubo muchas y diferentes marchas, pero todas pueden ser usadas para justificar acciones golpistas contra algunos gobernantes, tal como dieron a conocer dirigentes patronales y se anunció a ocho columnas. A eso hay que oponerse, como hizo el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

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