Si hiciera falta un punto de referencia sobre lo que es una auténtica movilización de la sociedad civil, independiente de los poderes políticos y mediáticos y de los grupos de presión enquistados en el poder, ayer se realizó en esta capital la Marcha del Orgullo Lésbico-Gay.

Sin ser alentada o tripulada por ninguna autoridad local o estatal, sin intentos de capitalización por partidos políticos y sin compromisos inconfesables -de clóset, se diría para el caso- con nadie más que con las víctimas de la opresión, la marginación y la violencia tradicionalmente generadas por la homofobia, la intolerancia y el oscurantismo, la marcha permitió aquilatar el desarrollo organizativo y los triunfos morales obtenidos en el pasado cuarto de siglo por los movimientos de la diversidad sexual surgidos, esos sí, desde la autenticidad social.

Es obligado reconocer que esa clase de movilizaciones han sido un factor central en la conquista, por parte de homosexuales, bisexuales, lesbianas, travestis y transexuales, de visibilidad y respeto en el conjunto de la población. Debe admitirse también que, en el lapso referido, las actitudes homófobas, que en los años 60 y 70 tenían una aceptación casi consensual y axiomática en nuestro país, han retrocedido en forma perceptible. En diversos ámbitos de la sociedad las expresiones de homofobia ya no son motivo de orgullo y reafirmación colectiva, sino de vergüenza y reprobación. Los crímenes de odio han retrocedido, la discriminación laboral por razones sexuales tiende a disminuir y muchísimos ciudadanos han dejado de ver como "normal" y "lógica" la persecución policial por motivos de orientación o preferencias sexuales, para considerarla como lo que realmente es: una intolerable violación a los derechos humanos.

Con lo anterior no pretende afirmarse que el país haya superado su carga de intolerancia, fobias y discriminación contra los individuos con orientaciones no heterosexuales. En diversos ámbitos, especialmente en los estados, la condición de homosexual, lesbiana, bisexual o transexual sigue significando para quienes la ostentan un infierno social, laboral, familiar y hasta legal, en tanto que en todo el territorio nacional se mantiene una discriminación jurídica que impide a los no heterosexuales legalizar sus relaciones de pareja. De ahí la importancia de insistir, en el caso del Distrito Federal, en la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia, que daría acceso a una mínima seguridad y protección legal a quienes, homosexuales o no, optan en la práctica por conformar núcleos familiares distintos al matrimonio heterosexual.

En la perspectiva de reducir la discriminación y la marginación es necesario, también, establecer mecanismos legales ágiles que permitan a transexuales y travestis adoptar identidades jurídicas acordes con sus nuevas personalidades. La falta de esos mecanismos convierte a las personas que optan por cambiar de género y sexo, total o parcialmente, en indocumentados carentes, para todo efecto práctico, de derechos civiles, políticos y laborales.

Un punto de viraje que debe destacarse de la Marcha del Orgullo Lésbico-Gay de ayer fue la presencia de organizaciones de padres por la diversidad sexual de sus hijos. La creciente incorporación de los núcleos familiares en defensa de los derechos de homosexuales, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales es, sin duda, un logro fundamental del movimiento lésbico-gay, y cabe esperar que esa tendencia se masifique y que padres, madres, hermanos y demás parientes vinculados a casos de diversidad sexual comprendan que ésta no debe ser motivo de rechazo, vergüenza u ocultación, y que las preferencias y opciones sexuales de las personas no son, por sí mismas, indicadores positivos ni negativos de la salud física y mental, de la integridad ética y moral ni de las capacidades intelectuales y afectivas de los individuos.