Miguel Concha

Seguridad nacional y derechos humanos

Se está cumpliendo un año de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Pese a ello, distintas dependencias del mismo gobierno federal han mostrado fuertes resistencias, e incluso se han amparado en 30 ocasiones para obstaculizar el ejercicio de este derecho ciudadano fundamental. Sin hablar del "amparo contra leyes", que el Centro de Estudios de Derecho Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México y la organización civil Ronda Ciudadana, promotores del programa Atalaya, tuvieron que interponer ante el juzgado segundo de distrito y el primer tribunal colegiado del primer circuito en materia administrativa del Distrito Federal, para transparentar no los nombres de los quejosos, como se ha dicho, sino los procedimientos de tramitación de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que está pendiente de resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, lo más preocupante para el cabal cumplimiento de esta ley es la imprecisión con que ha sido definido el concepto de seguridad nacional en la nueva ley que sobre esta materia aprobó el Senado de la República el pasado 15 de abril, y envió posteriormente a la Cámara de Diputados, así como las atribuciones que ella concede a un llamado gabinete de seguridad nacional -en el que, además del Presidente de la República, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y los secretarios de Gobernación, de la Función Pública y de Relaciones Exteriores, intervienen los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad Pública y el procurador general de la República- para clasificar como reservada hasta por 30 años la información que así ellos cataloguen.

Además de sustraer de la competencia del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) esta delicada materia, que en los términos de la Ley de Transparencia el IFAI puede reservar por 12 años, hemos sabido que este órgano autónomo de la administración pública federal venía trabajando con el gabinete de seguridad nacional una definición mucho más precisa sobre este concepto, cuando se establecieron los lineamientos de clasificación para definir lo que es y debe ser considerado de seguridad nacional, y cuáles son los contenidos concretos de la información que al amparo de ello se deben proteger. Pese a que por primera vez se crearía un marco jurídico para regular y revisar las actividades de inteligencia que desarrolla el Cisen, preocupa en efecto, entre otras cosas, que la iniciativa de ley, aprobada por el Senado con 68 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, no precise con mayor claridad qué se entiende por actos de interferencia extranjera, actos de violencia contra personas y bienes, actos de violencia entre distintos grupos de la sociedad y actos tendientes a lograr la separación de una parte del territorio nacional.

Por ello el comité de enlace de organizaciones civiles mexicanas de derechos humanos objetó la iniciativa de reforma al artículo 33 de la Constitución, que el pasado 26 de abril envió el Ejecutivo federal al Senado, pues además de no incorporar la obligación de seguir un juicio previo, en el que se respeten las garantías de audiencia a cualquier extranjero para abandonar el país, sigue facultando al Presidente de la República para extraditarlo, "por representar una amenaza de seguridad nacional -y esto es lo único que se añade- en los casos que determine la ley".

La iniciativa de ley en comento es también criticable porque en su artículo 30 autoriza al gabinete de seguridad nacional a obtener información por "cualquier método", sin delimitar con claridad a qué se refiere este término, y porque son muy pobres los requisitos que establece para los titulares de las instituciones de seguridad nacional. Como expresaron 116 organizaciones y/o redes de la sociedad civil en octubre del año pasado, cuando se desarrollaba aquí en México la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica, no debe olvidarse que la seguridad de los estados y de los ciudadanos está basada en el pleno goce de los derechos humanos, y que los acuerdos internacionales y regionales existentes sobre seguridad identifican claramente el vínculo entre seguridad, democracia y derechos humanos. Es importante, además, tener clara la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública, y distinguir las respuestas específicas para cada una de ellas y, desde luego, no criminalizar la protesta social ni militarizar la policía o los órganos de procuración de justicia.