El acceso al servicio de agua potable se está convirtiendo en un privilegio del que disfruta un sector de la población cada vez más reducido, y un lujo para poblaciones marginadas y para productores agrícolas de zonas donde escasea el recurso y los medios para conseguirlo. No se trata solamente de un problema de escasez, sino también de la ejecución de políticas orientadas a la privatización de los servicios de suministro de agua potable, de riego, tratamiento y alcantarillado, que forman parte de una tendencia de la mundialización para convertir en negocio de particulares lo que debía ser una obligación del Estado: garantizar el acceso universal al recurso.

En el campo mexicano y en zonas urbanas depauperadas se expresan con toda claridad los efectos negativos de estas políticas y el consecuente rechazo que suscitan entre los afectados. Ayer se informó en estas páginas de la situación que enfrentan agricultores del valle del Mezquital, en Hidalgo, particularmente en los municipios de Tula y Alfajayucan, donde los productores se quejan de las presiones que ejerce la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que acepten hacerse cargo de los distritos de riego, según lo que establece la Ley de Aguas Nacionales de 1992, promovida por el salinismo, y está reforzado en las reformas a la misma aprobadas por unanimidad en abril pasado. Los agricultores rechazan la transferencia porque ello significaría hacerse cargo de la operación, administración y mantenimiento de los canales de distribución, sistemas de bombeo y compuertas sin recibir recursos federales, lo cual tarde o temprano los obligaría a vender sus tierras a grandes propietarios. Los campesinos de estos municipios se han resistido a las presiones, pero no ha ocurrido lo mismo con los restantes 50 distritos de riego que existen en el país, pues los agricultores se han visto obligados a ceder. En el Mezquital, a esta privatización de los sistemas de riego se suma el grave problema de la falta de agua y la incapacidad de las instancias correspondientes del gobierno federal para atenderlo.

En cuanto a las zonas urbanas marginadas, el suministro del líquido está en manos de particulares que hacen negocio a costa de la necesidad de la gente pobre que carece del servicio y a la cual el agua potable le cuesta al menos 200 por ciento más cara que a la población que sí tiene agua corriente en su casa. Un caso paradigmático de esta aberración se registra en los municipios de Chimalhuacán, Ixtapaluca, San Vicente Chicoloapan y Los Reyes-La Paz, en el estado de México, donde un grupo poderoso de propietarios y controladores de pipas, conocido como los Reyes del Agua, explotan los pozos que la Conagua les ha otorgado en concesión y establecen arbitrariamente las cuotas que cobran a los habitantes de zonas paupérrimas por darles el servicio. Los organismos municipales correspondientes, que son en rigor quienes debieran llevar las pipas gratuitamente a las comunidades que lo requieren, no tienen la capacidad para hacerlo. Así, la distribución de agua potable como un negocio en manos de particulares convierte en un privilegio lo que debiera ser un derecho de la población.

Por otro lado, con la promoción y ejecución de políticas privatizadoras, el Estado está renunciando a su función de garantizar la redistribución de recursos, lo cual es particularmente preocupante en el caso del agua, un bien que, a pesar de las reformas constitucionales, sigue siendo propiedad de la nación y debiera estar al alcance de todos. No debe olvidarse que varios de los focos rojos latentes en el campo mexicano están vinculados con la disputa por el líquido.